La Cámara de Comptos publicó este miércoles un informe sobre la gestión de la renta garantizada y su impacto en el empleo. El análisis se refiere al periodo 2019-2023 y apunta «debilidades en una gestión compleja por la existencia de dos prestaciones (renta garantizada e ingreso mínimo vital) con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan».
El informe, solicitado por el Parlamento de Navarra a instancias del Partido Popular, aporta datos referidos a pobreza y exclusión social. En este sentido, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un 17 % de la población navarra se encuentra en riesgo de pobreza y casi un 8 % presenta una tasa de pobreza severa. Estos indicadores sitúan a Navarra «en mejor posición que la media del Estado, aunque en los últimos años la situación ha empeorado proporcionalmente más que en el resto de comunidades».
En este sentido, el informe analiza el cumplimiento de las ocho obligaciones para percibir la renta garantizada. La Cámara de Comptos ha detectado incumplimientos en cinco, entre ellas «mantenerse disponible para el empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral». Además, no ha podido opinar sobre el cumplimiento de las tres restantes: residencia efectiva en Navarra, aceptación de ofertas de trabajo «adecuado» y haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta garantizada. En cuanto a la residencia, «el requisito no se controla de manera adecuada» y, respecto a las ofertas de empleo, «no consta si quienes acuden (el 78 % de quienes las reciben) las aceptan o no».
El informe también habla sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Servicios Sociales de Base y de la Administración. En concreto, concluye que los primeros «sí cumplen con lo establecido en la normativa respecto a información, orientación e inclusión social». Sin embargo, el ente fiscalizador no puede opinar sobre si la Administración ha ofertado un empleo o una formación en todos los casos a las personas perceptoras de renta garantizada por un periodo ininterrumpido igual o superior a 24 meses.
Al mismo tiempo, ha revisado la evolución de algunos indicadores relacionados con la renta y el empleo. En este sentido, el 26 % de las personas perceptoras de renta disponibles para el empleo lo obtuvieron, y el 13 % dejaron de percibir la renta debido a que un miembro de su unidad familiar consiguió un trabajo.
Y, en el periodo 2019-2023, la Policía Foral hizo más de 700 inspecciones sobre familias que cobraban la renta garantizada tras recibir denuncias o tener indicios de incumplimientos. Tres de cada cuatro inspecciones «confirmaron los incumplimientos, cuyo importe suma 15 millones de euros». Hasta el momento, «se ha recuperado el 67 % del importe cobrado de manera irregular».
«El informe no ha podido probar si el importe cobrado en concepto de renta garantizada e ingreso mínimo vital, de manera simultánea, supera la cuantía máxima establecida. La razón es que el Sistema Informático de Prestaciones Sociales solo ofrece el dato más reciente sobre el número de miembros de la unidad familiar, sin posibilitar la revisión automatizada de la información anterior», agrega el documento.
Por otra parte, ha detectado el abono indebido estimado de 2 millones de euros en 2.730 expedientes. Son familias que han percibido la API (Ayuda para la Infancia), cuyo importe computa como ingreso desde enero de 2023. El departamento «no aplicó dicho cambio hasta enero de 2024».
Además, la Cámara de Comptos subraya «la complejidad en la gestión de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital, dos prestaciones con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan». La gestión se ve condicionada por otros factores, «como la falta de medios para un control efectivo, la imposibilidad de conocer de manera automática los importes de ambas prestaciones en el Sistema Informático de Prestaciones Sociales o los diferentes plazos máximos de concesión».
RECOMENDACIONES
Por todo ello, el informe aporta algunas recomendaciones para mejorar la gestión en este ámbito. Entre otras, «intensificar las acciones para que las personas perceptoras de la renta garantizada accedan al mercado laboral; reflexionar sobre la idoneidad del catálogo de prestaciones, considerando la compatibilidad de muchas de ellas, sus fines y gestión; finalizar el desarrollo de un programa informático más eficaz o adaptar el actual optimizándolo; e implantar algún sistema de control para verificar que las personas que perciben la renta garantizada viven en Navarra».
EL CONTEXTO
Comptos recordó que la renta garantizada es una de las herramientas para hacer frente a la pobreza y exclusión social, cuya gestión está asignada al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. La normativa sobre dicha materia, basada en una ley foral de 2016, introdujo en el sistema de protección social de Navarra «un modelo que busca garantizar dos derechos a quienes no tienen cubiertas sus necesidades básicas: el cobro de una renta y el apoyo y acompañamiento para su inclusión en la sociedad, especialmente a través del empleo».
«Para cobrar la renta garantizada, en principio, se exige residir en Navarra dos años antes de presentar la solicitud. A las personas que puedan trabajar también se les obliga a aceptar las ofertas de empleo y participar en actividades de inserción sociolaboral. En 2023, del total de perceptores de la renta estaba disponible para el empleo el 44 por ciento. El resto eran menores de 18 años, mayores de 65, personas en situación administrativa irregular o no capacitadas para el trabajo», recordó la entidad. La cuantía de la renta garantizada se fija en función del número de miembros de las familias necesitadas. En 2023 iba desde 716 euros para un único miembro, hasta 1.433 euros para seis o más miembros de la unidad familiar.
La renta garantizada no es la única herramienta para luchar contra la pobreza. Existe también el ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza un ingreso a quienes no tienen recursos: «Su finalidad, por tanto, coincide con la de la renta garantizada, si bien los requisitos para recibir la ayuda son diferentes. Se trata de ayudas compatibles siempre que no se supere la cuantía máxima de la renta garantizada».
Aunque el ingreso mínimo vital es una ayuda del Estado, desde 2022 lo gestiona el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Desde que Navarra asumió su gestión, el ingreso mínimo vital ha tenido algo más de 18.000 beneficiarios. En 2023 hubo 15.800, con un coste de 50 millones de euros. El 28 % de las personas beneficiarias de la renta garantizada también percibe el ingreso mínimo vital.
En 2023, algo más de 35.000 personas recibieron la renta garantizada, lo que supuso un gasto de 103 millones para el Gobierno de Navarra. El 56 % de las personas que reciben dicha renta tiene nacionalidad española y el 38 % es menor de edad.
