La aprobación del proyecto de modificación de la Ley del Taxi, anunciada la semana pasada por el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, no ha agradado al sector. En un comunicado conjunto, AITAN y Teletaxi San Fermín se desmarcan de una reforma que consideran que no beneficia “ni al cliente ni al trabajador”.
Las quejas se centran, principalmente, en la ampliación del Área Territorial de Prestación Conjunta (ATPC). Para las asociaciones del sector, la incorporación de nuevas zonas “no atiende al interés general”. Supondrá, insisten, desplazarse más kilómetros y aumentar los tiempos de espera, además de resultar “más caro”. “La decisión obedece a intereses particulares y no a la demanda real”, señalan ambos colectivos, al tiempo que apuntan que “sólo veinte ciudadanos participaron en el informe de consulta pública realizada para el anteproyecto de modificación de la ley”. Ley, por cierto, que fue aprobada en 2005.
La actual ley data de 2005 y su modificación supondrá reducir la antigüedad de los vehículos y ampliar la ATPC.
En este sentido, tanto AITAN como Teletaxi San Fermín recalcan que la modificación se ha llevado a cabo “sin tener en cuenta ninguna de las múltiples propuestas realizadas por todas las asociaciones del sector” y supondrá la eliminación del Consejo Navarro del Taxi, que se encarga de la coordinación interadministrativa.
NI TARIFAS NI INTRUSISMO
Además, recalcan, la nueva norma no refleja “ninguna de las necesidades del sector respecto al intrusismo laboral y la competencia desleal” ni tampoco “ningún acuerdo tarifario”, ambos aspectos claves para los profesionales del taxi.
Lo que sí incluye la modificación es la obligación de cambiar de vehículo cada ocho años, reduciendo así la antigüedad de los taxis de diez a ocho años. El documento también exige que la renovación de vehículos se haga por modelos «eficientes energéticamente”. Por el contrario, el sector cree que debe priorizarse “las buenas condiciones del vehículo” más allá que su antigüedad.
Por todo ello, el colectivo de taxistas reclama una modificación “desde el sentido común” y que atienda “las demandas y necesidades reales de los ciudadanos”.
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