En los últimos días hemos leído con inquietud el importante número de empresas que han trasladado su domicilio fiscal fuera de Navarra. Entendemos que esta situación ocupa a quienes nos gobiernan por las consecuencias que de este hecho se derivan, pero como contribuyente y ciudadano navarro considero que este hecho nos debe preocupar a todos los que ostentamos esta condición.
La salida de empresas, la salida de personas físicas, la salida de grupos familiares de la Comunidad Foral supone una minoración de ingresos para la Administración y esto acaba en menos presupuesto público y, por tanto, peores servicios públicos.
No existe una correspondencia directa entre subir impuestos y crecer en ingresos. Nos movemos en un entorno en el que las comunidades tienen diversidad de planteamientos sobre cómo gobernar, y eso obliga a las administraciones a medir sus actuaciones.
En ese sentido, y antes de fijar políticas fiscales, merece la pena valorar el concepto competitividad fiscal, una idea que surge de aplicar a los impuestos las leyes de la economía relativas la fijación de precios.
Si subo los impuestos, tengo el riesgo de no “vender”, es decir, de perder contribuyentes. Si los bajo, mi riesgo es la insostenibilidad de mi presupuesto. Nuestros políticos, con independencia de su ideología, deben tener en cuenta estas leyes que no son sino las leyes básicas de la economía a las que estamos sometidos y que nos obligan a medir nuestras actuaciones.
Si subimos impuestos, algunos se sienten dañados y analizan si en otro entorno son más competitivos. No olvidemos que los impuestos son gastos y, por tanto, en la búsqueda de la competitividad de la empresa y de la propiedad de ésta se analizan todos los costes. De hecho, es una obligación para todo empresario analizar sus costes porque esto resulta imprescindible para asegurar su futuro y competir en un mundo global.
Las empresas y sus propietarios contribuyen al sostenimiento del presupuesto público, aportan el pago de sus impuestos y lo hacen con responsabilidad. Ahora bien, la misma responsabilidad les exige analizar la competitividad fiscal de su entorno.
La Administración y quienes nos gobiernan tienen la difícil tarea, que tenemos todos los empresarios, de fijar precios. En otras palabras, fijar un entorno fiscal competitivo para que se sostenga el presupuesto y el contribuyente se vea tratado de manera racional. Esa es la obligación de nuestros gobernantes. Si las empresas se van, es porque esa labor la están suspendiendo porque ponen precios demasiado altos y la demanda -en este caso los contribuyentes- los encuentran mejores.
Francisco Esparza Unsain
Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar en Navarra, ADEFAN
