La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz, María Jesús Boedo, aprecia indicios de delitos societarios y de alzamiento de bienes en la quiebra de Construcciones Flores.
En el auto, que puede ser recurrido, la juez considera que la presidenta, Conchita Flores, junto con José Miguel Artiles, administrador de European Credit, perteneciente al grupo Bandemia, idearon “una estrategia que permite a la primera poner el patrimonio de la constructora a salvo de los acreedores y al segundo enriquecerse a costa de dicho patrimonio en detrimento de estos”.
La magistrada también ve indicios de delito en la actuación de otros seis investigados: Alfonso Arroyo,Antonio Larrea, Juan Miguel Rojas, Jerónimo Camacho, Abelardo Guil y José Luis Sánchez
Asimismo, indica que «se desconocen los supuestos créditos que permitieron a European Credit hacerse con la mayoría de las acciones de la constructora ya que dicha operación ni la ampliación de capital realizada al respecto se inscribieron en el Registro Mercantil«.
En su escrito, la juez detalla, además, cómo entre los años 2008 y 2009 salieron de las cuentas de Construcciones Flores «cantidades por importe superior a los siete millones de euros que los que casi dos millones se aplicaron a fines particulares del Sr. Artiles» o que la entonces presidenta «vendió a Bandemia por importe de 1,6 millones de euros su finca privada en Monte Malkaiz en septiembre de 2009 recuperándola posteriormente«.
La juez, que da por concluida una investigación, emplaza al fiscal y a las acusaciones personadas a que en diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
