La Confederación Empresarial Navarra (CEN), la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra y la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN) mostraron este lunes su preocupación ante el texto de la futura Ley Foral de Industria y Fomento Empresarial, que afronta su última fase parlamentaria.
Las tres organizaciones defendieron que Navarra necesita «una política industrial ambiciosa» y agregaron que el texto actual «no supone el avance cualitativo que debería representar una nueva Ley foral de Industria y fomento empresarial».
Según informó la CEN, esta posición compartida es el resultado de un proceso de participación iniciado en 2023, que culminó con la aportación de 840 propuestas para la ley. El tejido empresarial decidió unirse y enfocar dichas propuestas en las cuatro grandes temáticas que las empresas reclaman. De esta manera, en 2024 se presentó un manifiesto firmado por CEN, AIN, Cámara Navarra, ADEFAN, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), Institución Futuro y el Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra (iCONS) con las grandes prioridades que centraban las demandas de las empresas: infraestructuras, fiscalidad, relación de la empresa con la administración y personas y arraigo. En este sentido, pedían «una norma ambiciosa, con compromisos, plazos y medidas capaces de responder a las necesidades reales de la industria navarra».
En noviembre de 2024, el primer borrador de ley recibió 295 alegaciones y, en marzo de 2025, el segundo borrador de ley recibió 126 adicionales. Tras casi tres años de trabajo, las tres entidades reconocieron «algunas mejoras introducidas durante la tramitación», pero consideraron que «buena parte de las propuestas planteadas por el tejido empresarial no se han incorporado o lo han hecho de forma insuficiente».
«Hablar de agilidad administrativa en un proceso que ha durado más de tres años suena contradictorio en un mundo tan cambiante como el actual», indicó el secretario general de la CEN, Carlos Fernández Valdivielso. En este sentido, solicitó a los 50 parlamentarios «una lectura profunda, crítica y consciente del texto definitivo antes de su aprobación para comprobar si realmente la ley mejora la situación actual de las empresas en Navarra e impulsa su actividad o las lastra y empeora su competitividad frente a otras regiones de España».
Competitividad, seguridad jurídica y reindustrialización
El presidente de la patronal, Manuel Piquer, puo el foco en algunas de las cuestiones que «continúan generando inquietud entre las empresas». Entre ellas se encuentra la regulación de los procesos de reactivación industrial, que contempla en determinados supuestos una comunicación con nueve meses de antelación, frente a la propuesta empresarial de «aproximar ese plazo al marco laboral nacional». «Navarra será el único territorio de toda España donde las empresas deban cumplir con esa exigencia», criticó la CEN.
La organización cuestionó también que se establezca una inversión mínima de 50 millones de euros como referencia para determinados proyectos empresariales estratégicos: «El carácter estratégico debería determinarse también por su impacto económico, territorial, tecnológico y laboral».
Asimismo, mostró su desacuerdo con la incorporación a la ley de materias donde, según la entidad, «el Gobierno foral no tiene competencias, como es el caso de la legislación laboral». «El texto definitivo alude a la duración de jornada cuando es una materia de ámbito nacional y que debe abordarse desde el diálogo social y la negociación colectiva», apostilló.
En su intervención, Piquer se refirió a la deriva europea marcada por el informe Draghi, que advierte de cómo la acumulación de regulación, la complejidad de los procedimientos y las cargas administrativas dificultan la inversión, la innovación y el crecimiento de las empresas. «La recomendación es clara: simplificar y evitar obligaciones que no aporten valor real. No se trata de aprobar más normas, sino de aprobar mejores normas», resumió Piquer.
Agilidad administrativa, fiscalidad y pymes
Por su parte, el presidente de Cámara Navarra, Javier Taberna, centró sus palabras en la necesidad de conseguir «una simplificación administrativa efectiva, una ventanilla única que reduzca realmente trámites y plazos y un marco fiscal que contribuya a impulsar la inversión y la competitividad».
Finalmente, el presidente de ADEFAN, Iñaki Ecay, abordó el impacto de las obligaciones vinculadas a la descarbonización sobre las pequeñas y medianas empresas. Ahí, subrayó que ADEFAN comparte «plenamente» la necesidad de avanzar hacia una industria baja en carbono, pero solicitó «proporcionalidad, acompañamiento técnico, financiación y estabilidad regulatoria, teniendo en cuenta que una pyme no dispone de los mismos recursos técnicos y económicos que una gran empresa». «Hay que incentivar a las empresas. Estableciendo una nueva obligación que solo será vigente en Navarra, se erosiona la competitividad y nos sitúa en desigualdad competitiva frente al resto de España», incidió.
Para las tres organizaciones, la cuestión no es disponer simplemente de una nueva Ley Foral de Industria, sino «conseguir una norma realmente útil y transformadora, capaz de reforzar la competitividad, facilitar la inversión y acompañar el crecimiento de uno de los principales motores económicos de Navarra».













