viernes, 28 julio 2017

Pedro Baños

En España hay más de 130 empresas de defensa, y tres de ellas (Airbus Military, Navantia e Indra) se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del sector de defensa y seguridad. Entre esas sociedades se encuentran algunas de las principales compañías españolas de los sectores aeronáutico, tecnológico o industrial, que dedican parte de su actividad a la fabricación de armamento, piezas o componentes militares.

Es el caso de la navarra MTorres, especializada en la producción de herramientas que son utilizadas para montar estructuras de aeronaves. Sus máquinas dan forma a buena parte de los fuselajes de los principales aviones civiles y comerciales del mundo, y también de aviones militares: desarrolló toda la cadena necesaria para montar el ala del avión de combate europeo Eurofitgher (EFA), y también ha fabricado máquinas para el montaje del caza norteamericano JSF y del Airbus A400M, el primer avión de transporte militar de EADS.

El de la defensa es un sector al alza y al que le ha sentado muy bien la crisis, porque las exportaciones de sus productos pasaron de 932,9 millones de euros en 2007 a 3.907,9 en 2013, si bien es cierto que al año siguiente descendieron (3.213,2 millones), y en 2015 remontaron hasta los 3.720 millones

Pedro BañosTodavía no se conocen los datos de todo el año pasado pero los correspondientes al primer semestre de 2016 vaticinan cifras récord, porque sumaron 1.837,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Gracias a estas cifras España se ha situado en el séptimo puesto del ranking mundial de exportadores de armas, aunque con una cuota aproximada del 3% sobre el volumen global.

La mitad de las compras las realizan países de la Unión Europea y aliados de la OTAN, y el resto se lo reparten una cincuentena de países entre los que destaca Arabia Saudí, el mejor cliente fuera de Europa de las industrias españolas de defensa.

El país fue visitado recientemente por el Rey Felipe VI y resulta significativo que viajara acompañado de representantes de varias empresas armamentísticas, como la estatal Navantia, que negocia la venta de cinco corbetas por valor de 2.000 millones de euros y que de materializarse sería uno de los mayores contratos logrados por la industria militar española.

También formaban parte del séquito Indra, asimismo estatal, que fabrica la electrónica de casi todos los aparatos militares producidos en España; Sener, fabricante de sistemas y componentes para misiles, y Arpa, que produce equipos móviles de campaña para ejércitos: tiendas, hospitales, cocinas…

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

Estamos hablando de transacciones legales, autorizadas y supervisadas por el Ministerio de Defensa, porque el muy lucrativo negocio del tráfico ilegal está en manos de mafias y grupos de delincuentes que eluden cualquier vigilancia.

Existe una normativa, la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, la ley que regula el comercio de armas, que estipula en línea con lo que dice la Unión Europea una serie de normas para vender o no hacerlo.

Dicha ley prohíbe la venta “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa (…) o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes” o “tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos.”

Si se aplicara estrictamente ese artículo no se podrían vender armas a Arabia Saudí, país que está en conflicto con Yemen, que además mantiene una tensa rivalidad con Irán por la hegemonía en Oriente Medio y es sabido que está implicado en la ayuda a los rebeldes en Siria

Pedro Baños“Las ventas son legales, pero hecha la ley hecha la trampa. Hay un artículo de la Ley española de comercio de armas que dice explícitamente que primarán por encima de los ocho criterios que establece la legislación europea, teóricamente inviolables, los intereses comerciales o las relaciones exteriores del Gobierno español, y esas relaciones propician que se vendan a Arabia Saudita”, aseguró Pere Ortega, investigador y presidente del Centro de Estudios por la Paz José Manuel Delàs, en un reciente debate emitido por la Cadena SER.

Pero es que, además de los condicionantes políticos, hay mucho dinero en juego. Arabia Saudí fue, en 2015, el país del mundo que más gastó en armamento, y si consideramos el conjunto de los últimos cinco está en segundo lugar. Sus principales proveedores están en occidente, con EE.UU. a la cabeza, pero España le ha hecho, tradicionalmente, importantes ventas de armas, que en 2015 ascendieron a 545 millones de euros.

En 2015, el 25% de las armas y material de guerra que exportó España fue a una región tan inestable como Oriente Medio, por importe de 911 millones de euros sin incluir a Turquía, a la que vendimos armamento valorado en unos 400 millones de euros. Muchos de estos países están involucrados en conflictos, sobre todo en el de Siria

¿Cómo es posible que cualquier país productor venda su armamento a Arabia Saudí o cualquier otra nación en guerra? Pues quizás la explicación está en el hecho de que la mayor parte de ese comercio (70%) procede de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, los cinco miembros permanentes del organismo que teóricamente debe velar por el respeto a la legalidad internacional en la materia, el Consejo de Seguridad de la ONU. Y no hay que olvidar que Arabia Saudí dispone de enormes reservas de petróleo con las que domina el mercado mundial de la energía.

EJÉRCITOS DE ALQUILER

Junto con a las dedicadas a la fabricación de material de defensa, hay otras empresas que se denominan compañías militares y de seguridad privadas (CMSP), un eufemismo para evitar el término mercenario, profesión prohibida en la legislación internacional

El coronel Pedro Baños, experto en geopolítica y ex jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo, en Estrasburgo, impartió un curso en la Universidad de Navarra que incluyó una ponencia titulada ‘Las empresas militares y su impacto en la geopolítica’, en la que indicó que las CMSP han proliferado en las últimas décadas por diferentes causas: reducción de los contingentes regulares tras la guerra fría, multiplicación de los conflictos de baja intensidad y asimétricos, negativa de países a combatir con sus ejércitos en guerras por conveniencias políticas…

Según Pedro Baños, es un sector que factura anualmente más de 100.000 millones de dólares y da empleo de forma directa a 1,5 millones de personas. La primera CMSP fue Watch Guard International (Gran Bretaña), fundada en 1965, pero la mayor es G4S, también británica, es la tercera empresa mundial por número de empleados (650.000) y factura 15.000 millones de dólares al año.

Pedro BañosTrabaja en todo el mundo, para todo tipo de clientes y ofrece todo tipo de servicios de seguridad incluyendo los estratégicos. Le siguen, a gran distancia Allied Barton (EE.UU), con 55.000 empleados y 1.900 millones de dólares de facturación, Booz Allen Hamilton (EE.UU), CACI International (EE.UU), International Intelligence Limited (Gran Bretaña)…

Existen compañías militares privadas de combate, como Dyn Corp (EE.UU), con ingresos anuales de 3.000 millones provenientes de contratos que, en el 96%, proceden de EE.UU y que cuenta con aviones de guerra propios; Control Risks (G.B.), KBR (EE.UU), KG Sierra (EE.UU). Triple Canopy y Academy (la antigua y polémica Blackwater), se han fusionado y han creado el grupo Constellys, cuya sede está muy próxima al edificio del Pentágono.

Pedro Baños explicó que estas empresas son contratadas por los gobiernos porque son más baratas que un ejército y pueden despreocuparse por las bajas, son profesionales eficaces y especializados, ofrecen gran rapidez, eluden las limitaciones y responsabilidades que deben observar las fuerzas armadas nacionales…

Entre sus inconvenientes citó la falta de respeto a la legalidad internacional, y al no ser ejércitos regulares no pueden ser acusadas de crímenes de guerra lo que elimina cualquier concesión a la ética. También les acusó de contribuir a la intensificación de la violencia allí donde actúan.

Las CMSP incumplen, entre otras, la legislación laboral, algo que se ve facilitado porque su regulación legal es casi inexistente. Se nutren de personas procedentes de ejércitos regulares, servicios de inteligencia “y, cada vez más, de las maras y pandillas sudamericanas, es decir, asesinos con desprecio absoluto de la vida, y grupos guerrilleros desmovilizados como las FARC”.

Precisamente, la contratación de sudamericanos ha supuesto un gran ahorro en sueldos, porque frente a los 10.000 dólares que pueden ganar los combatientes de élite a ellos les pagan no mucho más de 2.000, “que en su caso es una fortuna”. Son propiedad de grandes grupos de inversión tras los que están multinacionales, grandes fortunas y políticos y cuentan con medios de los que ni siquiera dispone el ejército de EE.UU.

De su utilización da una idea el hecho de que en Irak, en 2007, había más efectivos de empresas privadas que soldados regulares, y en Afganistán ocurrió lo mismo.

Una información de Miguel Bidegain para Navarra CapitalFotografías de Miguel Ciriza©

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