martes, 19 septiembre 2017

Las administraciones públicas españolas se preparan para convertirse en instituciones electrónicas y cuentan con un plazo que, según establece la Ley, finaliza en octubre de 2018. ¿Lo conseguirán? El Gobierno de Navarra lo pone en duda no por los problemas jurídicos de la normativa, sino por cuestiones prácticas derivadas de las aplicaciones informáticas y de la compatibilidad de los sistemas. En el nivel municipal temen que ocurra algo parecido, y apuntan una dificultad añadida: cómo romper hábitos asentados durante décadas entre funcionarios y la ciudadanía.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fue aprobada el 1 de octubre de 2015 y entró en vigor un año después, aunque el plazo para la implantación del registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico concluye en octubre de 2018

Esta normativa regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos y pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación. La norma inaugura una nueva era para la Administración: “La gran revolución está en que la Ley de Procedimiento administrativo y la Ley de Administración Electrónica se refunden en una sola, es decir, el procedimiento administrativo pasa a ser un procedimiento administrativo electrónico”. José Contreras López, director del Servicio de Secretariado y Acción Normativa del Gobierno de Navarra, advierte que “son muchos los interrogantes que plantea la nueva ley porque supone un cambio en el funcionamiento, y también un cambio en la mentalidad. Todo pasa a ser electrónico, el procedimiento, el registro de la administración, las firmas…

Las personas físicas (ciudadanos) podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, siendo la única posible para las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria

El objetivo que persigue la Ley es que la Administración emplee exclusivamente sistemas electrónicos en su tramitación interna, “y con respecto a los ciudadanos se puede llegar hasta donde se puede llegar, no se les puede obligar pero todas las instancias que presenten ante esos registros lo tendrán que hacer mediante procedimientos informáticos. Podrán acceder también voluntariamente desde el ordenador que tengan en su casa a los registros generales electrónicos, y en las oficinas de asistencia lo que se hará es escanear toda su documentación y convertir a formato electrónico todas sus instancias”, explica José Contreras.

RETO TÉCNICO

La duda es si para octubre de 2018 van a funcionar todas las aplicaciones que permitan trabajar con procedimientos electrónicos: “La Ley ha dado un paso adelante muy importante y hay mucho por hacer, no creo que todo esté en funcionamiento en octubre de 2018, no creo, pero había que poner una fecha y todas las administraciones tienen que esforzarse para tratar de conseguirlo”, opina Contreras.

La Administración foral fue la primera que contó con una Ley de Administración Electrónica, lo hizo antes de que fuera aprobada la Ley estatal, “en ese sentido lleva cierta ventaja, pero no está preparada al 100%, como ninguna lo está, porque al final todo depende de las aplicaciones informáticas”

Ni siquiera es ese el principal problema, porque ahora todas las administraciones deben ser interoperables, es decir, interconectables, y cada una se ha dotado de sus propias aplicaciones informáticas, a su medida, y hay que hacer que sean compatibles. “Ese es el gran reto que tenemos por delante”.

En este sentido, el sistema sanitario aporta un ejemplo ilustrativo. En 2009 el Gobierno central aprobó una iniciativa para impulsar la interconexión en la que decía que iba a estar operativa en dos años, pero sólo 5 comunidades, entre las que se encuentra Navarra, tienen interconectados hoy sus sistemas de receta electrónica. Las otras son Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y, desde hace unos días, la Comunidad Valenciana.

La interoperabilidad es el principal problema, porque el 87% de la población española tiene ya disponible el sistema de receta electrónica dentro de su comunidad. Tampoco existe la comunicación entre países de la Unión Europea que se planteó en 2008, algo que no debe extrañarnos si se tiene en cuenta que, a pesar de todo, España está a la cabeza en administración electrónica de Europa.

MUNICIPIOS: MUCHOS Y DISPARES

Ley de Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es una Ley básica, por tanto es aplicable a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas e incluso a los entes municipales, además de al sector público institucional. Las entidades locales navarras cuentan con la ayuda de la empresa pública Asociación Navarra de Informática Municipal (Animsa), creada hace 30 años precisamente para impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información en los consistorios. Su gerente, Txema Aguinaga, y el director del Área Técnica, Eduardo Tuñón, señalan que los ayuntamientos navarros tienen un nivel de implantación de sistemas de administración electrónica dispar, aunque el de Pamplona ha sido previsor, está situado en una posición puntera “y cede gustosamente todas sus aplicaciones a los asociados a Animsa”.

“Hemos dotado de las herramientas informáticas necesarias a más de 50 entidades locales de las 162 que están integradas en Animsa, luego cada una avanza a su ritmo pero en los últimos meses se ha acelerado el proceso”, indican Aguinaga y Tuñón, para quienes la atomización del mapa municipal es un serio problema porque Navarra cuenta con 272 ayuntamientos de muy desiguales características y tamaños: “Ninguno debería quedar al margen, y tampoco deberían producirse diferencias tecnológicas entre ellos”.

Animsa trabaja en tres líneas que consisten en la adaptación de las herramientas de administración electrónica para que puedan ser utilizadas por todas las entidades locales; la configuración de la infraestructura de sistemas y comunicaciones que posibilite el uso eficaz de las nuevas tecnologías, y el diseño de un Plan de Despliegue con una hoja de ruta para cada ayuntamiento

El Plan de Despliegue, cuya elaboración ha corrido a cargo de un grupo de trabajo en el que han colaborado 12 ayuntamientos de muy diversas tipologías, plantea que todos los ayuntamientos dispongan a lo largo de este año y de 2018 de soluciones como el expediente electrónico, registro telemático, factura electrónica, firma y notificación digital, sede electrónica, o portal de transparencia, entre otras, además de resolver la cuestión fundamental de la interoperabilidad y otros apartados, entre los que Eduardo Tuñón cita la contratación electrónica, el archivo documental y la gestión electrónica de los órganos colegiados. Txema Aguinaga precisa que “lo que da Asociación Navarra de Informática Municipal y genera valor es que todo eso está integrado con todas las aplicaciones de gestión. Es decir, tienes un registro electrónico, pero está relacionado con contabilidad, o con la gestión del padrón, o con la de los diferentes registros… Todo está integrado”.

El responsable del Área Técnica de Animsa se pregunta si será capaz de adaptarse a los sistemas de la administración electrónica “un funcionario que esté a punto de jubilarse y que lleva 30 años haciendo expedientes en papel”, y responde que “lo normal es que se resista al cambio, porque tendría que aprender y empezar otra vez”

Tuñón añade otro problema: digitalizar la administración cuesta dineroy los ayuntamientos no cuentan con una línea de financiación que les llegue directamente desde la Administración General del Estado. La Ley obliga por igual a todos, desde un ministerio hasta un pueblo de 200 habitantes, y todos necesitan unas infraestructuras tecnológicas muy superiores a las que tiene ahora. El ministerio recurre al presupuesto del Estado y las adquiere, pero la Administración local es la hermana pobre y tiene todo tipo de dificultades para disponer de ellas”.

JUSTICIA: RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO

La Administración de Justicia es la que está dando los pasos más firmes hacia la gestión electrónica, con plazos muy perentorios porque también era la que estaba en una posición más retrasada. Asimismo en este caso Navarra se encuentra en cabeza y, de hecho, ha ofrecido al Ministerio de Justicia su experiencia con el sistema de gestión procesal Avantius para colaborar con el Gobierno central en la implantación del expediente judicial electrónico, un sistema más ágil que permite añadir nueva información digital al expediente, como por ejemplo las grabaciones de las salas de vistas o la información digital remitida por los profesionales.

El Gobierno de Navarra desarrolló e implantó el sistema de gestión procesal Avantius, una herramienta informática que permite trabajar de forma integral con los expedientes judiciales, a la vez que se incorporan los atestados policiales en formato electrónico, los escritos de inicio, las contestaciones, la firma electrónica, la grabación de vistas, etc.

Por otra parte, el 27 de diciembre la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, Mª José Beaumont, dictó la orden foral por la que se creaba la Sede Judicial Electrónica correspondiente al ámbito territorial de Navarra con la finalidad de regular jurídicamente los portales de acceso y registros electrónicos del ámbito de la Administración de Justicia en Navarra, de forma que a través de la Sede Judicial Electrónica se puedan realizar “todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de Justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con ésta por medios electrónicos”. Su ámbito de aplicación se extiende a las oficinas judiciales, oficinas fiscales y otros servicios de la Administración de Justicia, y también “a la ciudadanía y a los profesionales en sus relaciones con aquéllos por medios electrónicos”.

Una información de nuestro enviado especial en Bruselas, Miguel Bidegain, para Navarra Capital

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