Las asociaciones navarras de comerciantes y los negocios a los que estas representan (más de 2.300) criticaron duramente este miércoles la puesta en marcha del nuevo parque comercial Atalaya de Olaz, que albergará hasta diecisiete establecimientos. “Nos oponemos a cualquier nuevo desarrollo comercial de gran tamaño fuera de la trama urbana de nuestros pueblos y ciudades. Cada día somos testigos de cierres de establecimientos en nuestras calles, con la pérdida que esto supone no por el cierre en sí, sino por el efecto que tiene en el debilitamiento de la oferta comercial de las distintas zonas comerciales de Navarra”, denunciaron en un comunicado.
Los colectivos volvieron a incidir en que el modelo del comercio minorista y de proximidad, “con el servicio de cercanía, disposición y calidad que ofrece”, debe preservarse. Y para ello, el planeamiento urbanístico “es el más importante y efectivo instrumento con el que cuentan las administraciones públicas para el ejercicio de la competencia y potestad de planificación urbanística municipal, y en su caso territorial”.
A su juicio, las actuaciones de planificación de infraestructuras y dotaciones comerciales que ponen en riesgo dicho modelo “son uno de los mayores riesgos” con los que se encuentra el comercio minorista de Navarra. “Actualmente hay diversos proyectos comerciales en diferentes estados de planificación y gestación en la Comarca de Pamplona. Entre ellos estarían los de la parcela de Superser (32.000 m2), la de Azpilagaña Sur (entre 6.000 y 11.000 m2), Ardoi (inicialmente 56.000 m2), Erripagaina (inicialmente 55.000 m2), avenida de Guipúzcoa, Echavacoiz (actualmente 105.000 m2), valle de Egüés (más de 10.000 m2), etc. La densidad comercial de centros comerciales en Navarra, sin contar el CI, es de 320 m2/1000 habitantes, superior a la media europea (2016)”, criticaron las asociaciones.
En este sentido, resultan “especialmente destacables” los casos “del solar de Superser y de la parcela de Azpilagaña Sur, a los que se une el desarrollo comercial del valle de Egüés publicado recientemente, “ya que en el resto de casos parece esperable un redimensionamiento respecto de la propuesta inicial”.
CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS
Por todo ello, hicieron hincapié en que las actuaciones y políticas públicas, entre otras el ejercicio de la potestad de planeamiento municipal, “deberían ajustarse” a los siguientes principios y determinaciones legales: la subordinación de los usos del suelo y de las construcciones al interés general; la implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios; el mantenimiento del sistema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de pueblos y ciudades; el crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales, “aspirando a un desarrollo sostenible del entorno urbano y en cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible y cohesionado”; la potenciación de un modelo de ciudad compacto, “en el que exista una armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales”; la dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades comerciales: y la reducción de la movilidad “con la finalidad de evitar los desplazamientos innecesarios”.
“Actualmente, disponemos en Pamplona de una superficie comercial en activo de 412.797 m2, lo que supone una superficie aún inferior a la que se encuentra vacía (477.483 m2). Es decir, la tasa de ocupación de la superficie comercial de Pamplona es inferior al 50 %. Este modelo provoca una profunda reconversión del valor comercial de los locales, aumentando el valor de la superficie comercial en la periferia al tiempo que disminuye el valor comercial del centro de la ciudad y sus barrios. El valor inmobiliario se traslada de los pequeños propietarios a grandes fondos de inversión y multinacionales”, remarcaron.
En consecuencia, las asociaciones volvieron a demandar que el Gobierno de Navarra impulse el desarrollo de la Ley Foral de Comercio de Navarra (LF 17/2001), así como la incorporación al ordenamiento jurídico navarro y posterior desarrollo de planes territoriales sectoriales que materialicen los principios rectores de la ley.
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