El Consejo de Ministros autorizó este martes la firma del segundo convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Administración de Navarra para la ejecución y financiación del Canal de Navarra. El acuerdo, según informó el Ejecutivo central, actualiza el marco jurídico, técnico y financiero de colaboración entre ambas administraciones y establece las condiciones para continuar el desarrollo de esta infraestructura hidráulica, declarada de interés general por la Ley 22/1997, de 8 de julio.
El proyecto, cuya construcción y explotación se articulan a través de la sociedad pública Canasa, cuenta con un presupuesto total de 850 millones de euros, sin incluir el IVA ni los gastos financieros. De esta cantidad, 495,6 millones corresponden a actuaciones ya ejecutadas, que comprenden la primera fase, su ampliación y las centrales hidroeléctricas asociadas. Los 354,4 millones restantes pertenecen a la segunda fase, pendiente de ejecución.
El convenio mantiene el modelo de financiación compartida entre ambas administraciones. En este sentido, el 50 % de la inversión se cubrirá mediante aportaciones al capital social de Canasa, con una participación del 60 % de la Administración General del Estado y del 40 % de la Comunidad foral. El 50 % restante se financiará mediante préstamos bancarios, cuya amortización se realizará a través de las tarifas abonadas por los usuarios del agua.
En este marco, ambas administraciones tienen pendiente una aportación adicional de 63,3 millones durante 2026, que se materializará mediante una ampliación de capital de Canasa. De esta cantidad, 38 millones corresponderán al Estado y 25,3 millones a Navarra.
«El acuerdo establece también los compromisos de ambas administraciones para facilitar la ejecución de las actuaciones y reforzar la viabilidad económica del proyecto. El Estado participará en su financiación e impulsará las medidas necesarias para su desarrollo, mientras que Navarra pondrá a disposición los terrenos necesarios para las obras y la reposición de los servicios afectados, asumiendo las funciones de Administración expropiante», agregó el Gobierno español.
Asimismo, la Comunidad foral promoverá la prórroga hasta 2068 de la cesión a Canasa de los aprovechamientos hidroeléctricos vinculados al sistema del embalse de Itoiz y, en todo caso, «hasta la completa amortización de las inversiones asociadas al Canal de Navarra». También se contempla aplazar la devolución del anticipo económico concedido en concepto de usos expectantes al periodo comprendido entre 2055 y 2068. El convenio tendrá una vigencia de 42 años, en atención al periodo necesario para recuperar los costes de las inversiones y cumplir los compromisos a largo plazo asumidos por ambas administraciones.













