El Gobierno de Navarra aprobó este miércoles un acuerdo por el que se asume el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo foral y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad foral, así como el de conducta y principios éticos de los empleados públicos. Asimismo, se aprueba el modelo de Plan de Medidas Antifraude en el marco de la gestión de los proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
«El plan aprobado se constituye como un patrón con el que los departamentos puedan construir rápidamente su propio traje adaptado a la realidad organizativa en la que se desenvuelve su actividad y las características concretas de los instrumentos de gestión que utilizan», indicó la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, en rueda de prensa.
Este compromiso, según Saiz, «redunda en el firme propósito de este Gobierno de trabajar con la máxima transparencia en todo lo relativo a la toma de decisiones en torno a la llegada de los fondos europeos del MRR». Por otro lado, «la aprobada ha de servir también para ofrecer tranquilidad a la ciudadanía en el convencimiento de que todas las herramientas para que se cumpla la legalidad están activadas».
El texto, según informó el Gobierno navarro, responde a la obligación marcada por Europa, para las Entidades Ejecutoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de aprobar un Plan de Medidas Antifraude. El objetivo es garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes «se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses».
Así, cada departamento del Gobierno de Navarra deberá formular un Plan de Medidas Antifraude, que responderá a un esquema de diseño común «que garantice un tratamiento homogéneo de las situaciones que pueden ser fuente de fraude, corrupción o conflicto de intereses».
«Ello permitirá aplicar criterios estándar para evaluar la calidad de los sistemas de gestión existentes en el ámbito de cada departamento, permitiendo la adopción de medidas correctoras o procedimientos específicos de control adaptadas a situaciones concretas», señaló el Ejecutivo foral. Para la definición de la estructura y contenido de los planes departamentales, se ha partido de las orientaciones elaboradas al respecto por la Secretaría General de Fondos Europeos, «y se plantea la utilización de las herramientas metodológicas de análisis de riesgo de fraude que ya vienen siendo empleadas por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo».
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