El Parlamento de Navarra convalidó este jueves el quinto Decreto-Ley foral elaborado para paliar los efectos del Covid-19, cuyo contenido fue aprobado por el Gobierno de María Chivite el pasado 20 de mayo y presentado públicamente por el vicepresidente primero, Javier Remírez. El PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E votaron a favor, mientras que Navarra Suma se abstuvo.
Fue la primera ocasión, desde que comenzó la crisis, en que la coalición no apoyó un decreto de esta naturaleza. El motivo de esta decisión, según indicó su portavoz, Javier Esparza, fue el rechazo del resto de formaciones a las seis enmiendas propuestas por Navarra Suma y porque dos de las medidas recogidas «ya fueron presentadas anteriormente» por la coalición en la Cámara, pero «ustedes dijeron que no».
Navarra Suma justificó la decisión por el rechazo del resto de formaciones a sus seis enmiendas y porque dos de las medidas «ya fueron presentadas anteriormente» por la coalición, pero «ustedes dijeron que no».
En concreto, el Decreto-Ley foral establece que las ayudas para el pago del alquiler a autónomos afectados por el coronavirus y trabajadores en ERTE se ampliarán hasta el próximo 31 de diciembre. Así mismo, en el caso de las personas desempleadas, esa extensión será por un período de doce meses.
Estas ayudas son complementarias a las ya tomadas hasta el momento por el Ejecutivo foral en materia de vivienda. Entre estas últimas figuran el incremento de las subvenciones hasta el 75 % de la renta con carácter general para todas las unidades familiares inquilinas de alquiler protegido y la renovación automática de los contratos que venzan durante el período del estado de alarma. En un debate que se tornó bastante agrio fruto de la abstención de Navarra Suma, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, señaló que el resultado combinado de todas ellas ha beneficiado «a más de 2.000 familias”.
AYUDAS EN EL ÁMBITO CULTURAL
El Gobierno de Navarra, además, acordó introducir un mecanismo de compensación para los profesionales del ámbito de la cultura. Dicho colectivo podrá percibir anticipos e indemnizaciones, en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el sector público, cuyo importe no exceda de 50.000 euros.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por otra parte y respecto al campo de la contratación pública, se introduce la derogación temporal de las sanciones aplicables a los licitadores que retiran injustificadamente su oferta o a los adjudicatarios que no lleguen a formalizar los contratos. El objetivo es evitar las dificultades surgidas en aquellos supuestos en los que el mantenimiento de la oferta o la ejecución de los contratos se ha vuelto imposible, fruto del vuelco experimentado por los mercados y la mayor parte de los sectores productivos. En cualquier caso, es una opción de tipo facultativo, que depende de la voluntad de las personas licitadoras.
Entra aquí para leer más sobre el coronavirus en Navarra.
