En la penúltima semana de julio, el Ministerio de Empleo anunció la retirada de 1.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (llamado “hucha de las pensiones”) para destinarlo a devolver a los pensionistas lo que se les retuvo de más en el (IRPF). Es la segunda retirada en lo que vamos de mes, ya que a principios de julio se retiraron otros 8.700 millones para el abono de la paga extra de verano de los pensionistas.
El saldo de la hucha queda ahora en 24.207 millones. Con la previsión de retirada en diciembre de otros 9.000 millones para abonar igualmente la paga extra, la huchaquedará reducida a unos 16.000 millones, muy lejos de los casi 66.000 millones que había a finales de 2011, justo cuando el actual Gobierno de la nación asumió sus responsabilidades.
Más allá de las críticas concretas a la actuación del actual Gobierno en la gestión de las pensiones (que las hay, y muchas, para ello), el hecho incontestable es que la viabilidad del sistema público de pensiones es uno de los mayores retos generacionales que tenemos que afrontar desde ahora mismo. Las pensiones son uno de los principales elementos de cohesión y justicia social de nuestro Estado del bienestar. Un verdadero reflejo de nuestro pacto como país.
A través de un sistema solidario, que no de reparto o capitalización, se garantiza una pensión digna para el conjunto de la población, armonizando criterios de aportación individual realizada con los de justicia social y sostenibilidad del sistema. A todo ello se suman aquellas pensiones no contributivas a cargo de los presupuestos generales del Estado (no de los fondos de la seguridad social, como las ordinarias) para aquellas personas que no llegan al mínimo para percibir una pensión ordinaria. Una verdadera arquitectura de cohesión social, un fenomenal pacto intergeneracional en nuestro país que hay que preservar.
Es preciso recuperar un consenso básico y estructural entre todos los agentes políticos, económicos y sociales entorno al sistema de pensiones.
Además, en tiempos de profunda crisis económica como la que estamos viviendo desde finales de 2008, el sistema de pensiones se ha erigido como una auténtica red social familiar, en la cual los miembros pensionistas de la familia han soportado las carencias de rentas de sus familiares en situación de desempleo, incluso en riesgo de exclusión social. Esto, no obstante, refleja un fracaso como sociedad, ya que el fin de las pensiones no es soportar una unidad familiar ajena a la más directa del pensionista, sino garantizar unas condiciones de vida dignas del pensionista hasta el fin de sus días.
Es preciso recuperar un consenso básico y estructural entre todos los agentes políticos, económicos y sociales entorno al sistema de pensiones. No hace falta inventar la rueda: lo tuvimos y funcionó con éxito. El llamado Pacto de Toledo elevaba la política de pensiones al rango de política de Estado, sacándolo de la lucha más partidista.
Es preciso volver a ese marco en torno a una serie de principios fundamentales que creo que todos compartimos:
- en primer lugar, renovar la apuesta por un sistema de pensiones universal, público y de solidaridad en donde los sistemas privados (de capitalización, no de solidaridad) no sean una alternativa, sino un complemento para premiar el ahorro del trabajador que quiere diferir parte de su renta obtenida en el presente a la jubilación;
- en segundo lugar, un consenso básico en torno al sistema de financiación del sistema de pensiones, en el que a partir de un análisis objetivo y desapasionado de la situación actual y perspectivas futuras, planteemos medidas serias y coherentes, incluso desde la aportación parcial al sistema vía presupuestos generales del Estado en los momentos de más dificultad económica;
- y en tercer lugar y en paralelo, ir avanzado hacia una sociedad con mayores cotas de empleo a través de un sistema productivo en los que exista trabajo y salarios dignos ligados a la formación, la innovación, la productividad, la flexibilidad y la excelencia, así como la atracción de talento exterior a España, permitiendo así unas cotizaciones adecuadas al sistema de protección social, funcionando así el pacto intergeneracional y de solidaridad entre la población presente y futura de nuestro país.
Son unas breves reflexiones que pretenden, por un lado, concienciar, y por otro, aportar apuntes a un debate que se ha de afrontar entre todos los agentes implicados y en el que debe surgir un consenso básico que garantice el futuro de nuestro sistema de pensiones y de protección social. Es preciso, es imprescindible… y además, no tenemos otra alternativa si queremos en el futuro mirarnos al espejo de la solidaridad en el que se reflejaron nuestros padres y abuelos que sí hicieron, y bien, sus deberes.
Javier Remírez
Director de RR.HH. y secretario de Ideas y Programas del PSN-PSOE
