El sector de la Auditoría en España, que genera 18.000 puestos de trabajo directos y, además, representa el 0,8% del valor añadido bruto del país, ha celebrado en Málaga estos últimos días su XIII Congreso Nacional bajo el lema “Sostenibilidad, Crecimiento y Empleo” al que han acudido unos 400 asistentes. Una cita en la que sus máximos responsables han analizado el presente así como los principales retos de futuro a los que deberán enfrentarse
Respecto a este último tema, desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, ICJE, reclaman al nuevo Gobierno una serie de mejoras en la actual Ley de Auditoría (aprobada en 2015) y que también hace suyas Belén Hevia, de Hevia Chávarri Auditores, porque, como explica “nos permitirían reforzar el servicio que, para generar confianza y aumentar la transparencia, prestamos a empresas y sociedad”.
Así, en concreto, las reformas propuestas desde el sector son:
- En cuanto al contenido de los informes, reclaman una armonización definitiva con las normas europeas. Así, por ejemplo, “nuestros compañeros han identificado hasta 34 puntos del marco legislativo con dudas de interpretación que habría que revisar”, detalló Belén Hevia.
- Independencia: mayor simplificación en el modo de interpretar los informes
- Recuperación del Comité de Auditoría como “máximo regulador” del sector y; finalmente,
- En el apartado de sanciones, revisión de los procedimientos para tener en cuenta el juicio personal del auditor y que tenga más valor.
En todo caso, y como complemento de lo anterior, desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España también solicitaron el desarrollo de una normativa que clarifique y, sobre todo, ponga fin a la dicotomía que supone aplicar una ley recién aprobada (2015) siguiendo los parámetros de un reglamento antiguo y que, por lo tanto, habría que actualizar.
PLAN GENERAL CONTABLE
Al margen de las demanas, el XXIII Congreso Nacional del sector Auditor en España también ofreció otra serie de informaciones de interés. Así, se supo que el Real Decreto que adoptará los cambios introducidos en el Plan General Contable a la legislación nacional estará listo en menos de un mes tras haber sido revisado por el Consejo de Estado.
Por lo tanto, se trataría de una de las primeras normativas que tendrá que aprobar el recién constituido Ejecutivo de Mariano Rajoy. No obstante, mientras se espera dicha ratificación, desde la patronal del sector se recomendó a los auditores (y, por añadidura, a las empresas que podrían verse afectadas) que sigue vigente, aunque sea de forma transitoria, la norma contable impulsada desde la Unión Europea referida al fondo de comercio.
Si no se produce ningún cambio antes del próximo 1 de enero se mantendrá el principio de que los elementos inmateriales -fondo de comercio- que resulten de la compra de una empresa o una marca deberán pasar a ser objetivo de amortización en el cómputo de la deuda
Sin embargo, tal y como destacaron desde Hevia Chávarri Auditores “queda margen suficiente” para preparar con cuidado estos cambios por lo que, “como siempre recomendamos, lo mejor es contar con una empresa de garantías que supervise todo el proceso para que, efectivamente, redunde en una mayor transparencia y claridad de la información y de la imagen financiera ofrecida por la empresa”, finalizó Belén Hevia.
