Ensayo general de la Reforma Fiscal anunciada por el Gobierno de Navarra para finales de este mismo mes de octubre. En su comparecencia ante el Parlamento de Navarra, el consejero foral de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha desgranado los líneas maestras de uno de los proyectos emblemáticos del nuevo Ejecutivo autonómico. Una explicación que solo ha convencido a los representantes de Geroa Bai, Podemos, EH Bildu y Izquierda-Ezkerra, formaciones que forman parte del cuatripartito sobre el que se apoya el Gabinete de Uxue Barkos. En contra, el resto de las formaciones, UPN, PP y Partido Socialista así como el sindicato abertzale LAB.
El Proyecto de Ley de modificaciones tributarias, cuya aplicación afectará a una decena de leyes y normativas del Gobierno de Navarra, presenta las siguientes claves:
– Vivienda. Se suprimirán las deducciones por vivienda habitual y por trabajo, llegando a los cuatrocientos euros como mínimo. Tampoco se podrán deducir las retenciones que no han sido ingresadas.
– IRPF. Igualar el trato de las becas concedidas por las fundaciones bancarias al resto; limitar la exención por trabajos en el extranjero a 30.000 euros al año y no aplicarlo a trabajadores fronterizos y; rebajar el límite de aportación a planes de pensiones a 5.000 euros, 7.000 en el caso de mayores de 55 años.
– Sociedades. El tipo general pasará del 25 al 28 por ciento y el mínimo del 10 al 13 por ciento. Para pymes, se reduce del 11 al 9 por ciento.
– Patrimonio. Se reducirá el mínimo exento de 800.000 a 550.000 euros. También se rebajará el límite para la obligación de declarar de 1,5 a 1 millón de euros.
A estas claves se suman estos otros añadidos. Por ejemplo, se harán públicas “las situaciones de incumplimiento relevante” y se ampliará el plazo de las inspecciones hasta los 18 meses con carácter general y a los 27 para los casos especiales. Para evitar sucesos como los que condujeron a la ya famosa ‘Comisión de Investigación Goicoechea’, Aranburu ha informado de que se diferenciará “el derecho a comprobar por parte de la Administración y su derecho a investigar“.
Finalmente, sobre Sucesiones y Donaciones, se añadirán nuevas reglas de liquidación y se evitarán casos de “renuncias ficticias” y, por lo que respecta a las fundaciones se controlará que, como mínimo, el setenta por ciento de las rentas o ingresos se destine efectivamente a la realización de los objetivos sin ánimo de lucro que justificó la puesta en marcha de dichas instituciones.
REACCIONES
Mientras los portavoces de los partidos que sustentas al Gobierno de Navarra mostraron su conformidad con el proyecto, la oposición se dividía entre la portavoz del PP, Ana Beltrán, quien, directamente, afirmó que se trata de un proyecto “que va a arruinar a Navarra y hacer muchísimo daño a empresas y familias” o; Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, quien consideraba que esta iniciativa “no va a generar confianza“.
Ainhoa Unzu, de PSN, solicitaba al consejero Aranburu el compromiso de que los navarros “no van a pagar un euro más en impuestos que los ciudadanos que tributan en el régimen común”. Portavoces del sindicato abertzale LAB, finalmente, anunciaron el inicio de movilizaciones en la calle como muestra de su disconformidad con el proyecto de Reforma Fiscal planeado desde el Palacio de la Diputación de Navarra.
