El inicio de la liquidación de Sunsundegui y la tramitación del ERE extintivo de la plantilla es cuestión de días. Así se lo comunicaron este martes las representantes de la administración concursal, Molins & Andrés Abogados, al comité de empresa durante una reunión celebrada en el despacho pamplonés.
Según fuentes consultadas por Navarra Capital, la Ley Concursal es clara a este respecto y deja poco margen de maniobra. En el primer caso, marca un plazo de quince días hábiles tras la presentación del informe provisional de la administración concursal (llegada esa fecha, el juzgado dicta un decreto que marca el inicio de la liquidación). En el segundo, el proceso podría ser incluso más rápido si el comité de empresa apoyara por unanimidad las condiciones de los despidos (el ERE extintivo se aprueba a través de un auto judicial).
«El ERTE actual está en vigor hasta el 30 de abril. Para la extinción de los contratos hay dos opciones: si existe un acuerdo unánime del comité con la administración concursal en los términos marcados por la ley, se puede realizar una rápida tramitación del ERE extintivo, antes incluso de la liquidación. En el supuesto contrario, comenzaría el período de consultas por un máximo de treinta», explicaron fuentes jurídicas especializadas en la materia.
Teniendo en cuenta que el despacho Molins & Andrés Abogados presentó su informe provisional al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona el pasado 21 de marzo, será a mediados de abril cuando automáticamente comience la liquidación de la compañía. Y, al no existir ningún inversor que haya presentado una oferta formal para hacerse con la carrocera, la administración concursal se ve obligada igualmente a iniciar el proceso para el ERE extintivo que conllevará el despido de toda la plantilla, compuesta en estos momentos por 338 trabajadores.
REFLEXIÓN INTERNA
Precisamente, la administración concursal explicó en la reunión todos estos detalles a los representantes del comité, que pidieron un tiempo de reflexión interna antes de tomar la decisión. Así, según los cálculos realizados por Molins & Andrés Abogados en su informe provisional, las indemnizaciones costarían a la empresa en torno a 5,2 millones de euros con un cálculo de veinte días por año trabajado. Un importe al que habría que sumar los pertinentes finiquitos.
En este sentido, uno de los mayores retos de la administración concursal será conseguir la liquidez necesaria para hacer frente a esos pagos (los activos están valorados en 27,3 millones): «Hay mucho crédito contra la masa, de modo que será difícil lograrla. El FOGASA paga hasta un tope y, por encima, el resto lo abona la empresa. Poder cubrir la cuantía de los despidos y los finiquitos dependerá del dinero que se obtenga con la liquidación de los activos».
