martes, 16 abril 2024

El menor dinamismo del sector industrial merma el crecimiento de la economía.

El Gobierno de Navarra prevé destinar durante este año 5.946.222 euros para favorecer la contratación de unas 1.250 personas en situación o riesgo de exclusión social, en su mayor parte perceptores de la renta de inclusión, por parte de entidades locales, sociales y mercantiles.

Estas ayudas se articularán a través de tres convocatorias de subvenciones. En concreto, son las de Empleo Social Protegido, dotada con 2,19 millones de euros; Empleo Directo Activo, con un presupuesto inicial de 1,5 millones que podrán ser ampliados hasta los 3 en función de las solicitudes que se reciban; y una tercera destinada a mejorar la capacitación de desempleados, con 746.433 euros. Las dos primeras se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Navarra y la última está en trámite de resolución una vez que ha concluido el plazo de solicitud.

La diferencia entre los dos primeros programas estriba, principalmente, en que las personas contratadas a través del Empleo Social Protegido necesitan un acompañamiento social expreso y profesional al presentar una situación de exclusión más aguda. Asimismo, a esta convocatoria solo pueden optar entidades locales, mientras que en la de Empleo Directo Activo también pueden participar empresas, autónomos y entidades sociales sin ánimo de lucro, además de las entidades locales.

Por su parte, la última convocatoria va dirigida a facilitar la inclusión laboral de personas con un perfil similar a las del Empleo Social Protegido, pero los beneficiarios de las ayudas no son entidades locales sino organizaciones sociales.

EMPLEO DIRECTO ACTIVO

La convocatoria de Empleo Directo Activo estará financiada con hasta 3 millones de euros, dirigidos a subvencionar a las entidades locales, empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que contraten perceptores de la RIS o que hayan agotado el periodo máximo de esta ayuda.

Los contratos, que deben implicar un aumento real de la plantilla, tendrán una duración de seis meses en el caso de las entidades locales o sin ánimo de lucro y de tres meses para empresas y autónomos, con posibles prórrogas mensuales en este último caso hasta los seis meses como máximo. Se estima que unas 700 personas serán contratadas a través de este programa.

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