Los representantes de los trabajadores de la factoría navarra de TRW han negado, además, que en 2015 su centro de trabajo haya entrado en pérdidas por sí misma, aunque saben que le computan las de otras plantas y los costes por el cierre de una fábrica extranjera y la atención a sus clientes.
Han asegurado que están dispuestos a negociar con la dirección de la empresa unas condiciones laborales y «un futuro para todos», lo que implica la retirada del expediente de extinción porque, en su opinión, su empresa es «una de las más robustas de Navarra».
Además, frente a los problemas de competitividad que TRW esgrime para justificar el expediente cuando el coste salarial representa entre el 6 y el 8 por ciento de los gastos, ya que la mayor parte de estos son «compras de material a otras plantas de la multinacional», y además no instala la nueva tecnología para la que está preparada la planta porque la actual «es más rentable a corto plazo».
Los miembros del comité han añadido que desconocen las retribuciones de la dirección, ya que estas se computan en la partida de «suministros», pero sí sabe que el nuevo gerente, llegado hace un año, la «criticó de forma despiadada» y; sin embargo, la ha mantenido y ahora es «una de los grandes responsables de la situación».
Para el comité, el origen del actual problema de TRW tiene que ver con un Plan de Viabilidad que la dirección «ha incumplido» pero no en las condiciones laborales de la plantilla, que ya se «ajustaron» en el anterior convenio, ni en la falta de pedidos, porque de hecho había contratos con otras empresas, como VW, algunos «para diez años», ni incluso en la necesidad de contratar durante todo 2015 a más de 100 eventuales.
GOBIERNO DE NAVARRA
Ahora en el Comité de Empresa temen que la producción se desviará a países del Este «utilizando el dinero de todos los navarros», por lo que el comité ha hecho un llamamiento a las instituciones forales y la ciudadanía para exigir a TRW que justifique que las subvenciones y ayudas públicas recibidas las ha destinado a la finalidad para la que fueron concedidas.
A falta de conocer algunos datos, la representación sindical ha rechazado un expediente del que desconoce la cifra de afectados y las condiciones, lo ha llegado a calificar como «un chantaje» para forzar la negociación de un convenio «con la gente en la calle y con un plazo de 30 días», igual que no está dispuesto a aceptar «coacciones» ni a la representación social ni al resto de la plantilla.
Para el comité de TRW Ladaben, la multinacional está basando su estrategia en una «gran mentira» y frente a ella ha exigido al Gobierno de Navarra «un posicionamiento claro».
GE BUÑUEL
Por su parte, representantes del sindicado Comisiones Obreras mostraron su predisposición a «garantizar» el empleo de los 103 trabajadores de la planta de Buñuel de General Electric, grupo que ha planteado otro Expediente de Extinción de empleo, y han solicitado la «implicación» del Gobierno de Navarra para buscar soluciones.
Frente a planteamiento de cierre de la planta realizado desde la multinacional, miembros de CCOO adelantaron su intención, tanto a nivel local como estatal, de «exigir que se revierta esa situación y que se mantenga la planta y el empleo», bien a través de la producción de productos de energía renovable o bien solicitando a las autoridades competentes el desarrollo de un plan de reindustrialización para la zona afectada.
