La Cámara de Comptos estima en 32,5 millones el ahorro conseguido tras la reorganización del sector público empresarial. Estos datos se muestran en un informe sobre el periodo 2010-2016 que han presentado al Parlamento.
Dicha reestructuración surgió a instancias de un acuerdo impulsado desde el Estado, que instó a las comunidades a elaborar planes que garantizaran la sostenibilidad de las finanzas públicas. El trabajo se ha hecho en coordinación con el Tribunal de Cuentas y las instituciones autonómicas de control.
INFORME
En el periodo analizado por el órgano fiscalizador, la Administración Foral tuvo una media de 24.184 empleados, incluyendo las sociedades y fundaciones públicas. No obstante, entre ambas tienen una incidencia muy reducida en el conjunto del sector público de Navarra, con poco más de 1.000 empleados.
La reordenación del sector público se concretó en la extinción de un ente público, el Consejo Audiovisual de Navarra, y tres organismos autónomos: la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, el Instituto de Administración Pública y la Agencia Navarra para las Emergencias. Las competencias de estos pasaron a manos de sus respectivos departamentos.
En el sector empresarial se extinguieron 22 de las 39 sociedades existentes; mientras que en el fundacional, 3 de 7.
En cuanto al sector público empresarial, la reordenación se inició con la creación en 2009 de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CEPEN).
A partir de ahí, de las 39 sociedades existentes aquel año se extinguieron 22, principalmente a través de la fusión entre empresas. Como consecuencia del proceso, disminuyeron en 224 los empleados del sector público empresarial.
En cuanto al sector público fundacional, de las siete fundaciones existentes en 2009 se suprimieron tres: Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y Cinematografía, Formación en Energías Renovables y Navarra para la Excelencia. Las funciones del primero las asumió el Departamento de Cultura, mientras que las de las otras dos pasaron al ámbito privado.
El informe concluye recomendando que este tipo de procesos tengan una planificación conjunta e integrada, con planes sectoriales individuales, y que las reorganizaciones en los ámbitos administrativo-fundacionales incluyan objetivos concretos y cuantificables.
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