Quince folios en los que ambas partes ha reflejado sus puntos coincidentes en los tres temas claves para echar a andar la negociación sobre la futura relación de ambas partes tras el 29 de marzo de 2019.
El principio de acuerdo fue anunciado, con evidente satisfacción, el pasado viernes 8 de diciembre. Después, eso sí, de una salida en falso ese mismo lunes. Parecía que todo estaba sellado para principios de semana. Hasta el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, se felicitaba por ello en las redes sociales. Pero no. Lo que parecía atado y bien atado, de pronto se deshizo. Los socios de gobierno de Theresa May, los unionistas de Irlanda del Norte, ponían el grito en el cielo. No habían contado con ellos y no respaldarían un acuerdo en esos términos. Marcha atrás y vuelta a empezar en una carrera contrarreloj, pues la Unión Europea había lanzado un ultimátum: el acuerdo debía llegar, como tarde, el 8 diciembre. El sprint final dio sus frutos y, en plazo, se anunció un “Informe Conjunto sobre los Progresos” en la primera fase de la negociación.
Pero, ¿cuáles son esos progresos? ¿Qué acuerdos han alcanzado la UE y Reino Unido? Sobre la mesa estaban los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y los británicos residentes en alguno de los 27 Estados miembros, la peculiar situación de Irlanda del Norte y la factura económica que Reino Unido deberá pagar para sufragar los compromisos adquiridos durante su permanencia en la UE. Las diferencias entre ambos eran notorias. Pero, finalmente se logró un principio de acuerdo.
La ‘factura’, más cerca de las demandas europeas
Ha sido el caballo de batalla en esta negociación. Analizar si Reino Unido debía pagar o no por los servicios recibidos y los compromisos presupuestarios adquiridos durante su permanencia en la UE y a cuánto debería ascender esa cuantía ha sido abiertamente debatido dentro y fuera del país. Obviamente, los británicos eran partidarios de no abonar nada. La UE, por su parte, reclamaba alrededor de 60.000 millones de euros. En este tira y afloja, a finales de noviembre, el Gobierno británico planteó una cifra que podría rondar los 45.000 millones de euros, tal y como anunciaron The Daily Telegraph y Financial Times, entre otros medios.
No obstante, el acuerdo suscrito no recoge una cuantía expresa. Más bien establece la metodología para el cálculo de esa cifra. En un discurso político y conciliador, el informe establece que ningún estado miembro va a pagar más o recibir menos por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, reconoce que Reino Unido debe pagar su parte de los compromisos alcanzados durante su permanencia en la UE. Y, por último, destaca que ese pago no debe suponer más dinero del que le hubiera supuesto si siguiera en la Unión ni tampoco que deba abonarlo antes de lo que le hubiera correspondido al estar dentro. Es en este último punto en el que radican las claves de la negociación. No habrá un único pago, ni se realizará en el momento de abandonar la UE el 29 de marzo de 2019.
El Reino Unido pagará hasta 2020 a la UE
El documento rubricado por ambas partes establece que Reino Unido “contribuirá y participará en los presupuestos europeos de 2019 y 2020”. De esta forma, seguirá recibiendo fondos europeos de los programas cuya duración vaya del 2014 al 2020. Además, contribuirá a las obligaciones adquiridas por la UE hasta el 31 de diciembre de 2020 y seguirá participando en los programas de la Unión en el extranjero, como los fondos de desarrollo.
En su comparecencia ante la prensa, May insistió en que se trataba de un “acuerdo justo” para los contribuyentes británicos “que pronto verán importantes ahorros comparado con seguir permaneciendo en la UE”. “Seremos capaces de usar ese dinero para invertir en nuestras prioridades”, sentenció.
Irlanda del Norte, la ‘patata caliente’
La peculiaridad de este territorio, la huella de la violencia terrorista y el posterior acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 hacen complicado conciliar la ausencia de fronteras con el abandono de Reino Unido del mercado único y de la Unión Europea. Pero, el acuerdo trata de alcanzar una solución aceptable para todos. Por de pronto, Reino Unido se compromete a respetar los acuerdos de paz, a que no exista una “frontera dura”, incluyendo “cualquier infraestructura física o controles” que limite el territorio y a “proteger la cooperación” entre Irlanda e Irlanda del Norte. Pero, al mismo tiempo, recuerda “su compromiso de preservar la integridad de su mercado interno y el lugar de Irlanda del Norte dentro de él”. Algo, a priori, nada sencillo.
Son las líneas básicas de un proceso que requiere, tal y como precisó el negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, “desarrollar soluciones creativas que funcionen”, labor que se realizará en la segunda fase de las negociaciones entre la UE, Reino Unido y la especial implicación del gobierno irlandés. “Nadie debe subestimar las dificultades a las que nos enfrentamos en este asunto. Para tener éxito, no sólo necesitamos ser flexibles e imaginativos, también necesitamos mostrar un sentido colectivo de responsabilidad”, añadía. Cualquier solución, apuntó Barnier, debe pasar, en cualquier caso, por “el respeto a la integridad del mercado único y la unión aduanera, que son la base de la UE”.
Los derechos ciudadanos, prioritarios
Buena parte del documento consensuado tiene como objeto dilucidar cómo quedarán los derechos de los ciudadanos europeos que ahora residen en Reino Unido y de los británicos en la UE, que suman más de cuatro millones de personas. “Con este acuerdo garantizamos que sus derechos no variarán después del Brexit. Hablamos del derecho a vivir, trabajar y estudiar en otro país, del derecho a la reunificación familiar, de la protección de los derechos de los niños y del derecho a la sanidad, las pensiones y otros beneficios sociales”, apuntaba Jean Claude Juncker. “Nos hemos asegurado de que los procesos administrativos serán baratos y simples”, añadía. La clave estará en que Reino Unido se compromete a trasladar a su legislación los acuerdos que se alcancen sobre los derechos ciudadanos y que el Tribunal de Justicia de la UE “será el último árbitro en la interpretación de la legislación europea”. Asimismo, los tribunales británicos podrán acudir, si lo desean, al Tribunal europeo para solicitar aclaraciones de las leyes en caso de duda, durante un tiempo determinado que podría ser de ocho años.
Se trata, sin duda, de un primer paso hacia el acuerdo final, que deberá estar listo para octubre de 2018, de forma que pueda ser rubricado por Reino Unido y los países miembros antes de la efectiva salida de la Unión de las islas británicas el 29 de marzo de 2019. “Déjenme ser claro. Aún queda mucho trabajo por hacer”, confesaba Juncker. “Éste no es el acuerdo de salida, pero vamos paso a paso, sobre la base de la confianza y la determinación y con la perspectiva de una renovada amistad”, añadía. Por su parte, Theresa May reconoció que el acuerdo del día 8 era “un gran paso hacia adelante”, pero advirtió que el proceso que viene “no será fácil”. Y recordó: “No hay nada acordado hasta que todo esté acordado”.
