UGT ha puesto en el ojo del huracán, especialmente, en las subcontratadas “que realizan obras para la Administración y en aquellas que carecen de representación sindical”. Concretamente ha señalado “las empresas que realizan trabajos para la ampliación del pantano de Yesa, así como las que han realizado trabajos para las obras del Canal de Navarra”
Así lo ha indicado Lorenzo Ríos junto al responsable de Construcción del sindicato, Demetrio Muñoz, quien ha remarcado que “la Administración tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo”. De la misma manera, ha apuntado que “en las adjudicaciones a las empresas se debería velar por el cumplimiento de la normativa laboral en toda la cadena de subcontratación”.
Entre las malas prácticas denunciadas, “pactar pagar a los trabajadores un salario bruto por hora de 7 euros cuando el convenio establece un salario bruto por hora de 10,68 euros”. Bajo el punto de vista de los responsables sindicales, esta práctica “significa un grave incumplimiento del convenio colectivo, una explotación laboral, una ilegalidad por falsificación de nóminas y un fraude fiscal”.
“Es una competencia desleal hacia las empresas que cumplen el convenio, que está provocando una desregulación absoluta del sector de la Construcción y que probablemente busca la desaparición del convenio económico sectorial”, sostienen desde la UGT
MODELO ECONÓMICO ERRÓNEO
Para el secretario general de FICA-UGT de Navarra, se está aprovechando el “alto desempleo en el sector”, que ha perdido en nuestra Comunidad más de 20.000 empleos durante la crisis, de manera que a los trabajadores se les plantea “unas condiciones draconianas, impuestas, tercermundistas” porque, de no aceptarse, “hay un ejército de trabajadores desempleados dispuestos a trabajar”.
Por todo ello, Ríos ha rechazado “un modelo de crecimiento económico basado en un desarrollo de infraestructuras en el que se incumple sistemáticamente los derechos laborales, porque eso lo que provoca es desigualdad, falta de cohesión social y un individualismo” que, bajo su punto de vista, es “incompatible con el respeto a la seguridad, la salud y los derechos laborales de los trabajadores” en un sector, además, “con altas cotas de siniestralidad”, ha sentenciado.
