domingo, 17 diciembre 2017

El abono de los peajes en la sombra condiciona las inversiones en la deteriorada red viaria

El 47% del presupuesto para 2018 de Obras Públicas y Transportes se destinará a los compromisos de pago derivados de la construcción de las autovías del Pirineo y del Camino

Redacción
Pamplona - 20 noviembre, 2017

Un tramo de la Autovía del Pirineo (A-21).

Un tramo de la Autovía del Pirineo (A-21).

El 47% de todo el presupuesto para 2018 de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Navarra se destinará al pago de los compromisos de pago de las infraestructuras cuya construcción se financió mediante el llamado peaje en la sombra, según se puso de manifiesto durante la presentación de la previsión de gastos para el próximo año del departamento de Desarrollo Económico que dirige el vicepresidente Manu Ayerdi.

La Dirección General cuenta con un presupuesto para 2018 que asciende a 136.438.218 euros, un 3,8% más que el de 2017.

El peaje en la sombra de la Autovía del Camino A-12 requerirá 48.750.000 euros (46.700.000 en 2017) y el de la Autovía del Pirineo-A-21 18.500.000 euros (17.000.000 en 2017).

Estos abonos deben hacerse en un contexto de deterioro de las carreteras y, según indicó el vicepresidente Ayerdi, condicionan todas las demás inversiones en la red viaria.

Aún deben pagarse 972 M€ a la concesionaria de la Autovía del Camino; y 964, a la del Pirineo.

El sistema de financiación del peaje en sombra consiste en que la empresa constructora asume el coste inicial de la obra, y firma un contrato con la Administración por el que ésta va abonando anualmente una cantidad en función del uso de la infraestructura.

La Autovía del Camino, fue construida por una UTE integrada por FCC y constructoras navarras que finalizaron las obras en 2006. Navarra accedió a pagar una cantidad por cada kilómetro recorrido por los vehículos que circulan por la A-21, y si en 2007 la partida que figuraba en los Presupuestos Generales era de 27 millones de euros, en los actualmente vigentes ya llegaba a los 46,7, cifra que ascenderá a 48,7 en 2018, a pesar de que a finales de 2016 ya se habían pagado los 390 millones que costó la obra.

En cualquier caso, la Administración foral tendrá que seguir pagando hasta 2032, cuando vence el contrato. Según los cálculos de Hacienda, Navarra ya ha pagado 431 millones y todavía tiene pendiente el pago de otros 972. Es el mismo caso que el de la Autovía del Pirineo, que sin embargo ha tenido “menos afluencia de la que se esperaba”, según dijo Aranburu.

Fue construida entre 2005 y 2012 con una inversión de más de 370 millones de euros, y su concesionaria la integran Construcciones Mariezcurrena S.L., Construcciones Luciano Elcarte S.L. e Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., concesionaria de la constructora Grupo ACS. Hasta la fecha, los pagos en forma de canon han sido de 91,7 millones, pero todavía habrá que abonar 964 millones hasta 2039.

OBRAS E INVERSIONES

Como actuación significativa destaca la variante oeste de Tafalla, con un compromiso de inicio de las obras en 2018 lo que, unido a las expropiaciones, requerirá 650.000 euros más las expropiaciones.

Además, 5.700.000 irán a la adecuación de los túneles de la carretera de Pamplona a Behobia (N-121-A) a la Directiva Europea (2016-2019). En lo que se refiere a la N-121-A, destaca la creación de dos nuevas partidas para el Sistema de gestión del trá­fico en los túneles de Belate y Almandoz (300.000€) y la renovación de instalaciones (500.000€) y que la partida de Estudios y proyectos pasa de 490.000 a 950.000€.

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Por otro lado, 2.270.000 euros se destinarán a la reparación de estructura y se recupera la partida de Taludes rocosos dotada con 300.000€. Finalmente, 300.000 euros financiarán la licitación de un ambicioso estudio sobre las posibles alternativas de generación de ingresos para atender las necesidades de la red de carreteras. La aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona será de 10.375.000 euros (8.600.000 en 2017), en previsión de un aumento del déficit previsto por la citada entidad y que la ley obliga al Gobierno a atender en un 65%.

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