Juan Moscoso del Prado.
Inmersos ya en plena crisis global por la pandemia del coronavirus (Covid-19), la prioridad absoluta es reaccionar con eficacia para poner en marcha las políticas públicas necesarias para detener el avance de la enfermedad, proteger a los más vulnerables y desplegar todos los medios disponibles para minimizar las consecuencias económicas y sociales de la crisis. Tiempo habrá para valorar qué se podía haber hecho, qué no se hizo a tiempo y otras cuestiones.
Es evidente que algunas de estas medidas exigen actuaciones de dimensión europea para garantizar su eficacia. Así, el control de fronteras, las medidas relacionadas con el transporte de personas y de mercancías, la garantía de suministros de todo tipo y la salvaguarda de las cadenas de producción globales, que antes que nada son europeas, exigen indudablemente actuaciones europeas.
SANIDAD E INVESTIGACIÓN
Lo mismo debe decirse de las decisiones sanitarias, simplemente porque en una unión -con el grado de integración alcanzado- que implica libertad de movimientos absoluta y una intensa convergencia cultural, administrativa y científica, aunque las políticas sanitarias y de salud pública sean nacionales, carece de sentido alguno desarrollar medidas distintas. Todo lo más, adaptar los calendarios de ejecución a la situación sanitaria en cada lugar, en países que en muchos aspectos viven absolutamente integrados.
“Esto es Europa, la información es común y nadie es ajeno a las decisiones de otros”.
Esto es Europa, la información es común y nadie es ajeno a las decisiones de otros. No tiene sentido que las campañas de comunicación públicas relativas a la pandemia o los mensajes emitidos a la población no tengan una dimensión europea. Todos hemos visto las campañas italianas, por ejemplo, del mismo modo que conocemos las medidas económicas y sociales adoptadas en otros países. La eficacia obliga a adoptar también una dimensión europea para alcanzar así un grado mayor de eficacia y credibilidad ante la población. Esa coordinación y explicación al máximo nivel refuerza, además, el combate contra el virus. La coordinación da seguridad y aumenta la eficacia, el intercambio de información mejora la efectividad de las políticas aplicadas en cada estado miembro.
Lo mismo puede decirse del esfuerzo científico para mejorar los tratamientos, la logística en momentos de crisis, para evitar el contagio o para desarrollar una vacuna. La coordinación es una necesidad si se desea estar a altura de lo que puedan hacer China o los EEUU al respecto.
ECONOMÍA Y EMPRESA
Respecto a las medidas económicas, la gran lección de la crisis de 2008 es que la falta de actuación concertada, primero, agudizó la crisis, y después retrasó la salida. También, que las políticas nacionales pierden efectividad e incluso se convierten en nuevos problemas en ausencia de respaldo europeo debido a la asimetría, o inconclusa arquitectura, de nuestra unión económica monetaria. Tenemos una moneda única, una unión monetaria, pero no estamos en una unión fiscal. La crisis del coronavirus va a provocar unos costes económicos y sociales muy grandes, difíciles de imaginar e inmediatos.
“La coordinación es una necesidad si se desea estar a altura de lo que puedan hacer China o los EEUU”.
El Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo es un poderoso, valiente y ambicioso instrumento dirigido a contener sanitaria, social y económicamente los efectos de la pandemia. Contiene todo lo que debería estar en una primera y afortunada redacción. Es la respuesta unitaria que la sociedad española necesita, y desde esa perspectiva en determinados aspectos podrá ser reforzada estos días para garantizar la protección y soporte de la actividad económica y tejido productivo desarrollando elementos adaptados a necesidades específicas, como puede ser su contenido específico para los trabajadores autónomos que no cesen su actividad o la letra pequeña respecto a la aplicación de la línea de 100.000 millones de euros de avales a las empresas .
El conjunto de medidas ha sido respaldado desde la Comisión Europea, pero se apoya de manera exclusiva en el presupuesto español, como ocurrió a partir de 2008. Como también hacen las medidas aprobadas por Alemania o Francia con respecto a sus respectivos presupuestos. Tiempo habrá de cuantificar su coste a medida que se vayan aplicando, pero tal y como está ahora configurada la respuesta europea, que es esencialmente nacional, a medida que el gasto escale el escenario macroeconómico al que nos enfrentaremos dependerá casi exclusivamente de nuestra capacidad financiera.
Si la morosidad e insolvencia se elevan por encima de determinados umbrales (aún inciertos), la potencial crisis económica podría volver a convertirse en financiera y bancaria vía credit crunch. Por ello, por mucho que el Banco Central Europeo (BCE) desplegara toda su artillería para contener un posible aumento de las primas de riesgo, se echaría en falta de nuevo un instrumento común europeo de mutualización, o cortafuegos, capaz de neutralizar esa tendencia, a la espera de que algún día se complete una verdadera unión fiscal. De hecho, ya se echa en falta ese instrumento porque eso fue lo que se debatió y no se aprobó en las reuniones del Ecofin y del Eurogrupo del lunes 16 de marzo, de las que no salió la propuesta de dotar al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con 400.000 millones de euros para respaldar comunitariamente los programas de avales de los Estados miembros. Si la crisis se torna en recesión, ese respaldo será imprescindible para no repetir los errores, y terribles consecuencias, de lo que vivimos hace sólo diez años.
Juan Moscoso del Prado
Director de Deusto Asuntos Globales (Deusto Business School)
Diputado a Cortes por el PSN-PSOE en las VIII, IX y X legislaturas
