domingo, 19 noviembre 2017

Archivo. Imagen de la VI Conferencia de presidentes autonómicos que se celebró el pasado 17 de enero en Madrid

Archivo. Imagen de la VI Conferencia de presidentes autonómicos que se celebró el pasado 17 de enero en Madrid

Tras la puesta en marcha del proceso para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, una de las pocas cosas claras que hay es que habrá un único equipo negociador en representación de los 27 Estados miembros. Pero esa única voz no significa que los distintos países no vayan a tener nada que decir al respecto. Muy al contrario. En España, las comunidades autónomas se han puesto manos a la obra. Quieren que se les oiga. Y, para evitar que sus demandas apenas se hagan notar en el barullo de la negociación, han decidido ponerse de acuerdo y lanzar un documento conjunto que recoge la realidad de un país diverso y las peticiones de las distintas autonomías.

Trece son las propuestas que han consensuado todas las comunidades autónomas salvo Cataluña y que el pasado mes hicieron llegar al Comité Europeo de las Regiones a través de la delegación española. Además de insistir en la necesidad de que se mantenga una postura unitaria y de que el Comité de las Regiones reciba información puntual de la evolución de las negociaciones, las autonomías proponen que se cree un nuevo marco de financiación plurianual y se garanticen las políticas de cohesión. No es para menos. Reino Unido aporta una cantidad considerable de dinero, unos 10.000 millones de euros anuales, para el mantenimiento de las distintas políticas comunitarias como la agraria, la I+D, las infraestructuras y la pesca, entre otros. Políticas de las que Navarra, como el resto de autonomías, se beneficia a través de la PAC y los fondos de cohesión, sin ir más lejos. Es por ello que las comunidades autónomas reclaman que se preste “especial atención” a las regiones europeas que pudieran verse afectadas al reducirse los fondos europeos para este fin.

Políticas de cohesión, un tercio del presupuesto europeo
Las políticas de cohesión son de vital importancia para eliminar los desequilibrios económicos entre las regiones incluso de un mismo país. El fondo, que obtiene financiación de los estados miembros, concede ayudas y financiación para la puesta en marcha de iniciativas y proyectos que aporten riqueza a determinadas áreas. La política de cohesión supone aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, unos 351.800 millones de euros, de los que España recibe un total de 37.400 millones de euros.
Navarra tiene asignados para el periodo 2014-2020 un total de 94,7 millones de euros para contribuir a impulsar la actividad económica y el empleo. A esta cantidad, el Gobierno de Navarra sumará 79 millones de euros adicionales, por lo que el total de inversión pública que se aproximará a los 175 millones de euros.

Navarra tiene asignados para el periodo 2014-2020 un total de 94,7 millones de euros de los fondos de cohesión de la UE

Educación, salud y acuerdos comerciales
Entre el resto de demandas las hay también de índole educativo y social, como que se garantice la equivalencia y el reconocimiento de títulos académicos y profesionales; y que la asistencia sanitaria se mantenga tanto para los británicos residentes en España como para los españoles residentes en Reino Unido. Y, sobre todo ellos, que se garanticen los derechos de los ciudadanos allí y aquí, “en condiciones de reciprocidad, equidad, simetría y no discriminación”, inciden las comunidades autónomas.

Aunque no es el caso de Navarra, buena parte de España cuenta con un sector pesquero con regulación supranacional y el acuerdo no podía dejar al margen este tema, como tampoco lo ha hecho en el caso de Gibraltar, para el que piden que los trabajadores de esa comarca no se vean perjudicados por la salida de Reino Unido de la UE. También se hace mención a los posibles obstáculos arancelarios y burocráticos a la exportación e importación.

Por todo ello, las comunidades inciden en la necesidad de establecer “medidas específicas” que ayuden a “paliar las consecuencias negativas” del Brexit en regiones “con fuertes relaciones de dependencia económica” con Reino Unido. Y ahí cabrían tanto zonas costeras con un gran peso del turismo británico, como regiones donde la exportación está especialmente dirigida al país anglosajón.

Sectores más sensibles al Brexit
Todas estas propuestas son la conclusión de un informe de nueve páginas que, bajo el título de Posición común de las comunidades autónomas ante la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, fue entregado el pasado 12 de julio al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Markku Markkula. Pero el documento va más allá de una simple enumeración de peticiones. Recoge todo un análisis de los sectores que previsiblemente se verán afectados por la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Las CCAA defienden una zona de unión aduanera que evite el establecimiento de aranceles

Y no son pocos, precisamente. El turismo es, sin duda, uno de los más sensibles. No es para menos, ya que 17 millones de británicos visitaron España el año pasado. Reino Unido es el primer país en procedencia. A una posible menor llegar de turistas se suma, además, la devaluación de la libra, con lo que su poder adquisitivo también será menor. Todo ello afectará al sector servicios. Pero, además, este último tiene una doble afección: la de aquellos españoles que residen y trabajan en Reino Unido y que podrían ver mermados sus derechos; y la de empresas “que desarrollan en ese país su actividad”. Desde servicios digitales a financieros, entre otros.

Las exportaciones son otro caballo de batalla. Con una fuerte dependencia del mercado británico, productos como los agrícolas, incluido el vino, e industriales miran con recelo las posibles trabas al libre comercio. “Resultaría de interés una zona de unión aduanera que evite el establecimiento de aranceles”, esgrimen las comunidades.

El sector agrario también mira con recelo el Brexit, por el impacto que éste puede tener en un recorte de las ayudas a la PAC, por la posibilidad de nuevos aranceles a la exportación y, más aún, porque Reino Unido pueda no seguir la senda de la normativa europea en materia sanitaria, fitosanitaria y medioambiental, exigiendo nuevas condiciones a los productos europeos y españoles. “Ello podría dar lugar a nuevos controles a las exportaciones que obstaculicen los envíos a ese país”, insisten.

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