El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó este lunes una resolución del Gobierno de Navarra, en la que se deniega la instalación en Lerín de una granja porcina de cebo de 7.200 cabezas «debido al impacto medioambiental». En concreto, «por la afección a aves esteparias en peligro de extinción».
En la sentencia, que puede ser recurrida ante el propio órgano judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN avaló las conclusiones de los técnicos del Gobierno foral, que apreciaron tres afecciones al medio ambiente: «las derivadas de la propia obra de construcción, que destruye el hábitat de estas aves; las derivadas de la presencia humana, en tanto huyen de las edificaciones; y las derivadas de la atracción de depredadores por el almacenaje de piensos».
El 21 de junio de 2021, una sociedad mercantil solicitó autorización para la citada explotación porcina. Iniciado el expediente, se solicitaron y emitieron los preceptivos informes para la autorización ambiental. Mediante una resolución dictada el 3 de junio de 2022, la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitió una declaración de impacto ambiental desfavorable por las «graves afecciones que la granja proyectada generaría en un área de interés para las aves esteparias».
Tras la desestimación por parte de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del recurso presentado, los promotores de la granja apelaron ante el TSJN. En la sentencia, la Sala de lo Contencioso analizó la cuestión nuclear, es decir, si está justificada o no la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida por el Gobierno de Navarra: «Constatada la presencia de estas aves esteparias en peligro de extinción, el Tribunal analizó los informes realizados sobre las afecciones que la actividad pretendida pueden acarrear para estas especies. Al respecto, los magistrados aseguraron que el informe presentado por los promotores no consigue desvirtuar las conclusiones de los técnicos del servicio de biodiversidad de Gobierno de Navarra».
Para la Sala, los recurrentes no consiguieron rebatir los principales riesgos que los técnicos gubernamentales señalaron, como el impacto que en este caso puede suponer la propia instalación, «que además es de gran tamaño pues se pretende que la granja albergue 7.200 cabezas de porcino; el aumento de presencia humana y de vehículos que genera el cuidado de tanto ganado, y muy especialmente el uso de químicos actualmente presente en la producción ganadera (alimentación y sanidad); o los derivados del más que previsible aumento de especies depredadoras que acompañan este tipo de actividad productiva».
