jueves, 25 mayo 2017

Imagen del edificio de Hacienda Foral en Pamplona (archivo)

Imagen del edificio de Hacienda Foral en Pamplona (archivo)

Desde que en septiembre de 2014 comenzaran a hacerse públicos los datos del periodo medio de pago (PMP) del conjunto de administraciones públicas ((Estado, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales), Navarra se ha situado a la cabeza en lo que se refiere al pronto pago, mejorando, además, sus propios datos, que han registrado las siguientes medias: 23,4 días en septiembre, 25,33 en octubre, 24,61 en noviembre y 20,05 días en diciembre. Este índice refleja una media ponderada entre el tiempo de abono de las facturas realmente pagadas, una media de 28,78 días en la Comunidad Foral en diciembre, y la “antigüedad” de las facturas que todavía siguen pendientes de pago (13,63 días).

DATOS DE DICIEMBRE

Según el informe del ministerio correspondiente a diciembre, Navarra y País Vasco (media de 24,96 días) son las dos únicas Comunidades que pagaron en el plazo de 30 días establecido por la ley, y muy por debajo de la media española situada en 50,83 días, y ello a pesar de que esta cifra ha disminuido 7,32 días (un 12,59%) respecto a noviembre. Detrás de ambas, las CCAA más puntuales en el abono a sus proveedores son Canarias (44,61 días), Asturias (45,61 días) y Galicia (51,19 días). En el extremo contrario, figuran Aragón con demoras de 114,11 días, Valencia con 112,29 días y Extremadura 110,96 días.

Según el informe del Ministerio, nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Extremadura, Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) superan el plazo máximo de demora de la normativa en materia de morosidad, establecido en 30 días contados a partir de cumplirse el plazo (otros 30 días) previsto en la ley de contratos (es decir, 60 días desde la presentación de la factura).

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las administraciones incumplidoras deberán informar de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores y adoptar las medidas necesarias de gasto, ingreso o gestión de cobros y pagos para reducir su PMP. En caso de continuar incumpliendo, el Estado se hará cargo de las facturas reteniéndose del sistema de financiación a la administración territorial afectada.

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