El 6 de octubre de 2016 el Gobierno de Navarra anunció que declaraba desierto el concurso que había convocado un mes antes para la realización de un informe sobre la creación de una entidad de banca pública tras la polémica generada por su adjudicación a la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Aunque el vicepresidente de Desarrollo Económico Manu Ayerdi dijo entonces que “el Gobierno se está tomando unos días para ver cómo reiniciar por otra vía el proceso, porque el proceso debe trabajarse”, lo cierto es que el asunto permanece aparcado. La elaboración del estudio figura en el acuerdo programático pactado entre los cuatro partidos que sustentan el Gobierno de Navarra.
Ayerdi explicó que el Gobierno había declarado desierto el concurso tras “tomar conciencia de que el hecho de que el adjudicatario sea AFI ha generado mucho ruido mediático, no solo entre los socios del cuatripartito, sino también fuera, y ante esa realidad el Gobierno ha pensado que adjudicar y contratar definitivamente con AFI no iba a beneficiar al proceso”.
EH Bildu y Podemos habían rechazado la adjudicación a AFI por el papel jugado por la asesora en los procesos de fusión y venta de Caja Navarra. “No es bueno para nadie que haya ruido mediático sobre este proceso”, insistió Ayerdi.
Las dificultades que por ahora impiden la existencia del informe parecen anunciar las complicaciones que los expertos vaticinan en el caso de que finalmente se decidiera crear el banco público navarro. María Amparo Salvador, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra, pronunció recientemente, en una de las sesiones del II Curso de Especialización en Derecho Foral Navarro, la conferencia titulada ‘La competencia de Navarra en materia de bancos y cajas de ahorro’, en la que se refirió a la posible creación de un banco público.
Precisó que “habría de aclarar si lo que se plantea es una sociedad por acciones, lo que en lenguaje coloquial se entiende por un banco. Si así fuese, en teoría podría plantearse pero en la práctica sería muy complejo lograrlo porque hoy en día es el Banco Central Europeo quien tiene que otorgar la licencia bancaria y el procedimiento para el otorgamiento es complicado”.
Desde 2013, recordó, las competencias en materia de supervisión bancaria, que incluyen también la posibilidad de otorgar autorización, dependen del BCE, “y aunque es verdad que para la ejecución de esa tarea los inspectores del Banco de España son los que ayudan al BCE, es muy difícil que éste otorgue la licencia, entre otras cosas porque Europa es bastante renuente a la participación de políticos en la banca, y en especial en el caso de España”.
“Hacer renacer un sector público bancario tiene dificultades, no sólo por el capital mínimo necesario (18 millones de euros), sino por todos los requisitos necesarios para convencer a la Autoridad Bancaria Europea o al Banco Central Europeo”, María Amparo Salvador
Por eso, la profesora Salvador insiste en que “más allá de la cantidad de recursos económicos que sería necesario utilizar, más allá de eso, encuentro dificultades”, y pone como ejemplo los casos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana: “En Cataluña están queriendo transformar su Instituto Catalán de Finanzas en un banco. Pero para ello, tienen que conseguir la licencia bancaria. Llevan dos años persiguiéndola, pero no la han conseguido”. 
Y los valencianos autorizaron el pasado verano, mediante un Decreto Ley, la creación de lo que han llamado Banc de la Generalitat. Allí existía el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y lo que pretenden es conseguir que tenga una licencia bancaria para luego separar una parte comercial para el Banc de la Generalitat y el resto sería para la actividad de crédito subvencionado del IVF, “Separar la parte de mercado con la parte de no mercado“. Pero tampoco les ha sido concedida
María Amparo Salvador añade que si lo que se pretende hacer en Navarra “no es un banco sino una especie de institución financiera del tipo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) estaríamos hablando de otra cosa que nada tiene que ver y qué, quizá, realizaría una función parecida a la que hace Sodena. En ese caso también hay exigencias, dependiendo de cuál fuese el vehículo de financiación que se eligiera, desde el derecho público, como la necesidad de obtener otro tipo de autorizaciones”.
Esta opción, que a juicio de la profesora de la UN es más factible, “plantea otros problemas diferentes por ejemplo desde el punto de vista del principio de estabilidad presupuestaria, porque un banco da créditos acudiendo a los recursos de los depositantes, trabaja con financiación ajena, mientras que si el instrumento que se pretende utilizar es un instituto de financiación los créditos se estarían concediendo con recursos del Gobierno de Navarra, por eso digo que plantearía problemas desde la perspectiva del principio de estabilidad presupuestaria, entre otros”. El propio Manu Ayerdi parecía darle la razón a María Amparo Salvador al plantear la premisa de que “la institución financiera, por el hecho de ser pública, no tiene que dejar de ser viable”.
La idea tampoco parece contar con el apoyo de quienes presuntamente se beneficiarían de un instituto de crédito navarro
La Cámara de Comercio de Navarra no cree que sea necesario crear una institución financiera pública ya que “el acceso a la financiación de las empresas no es un problema principal en estos momentos”. La entidad realizó una encuesta sobre esta cuestión en la que participaron 140 empresas de las que el 72% dijo que no tiene problemas para acceder a la financiación.
Además, el 85% cree que Navarra no necesita una banca pública para promover su desarrollo. El presidente de la Cámara Navarra, Javier Taberna, afirmó que si se crease una banca pública en la Comunidad foral, “es imprescindible acotar en qué ámbito de la sociedad crearía valor una entidad financiera pública” y cuál sería la fórmula de implantación. En este sentido, destacó que el 82% de las empresas consultadas en la encuesta considera que la oferta de financiación existente en Navarra se ajusta a sus prioridades.
