En una conferencia en la sede de la Cámara de Comptos, el ex gerente de Price Waterhouse ha señalado que el modelo de control de España se basa en tribunales de cuentas colegiados, cuyos máximos responsables se nombran no en función de su preparación sino de su adscripción a unas determinadas siglas políticas.
“Se trata de un modelo con el que es imposible el auténtico control, que impide que salgan a la luz las corruptelas de las administraciones públicas”, ha explicado para añadir a continuación que dicho modelo da lugar a “informes incompletos, tardíos, mutilados frente a los comentarios iniciales de los técnicos, lo que provoca desencanto en la ciudadanía”.
Malaxetxebarria, que ha desarrollado su trayectoria de auditor en Venezuela y Estados Unidos, ha hecho un llamamiento para copiar los modelos internacionales de control que funcionan: los de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia. “Se trata de instituciones de carácter unipersonal formadas por profesionales independientes, en las que prevalece el carácter técnico e independiente del tribunal de cuentas. La Cámara de Comptos de Navarra es el único tribunal de cuentas del Estado que tiene una configuración de ese tipo. El resto son instituciones colegiadas, dirigidas por personas cuyo nombramiento responde a criterios políticos y en las que el trabajo de los auditores se ve ninguneado. Y así es imposible desarrollar la labor de control porque no hay control sin independencia”.
En su conferencia, el veterano auditor ha subrayado la importancia del concepto anglosajón ‘accountability’, es decir, la responsabilidad de los gestores para explicar la manera en que utilizan los fondos públicos. Bajo su punto de vista, “es fundamental interiorizar este concepto si queremos una gestión transparente y eficaz. Los gestores públicos están obligados a explicar a la ciudadanía su gestión, a dar cuentas de cómo actúan porque es la ciudadanía quien, a través de sus impuestos, sostiene el sector público”.
González Malaxetxebarria ha abogado también por adaptar la oferta de las universidades a la necesidad de un control eficaz de los fondos públicos. “Además de cambiar el modelo de control, hay que ofrecer formación universitaria a los futuros auditores, a través algún grado y master actualmente inexistentes”, ha sentenciado.