PREGUNTA (P): Usted defendió la suma en su departamento de tres áreas como los Asuntos Sociales, el Empleo y la Vivienda con el argumento de que se encuentran conectadas y de que generarían sinergias que iban a facilitar el trabajo. Con la experiencia del tiempo transcurrido, ¿se reafirma en esa opinión?
RESPUESTA (R): La decisión no fue mía, se concluyó que fuera así en los acuerdos que dieron lugar a la formación del Gobierno, pero sí que me parece que ha sido una apuesta interesante y, efectivamente, estamos encontrando oportunidades de trabajo conjunto muy notables tanto desde Servicios Sociales y Empleo, en la atención a las personas desempleadas, como reforzando la dimensión social de las políticas de vivienda. Además, el hecho de que sea una de las vicepresidencias tiene un significado, la prioridad que tienen las políticas sociales para el Gobierno, y en ese sentido tenemos un gran apoyo de todos los consejeros.
(P): ¿Y no se corre el riesgo de que en la gestión de las áreas de Vivienda y Empleo primen criterios de carácter asistencial?
(R): Más bien lo contrario. La idea es que las políticas de empleo, las de vivienda y también las de servicios sociales estén guiadas por una orientación eminentemente basada en derechos, no se trataría de “asistencializar” el conjunto de las políticas sino de todo lo contrario, de revestirlas del reconocimiento como un derecho garantizado tanto a la vivienda, que es obvio que no lo estaba, como al empleo, que tampoco lo estaba. Quizás donde sí había unos derechos más claros era en el ámbito de los servicios sociales.
(P): En su primera comparecencia parlamentaria anunció un Plan Estratégico de Inclusión Social. ¿En qué fase de su elaboración se encuentra? ¿Se están aplicando ya medidas de las que pudiera incluir más allá de dotar de fondos a las partidas que lo requerían con más urgencia?
(R): El Plan está en una fase de elaboración técnica, en breve podremos presentar unos primeros diagnósticos sobre la evolución de las situaciones de pobreza y exclusión en Navarra, pero tampoco vamos a esperar a tener todo claro y aprobado para tomar medidas. Evidentemente, un pilar fundamental del Plan será la nueva Ley de Renta Garantizada, que ya está en fase de exposición pública e irá al Parlamento antes del verano. Es un instrumento de protección social muy avanzado del que se dota Navarra, que refuerza el compromiso frente a la pobreza infantil como una inversión de futuro pensando en las nuevas generaciones, y refuerza también el compromiso por la inserción social y laboral de las personas en exclusión.
Son dos grandes líneas de orientación que estarán presentes en el Plan de Inclusión y que ya se avanzan en esta Ley de Renta Garantizada. Hemos visto también cómo hay toda una serie de necesidades de carácter de emergencia que pueden ser atendidas muy bien desde la atención primaria en los servicios sociales y por eso pusimos en marcha las ayudas de emergencia desde el año 2015 y este año las vamos a renovar con una novedad notable, un modelo basado en la descentralización en la gestión a nivel municipal, en los servicios sociales de base, que ha sido evaluado muy positivamente.
(P): También indicó que pretendía una Renta de Inclusión Social más orientada al empleo. ¿Cómo piensa llevar a cabo este proyecto?
(R): Hemos reforzado muy notablemente el Programa de Empleo Social Protegido, que es de gestión municipal y que supone la transferencia de fondos a los ayuntamientos para que puedan contratar personas en exclusión, y con el mismo fin hemos puesto en marcha una nueva línea de financiación a las entidades sociales, para que den una oportunidad de empleo a estas personas dentro de sus itinerarios de formación y de inserción laboral.
También desde el SNE establecemos una prioridad en muchos de sus programas formativos, de inserción laboral, de contratación de desempleados desde las entidades municipales, para que una parte de los contratados sean personas en exclusión. La idea es estar en condiciones de ofrecer a la gente, desde el principio, un proceso de acompañamiento, de formación adaptada que les ayude en su proceso de vuelta al mercado de trabajo, y que a partir del primer año exista, con carácter obligatorio, un acuerdo de incorporación sociolaboral que suponga una implicación más formal tanto por parte de la persona perceptora como de las administraciones, e incluso que a partir del segundo año, y esto sería una modificación muy notable de la nueva Ley, un compromiso de que haremos una oferta de empleo y o formación a las personas que llevan un tiempo en situación de necesidad y percibiendo estas ayudas, de forma que todos los que estén en condiciones de desarrollar un empleo tengan la oportunidad de hacerlo.
“La idea es que las políticas de empleo, vivienda y servicios sociales partan de la consideración de que son un derecho”
VIVIENDA
(P): En el área de Vivienda también está previsto otro Plan Estratégico, del que adelantó algunas directrices como la potenciación de la promoción pública del alquiler o priorizar la rehabilitación. ¿Cómo ha acogido el sector sus ideas?
(R): Desde el sector, en principio, hay una valoración positiva de la inmensa mayoría de las medidas anunciadas en cuanto a que todas ellas tienen un carácter incentivador de la actividad sector de la construcción y de la vivienda en general. En efecto, hay más ayudas a la rehabilitación, eso les interesa, se mantienen las ayudas a la construcción de nueva vivienda, que con la reducción del módulo y además con el mantenimiento de las desgravaciones fiscales supone un mayor atractivo para las viviendas de protección oficial, de forma que el stock de VPO que ahora no tiene salida pueda tenerlo, y también supone volver a poner en marcha las ayudas a la promoción privada de vivienda de alquiler social, que habían desaparecido y que será una oportunidad de negocio más para las empresas.
Además, el anuncio desde la empresa pública, desde Nasuvinsa, de la construcción de al menos 500 viviendas en el próximo lustro, también dedicadas al alquiler social y al parque público, representan otra inversión que entiendo que el sector de la construcción va a recibir con muy buenos ojos. Sí hay un elemento de discrepancia, lo reconozco, con quienes tienen viviendas de alquiler social, porque les estamos demandando que rebajen unos precios que consideramos que han crecido muy notablemente, por encima de la inflación y de la capacidad de gasto de los inquilinos.
El Gobierno hace un esfuerzo muy notable tanto en las ayudas a la promoción como en la subvención de los propios alquileres a los inquilinos, y entendemos que debe haber también un esfuerzo por su parte porque no tiene sentido que los alquileres hayan bajado en la oferta privada y su precio ya sea menor que el de los sociales.
(P): Hay más de 700 VPO a la venta y no parecen tener salida. ¿Qué solución ha previsto?
(R): Tienen una salida… más lenta. Cuando llegamos al Gobierno eran 1.000, y esperamos que con las medidas previstas la VPO siga siendo más atractiva que una libre, en términos de precio y manteniendo un estándar de calidad notable, y que siga reduciéndose ese stock cuya existencia tiene un significado muy claro: que la sociedad demanda otras alternativas.
Por eso estamos planteando como una prioridad el alquiler social, donde hay una demanda muy notable insatisfecha, y otras modalidades como la cesión de uso, a medio camino entre la compraventa y el alquiler, que permite el uso indefinido en condiciones similares a las del alquiler pero sin estar sujeto a la renovación anual, aunque aún tenemos que resolver el acceso a la financiación de las personas a las que les pueda interesar, como los jóvenes, que tendrían que hipotecarse muchísimo menos y les posibilitaría una mayor movilidad laboral y geográfica, que también puede convertirles en estos momentos.
“Queremos que todas las personas en exclusión que estén en condiciones de trabajar tengan la oportunidad de hacerlo”
(P): ¿Entra de alguna forma en ese Plan Estratégico el PSIS de Guenduláin?
(R): La idea que tenemos es respetar todo el proceso urbanístico que se ha hecho y por tanto los derechos que se hayan podido adquirir, y en todo caso considerar toda esa actuación como una reserva de suelo urbano, especialmente para necesidades de futuro del área metropolitana de Pamplona. Por ahora no hay otra previsión, ni hay demanda de los promotores de intervenir directamente en el terreno.
EMPLEO
(P): Pasando al tema del Empleo, 44.119 personas siguen sin trabajo en Navarra, un 16% de la población, 25.000 son de larga duración. ¿Dispone el Gobierno de instrumentos para rebajar significativamente esas cifras mientras no se produzca una reactivación de la economía?
(R): Nuestra economía depende mucho del contexto europeo y hay incertidumbres notables que no podemos obviar, pero las previsiones para nuestras tasas de crecimiento siguen siendo positivas y de hecho se están traduciendo en empleo de una forma significativa, estamos hablando de un aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social por encima de las 6.000 personas en el último año. La prioridad es mantener ese crecimiento para que genere más empleo y, en segundo lugar, transformar el modelo económico de forma que los puestos de trabajo que se creen sean de más calidad, más estables, con mayor valor añadido y basados en la economía del conocimiento.
“La existencia de un stock de VPO tiene un significado muy claro: que la sociedad demanda otras alternativas”
(P): La anunciada reforma del SNE ya se ha producido, al menos en su estructura, más abierta y plural. ¿Cuándo va a traducirse en nuevas políticas más eficaces?
(R): Incluso en la creación directa de empleo, no es desdeñable que de un pequeño organismo como el Servicio Navarro de Empleo, con sus fondos y los programas públicos que ahí se gestionan, cuelguen ahora mismo más de 5.000 empleos para trabajadores desempleados, en exclusión, con discapacidad, etc. Es una cifra que creemos que puede ir a más y buscaremos los recursos para que así sea.
Opinamos que ya este año se ha producido una mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo del SNE, y me refiero a los efectos muy concretos que están teniendo los cambios en el modelo de gestión. Por ejemplo, el año pasado la convocatoria de cursos para los desempleados salió en septiembre, el Gobierno de Navarra los tuvo durante nueve meses sin ninguna oferta; nosotros empezamos a preparar las convocatorias antes de que finalizase el año de forma que ya están los cursos en marcha desde las primeras semanas de 2016. Que los cursos se hagan cuando se tienen que hacer y le venga bien a la gente ayuda a que sean más eficientes.
También hay otro dato muy importante, la revisión que hemos hecho de los convenios con las organizaciones empresariales y sindicales nos ha llevado a reorientar los recursos hacia actuaciones que tienen mucha más incidencia en la creación de empleo y en la ayuda a los desempleados para que accedan a estos empleos. Eso también es ser más eficientes.
(P): La negativa de ELA a participar y los condicionantes de LAB, los dos sindicatos que han reivindicado históricamente su presencia en los órganos gestores y consultivos relacionados con el empleo, ¿cabe interpretarlo como un rechazo a la política de empleo del Gobierno?
(R): En el caso de ELA no sé si es tanto que ellos quieran participar como que más bien quieren que los demás no participen en el diseño y la cogestión de las políticas públicas de empleo, con lo que no estamos de acuerdo. LAB sí participa y entiendo que sus aportaciones están siendo muy positivas porque enriquecen las perspectivas de acercamiento a un problema tan complejo como éste. También le ha dado más valor al organismo la incorporación de la economía social, de CEPES, y creo que tanto UGT como Comisiones Obreras y la CEN lo han entendido así.
Se está trabajando bien, por ejemplo en el apartado técnico de preparación del nuevo Plan de Empleo hay una valoración positiva que el otro día manifestaron públicamente en el Consejo de Gobierno del SNE.
“El objetivo es transformar el modelo y que los empleos que se creen sean de calidad, estables y basados en la economía del conocimiento”
(P): Usted hacía recientemente un llamamiento al mundo empresarial para que se implicaran en una reflexión común que posibilite fórmulas que incrementen la cohesión social. ¿Cree que será atendido?
(R): La cuestión de la cohesión social es muy importante para el conjunto de la sociedad y yo creo que también, de una forma muy relevante, para el mundo empresarial. Por eso apelo a las empresas para que participen de esta reflexión y en esta implicación común en el sentido de que eso nos debe ayudar, por un lado, obviamente, a construir un modelo de sociedad en el que a todos nos resulte más cómodo vivir, pero incluso desde la perspectiva económica, si estamos pensando en un nuevo modelo basado en el conocimiento, la calidad, la excelencia, la competitividad internacional, eso difícilmente podrá hacerse sin tener una sociedad suficientemente cohesionada donde las desigualdades sociales estén razonablemente compensadas.
Es más, entendemos que la potenciación de las políticas públicas en este compromiso social también puede traer oportunidades para la actividad económica, los negocios, la aparición de nuevas empresas y proyectos innovadores… Hay elementos de funcionalidad y de interrelación entre el desarrollo económico y la cohesión social que estaría muy bien que se interiorizaran por parte de todo el tejido empresarial.
