lunes, 16 octubre 2017

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Una información de Cristina Altuna para Navarra Capital

El pasado 13 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Auditoría que entrará en vigor en junio de 2016, tal y como estableció Bruselas. El proyecto de ley servirá para adaptar la normativa española al nuevo marco europeo, pero también busca mejorar la transparencia en las cuentas financieras de las empresas y garantizar la confianza de los ciudadanos. El sector comparte los objetivos, pero se muestra muy crítico con la propuesta del Ejecutivo central.

Para Belén Hevia, socia fundadora de Hevia Chávarri Auditores Asesores, “no tiene ningún sentido” aprobar ahora una norma que tiene que entrar en vigor dentro de año y medio. Lamenta que la propuesta “se ha hecho deprisa y sin haberse consultado suficientemente a la profesión”.

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Belen Hevia

TRANSPARENCIA

El sector se siente arrastrado por un proceso que se “ha podido acelerar” por la presión de los escándalos financieros, los casos de corrupción y el año electoral, que fuerzan a la clase política y al Gobierno a dar una respuesta a favor de la transparencia. Hevia asegura que “la transparencia está fenomenal, pero habría que empezar por casa, por el sector público, porque las entidades locales y ayuntamientos que se auditan en España no llegan al 6%”.

De esta forma, se pide a las empresas que auditen sus cuentas y sean transparentes y las entidades públicas, que gestionan “el dinero de todos, no se controlan e, incluso, muchos ayuntamientos no rinden cuentas a nadie, eso es una incongruencia”.

Un escenario en el que Navarra marca la diferencia, ya que la Cámara de Comptos audita el 70-75% del Presupuesto del sector local de la Comunidad Foral. Su responsable de comunicación, Fermín Arbizu, afirma que ese carácter recurrente en el control “favorece la gestión” correcta de las cuentas en los consistorios navarros.

Para Arbizu “en España los controles no han funcionado porque el Tribunal de Cuentas está muy politizado y no tiene credibilidad, no han mirado ni las cuentas de los ayuntamientos, ni las obras públicas, ni las subvenciones”. Aspectos que sí controla en Navarra la Cámara de Comptos, un organismo que depende del Parlamento, aunque su funcionamiento es autónomo.

POSIBLES CAMBIOS

El proyecto de Ley de Auditoría se encuentra, actualmente, en tramitación parlamentaria. El texto no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad por parte de los grupos, pero sí enmiendas parciales. El Ejecutivo ya ha adelantado su disposición al diálogo y permitirá modificar determinados preceptos de la nueva normativa, como la definición de Entidades de Interés Público (EIP) y las incompatibilidades.

Sobre la primera cuestión, Belén Hevia explica que las EIP son empresas “especialmente sensibles para la opinión pública –entidades financieras, aseguradoras etc. lo que les obliga a tener un régimen más restrictivo que el de una empresa normal”Con la normativa actual se considera como tales a compañías con más de 200 millones de euros de facturación y más de 1.000 empleados.

Una definición que otorga a España más de 9.000 EIP, casi el 40% del total europeo y 6 veces más que Alemania, un país con una economía notablemente mayor. Una situación “absurda” que deja a las auditoras españolas en “inferioridad” con respecto a las europeas y que provoca que empresas que en realidad no son especialmente sensibles (por ejemplo un concesionario de coches de alta gama) sean consideradas empresas de interés público.

Según la negociación en curso, estos límites podrían ampliarse a 2.500 trabajadores y más de 1.000 millones de euros de cifra de negocios, aunque el sector plantea elevarlo hasta los 2.000 millones.

INDEPENDENCIA

Sobre el régimen de incompatibilidades, el sector critica que el círculo de independencia del auditor se extiende tanto que “tienes que enterarte si todos tus familiares de primer y segundo grado, directos o indirectos, tienen algún interés en la empresa que vayas a auditar”. Un escenario “muy difícil de llevar a la práctica y que puede generar un riesgo de inseguridad jurídica”.

El Ejecutivo estaría dispuesto a redefinir las incompatibilidades familiares entre auditores y firmas auditadas, aunque no prevé introducir cambios en la rotación de las firmas ni en los servicios incompatibles con la revisión de cuentas. El sector confía en poder seguir negociando para diseñar “un texto que se pueda cumplir, que sea claro y posible en su aplicación práctica”, concluye Belén Hevia.

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