Dirección y sindicatos de la factoría ZF-TRW situada en el polígono Landaben volvieron a verse las caras en estas últimas horas con motivo del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Pamplona en la que se dirimía si el expediente de regulación de empleo que supuso el despido de 123 trabajadores de dicha compañía está ajustado a derecho o puede declararse nulo. Siguiendo esta primera sesión de comparecencias, decenas de empleados de TRW mostraron su oposición manifestándose a las puertas del tribunal.
Ya en su interior, el presidente del comité de empresa, Josi Álvarez, acusó a los responsables de la factoría de actuar desde la «imposición». Recordó que la parte sindical «cumplió con su parte» en 2013, fecha en la que se firmó el último convenio con la dirección y que ésta, por el contrario, «no ha cumplido con el plan industrial». Por lo tanto, «estamos aquí como bien decidió la plantilla y esperamos, con ilusión, que pronto se pueda resolver este conflicto injusto», sentenció Álvarez.
Siguiendo esa misma argumentación, los letrados de los sindicatos cuestionaron el procedimiento, afirmaron que el ERE «vulneró» la libertad sindical y el derecho a huelga y, al mismo tiempo, subrayaron que la matriz es, en la actualidad, «una empresa con beneficios».
Igualmente, el envío de cartas de forma individualizada a los empleados fue definido por los abogados sindicales como «un intento de coaccionar la acción colectiva del comité». Es más, para el representante legal de Comisiones Obreras, este tipo de maniobras confirma que «no ha existido buena fe» mientras que, desde UGT, con estas medidas quedó demostrado «la voluntad de la dirección de puentear y saltarse a la torera» los cauces de la negociación.
DIRECCIÓN Y PAUL PARNHAM
Frente a los argumentos de la parte sindical, el abogado de ZF-TRW Pamplona insistió en las «causas económicas, productivas y organizativas» en las que se asienta un expediente dentro de una empresa cuyos resultados eran «absolutamente negativos», en palabras de dicho representante legal.
Por ello, argumentó que la situación era «crítica», que «no atendía a una situación temporal sino estructural» y que la medida «venía obligada por los hechos». «La empresa pierde dinero produciendo en Landaben y el problema es que la planta no es competitiva», sentenció.
En esa misma línea, el director del centro, Paul Parnham, volvió a insistir en las ideas de que siempre ha intentado negociar y que «la única forma que había de solucionar la grave situación era con el despido colectivo». Una medida con la que, según este gestor, «he intentado salvar la empresa», concluyó.
Con esta vista oral, el juicio ha quedado visto para sentencia.
