La Cámara de Comptos publicó un informe sobre la promoción y gestión de vivienda protegida en Navarra durante el periodo 2023-2025. La conclusión principal es que la oferta «sigue siendo muy insuficiente respecto a la demanda». De hecho, el año pasado se ofertaron 831 viviendas protegidas para una demanda inscrita en el censo de solicitantes de más de 24.000, lo que supone responder «a solo un 3 % de las peticiones».
«El acceso a la vivienda, derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 47, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía por la dificultad de acceder a su compra o alquiler. Conscientes de la relevancia social del asunto, las instituciones de control externo del Estado han realizado un trabajo coordinado, en el que cada una analiza la situación de la vivienda en su territorio», recordó la entidad.
El objetivo de la fiscalización se concreta en analizar cuatro aspectos: la relación entre necesidad de vivienda protegida y oferta, los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida, la gestión y control de los registros de solicitantes, y los procedimientos de adjudicación.
«Para favorecer la promoción de vivienda protegida, el Parlamento de Navarra ha aprobado diversa normativa referida a la calificación indefinida de vivienda protegida, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y arrendamiento asequible. Sin embargo, la oferta de vivienda protegida sigue siendo significativamente insuficiente para atender la demanda», recalcó el ente fiscalizador.
En este sentido, en 2023 se ofertaron 1.033 viviendas para una demanda de 17.530, según el censo de solicitantes. En 2024, la oferta fue de 650 para una demanda de 20.829. Y, el año pasado, salieron al mercado 831 y se demandaron 24.719: «En los dos últimos años, por tanto, la oferta ha cubierto el 3 % de las solicitudes».
Entre 2023 y 2025, el Gobierno de Navarra gastó 247 millones de euros en políticas de vivienda, de los cuales más de la mitad se destinaron «a subvenciones para adquisición, arrendamiento y rehabilitación». Sin embargo, el problema del acceso a la vivienda «es especialmente grave» en la Comarca de Pamplona.
El informe señala que hay suelo para más de 34.000 viviendas, aunque solo el planeamiento de 1.370 está en fase de urbanización. El planeamiento correspondiente a 23.700 viviendas protegidas «está sin desarrollar» y corresponde, principalmente, al PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de Guenduláin, con algo más de 16.000. Otras casi 5.000 corresponden al PSIS del Tren de Alta Velocidad, que afecta al barrio pamplonés de Echavacoiz y a las localidades de Barañáin, Zizur Mayor y Cizur Menor. Orkoien tiene suelo residencial para construir más de 1.500, Ezkabarte para casi 500, Berrioplano para 278 y Aranguren para casi 200.
Respecto al procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas, el informe resalta que «es público y transparente». «Se publican las promociones de viviendas y las adjudicaciones provisionales, que están sujetas a alegaciones», agrega.
El documento se refiere también a la labor de inspección, que tiene un doble objetivo: que las viviendas protegidas no se destinen a estancia turística y se utilicen como domicilio habitual. La Cámara de Comptos concluye con algunas recomendaciones para mejorar la gestión de esta materia. Entre otras, «impulsar la aprobación y desarrollo del planeamiento para disponer de suelo que permita la construcción de vivienda protegida y que se revise periódicamente el censo de solicitantes, eliminando las inscripciones caducadas».













