La empresa Ecofert Sansoain, con sede en Artajona y especializada en la elaboración y comercialización de fertilizantes y compost, entró recientemente en concurso necesario. De hecho, según pudo saber Navarra Capital, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona ha suspendido las facultades de administración y disposición de la compañía, que han recaído en Asiáin & Moreno Administradores Concursales.
La declaración del concurso suma un nuevo capítulo a la crítica situación en la que se encuentra Ecofert Sansoain desde 2024. Entonces, el Gobierno de Navarra inició una investigación tras detectar presuntas irregularidades en la gestión de residuos de la planta, inaugurada en 2016 como un proyecto de economía circular para transformar residuos orgánicos en fertilizantes.
Entre otras infracciones, la investigación concluyó que la empresa había recibido y admitido miles de toneladas de lixiviados (residuos líquidos), procedentes del Complejo Medioambiental de Guipuzkoa-1 y la empresa Oleofat, como si se tratara de lodos. Sin embargo, su autorización ambiental integrada solo permitía gestionar residuos sólidos o lodos consistentes.
A raíz de dichas actuaciones, Medio Ambiente decretó el cierre cautelar de las instalaciones, que se hizo efectivo en julio de 2024, e impidió a la compañía seguir recibiendo residuos o dar salida a nueva mercancía.
La firma rechazó desde el primer momento las acusaciones. En concreto, su presidente, Juan Luis Yabar, defendió que los materiales tratados cumplían los requisitos exigidos y que el cierre era «improcedente». En este sentido, recurrió las resoluciones administrativas por la vía judicial y llegó a advertir de que la paralización de la actividad provocaría pérdidas superiores a los 600.000 euros y pondría en riesgo los aproximadamente veinticinco empleos, entre directos e indirectos, vinculados a la planta.
MULTAS DE 40.000 EUROS
En paralelo, el Gobierno foral impuso varias sanciones ambientales. Entre ellas, una multa de 30.000 euros por admitir residuos no contemplados en la autorización ambiental de la instalación y otra de 10.000 euros por ejecutar sin autorización las obras de sectorización de la balsa de lixiviados. Además, ordenó distintas medidas de reposición ambiental y condicionó la reanudación de la actividad al cumplimiento de los requisitos fijados en la autorización ambiental.
Así, el pasado mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso presentado por la empresa y confirmó las sanciones de 40.000 euros impuestas por el Gobierno de Navarra, así como las medidas de reposición ambiental. En su falló, confirmó que la compañía había recibido residuos «incompatibles» con la actividad autorizada y respaldó las restricciones impuestas para impedir la entrada de nuevos residuos hasta que acreditara el cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas.













