Tras esta primera toma de contacto, el grupo de trabajo se va a dividir en cinco subgrupos que se reunirán de forma independiente y con periodicidad quincenal para tener una propuesta definitiva sobre las cláusulas de género, sociales y medioambientales para el mes de junio; y el resto, antes de fin de año.
Además de adaptar la normativa navarra a las directivas europeas sobre contratos y concesiones, el Ejecutivo foral pretende que la ley sirva para aumentar el impacto social de la contratación pública
“Los miembros del Gobierno somos conocedores del alcance de las decisiones dentro de la contratación pública y del gran potencial que éstas tienen para generar cambios en nuestro entorno y estamos comprometidos con su utilización estratégica”, ha explicado Aranburu.
Asimismo, el consejero de Hacienda ha señalado que el gobierno es “consciente” de las dificultades que conlleva la incorporación de estos criterios para las entidades sometidas a la Ley Foral de Contratos Públicos, por lo que entiende que la creación de una red de trabajo en la que colaboren todos los agentes sociales afectados por la contratación pública resulta “fundamental” para dotar a esta estrategia de “verdadera utilidad para conseguir un efecto relevante desde el punto de vista de la responsabilidad”.
Aranburu ha asegurado, finalmente, la intención del Gobierno de contar “con el mayor consenso posible”, para elaborar una estrategia que determine la incorporación práctica de estos criterios. En este sentido, cabe recordar que el grupo de trabajo integra a miembros de la Junta de Contratación junto con los representantes de
- la Dirección General de Trabajo;
- el Servicio Navarro de Empleo;
- la Dirección General de Industria;
- el Servicio de Consumo y Arbitraje;
- los Grupos Parlamentarios;
- la Universidad Pública de Navarra;
- la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC);
- los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO;
- la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN);
- los Centros de Inserción Social y
- los Centros Especiales de Empleo.
