Toda operación en bolsa entraña un riesgo. Las acciones pueden subir o bajar, sin que en muchos casos exista una explicación empresarial que lo apoye. Pero, asumiendo este riesgo como algo inherente al mercado, con lo que nadie cuenta es que una mañana te desayunes leyendo en los medios que donde antes tenías acciones por determinado valor en una entidad bancaria, ahora han desaparecido.
Esto es lo que ha ocurrido con los miles de accionistas del Banco Popular tras la operación de venta al Banco Santander. El pasado martes, el Banco Central Europeo, a través del Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) procedió a la “resolución del banco”, esto es, amortizar las acciones a valor cero, destituir su consejo de administración y venderlo al Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Una operación de compra que garantizaba la continuidad del banco, su liquidez y que los depositantes conservaran su dinero, todo ello sin necesidad de recurrir a fondos públicos. Pero nadie tuvo la menor consideración respecto de los accionistas de la entidad, de aquellos que habían confiado sus ahorros invirtiéndolos en el banco, y que de golpe y porrazo lo habían perdido todo.
Hay una cuestión relevante que no debemos olvidar: en junio de 2016 el Banco Popular procedió a ampliar capital por valor de 2.500 millones de euros
Superado el susto inicial, lo cierto es que los accionistas no tardaron en movilizarse, en primer lugar para exigir respuestas sobre las muchas dudas que planean en este asunto.
La primera, la posible manipulación de la cotización de las acciones del banco por parte de determinados accionistas, con un eventual abuso de mercado por su parte.
La segunda, el papel que jugó la CNMV en el control de dicha operación, sobre la que la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) puso sobre aviso mediante un escrito que no obtuvo respuesta.
La tercera, el papel del Banco de España en su labor de supervisión del mercado financiero ante la quiebra de una entidad en teoría solvente como era el Popular.
Y la cuarta, obviamente, la actuación de los administradores del banco en la gestión de la entidad, cuando menos incompetente a la espera de concretar su actuación.
Hay una cuestión relevante que no debemos olvidar: en junio de 2016 el Banco Popular procedió a ampliar capital por valor de 2.500 millones de euros para terminar de sanear la entidad y elevar el nivel de solvencia. Fueron miles las personas que acudieron a dicha operación (que por cierto contó con el visto bueno de los reguladores españoles), algunos incluso llegaron a contar con préstamos de la propia entidad para suscribir las acciones. A fecha de hoy, mantienen sus préstamos pero no el objeto de la compra.
En este momento está abierto un proceso de investigación y análisis de lo ocurrido por parte de accionistas, de asociaciones, de despachos de abogados y, suponemos que dentro de poco también por parte de la Fiscalía. Cuestiones como si se facilitó o no una información real al mercado sobre el estado de las cuentas previo a la ampliación de capital, si se pasó por alto la necesidad de dejar claro cuestiones como si se supervisó correctamente la veracidad de dicha información y cuál fue el papel de los administradores en todo este proceso, deben de quedar perfectamente aclaradas y expuestas a la opinión pública.
Se abre ahora un proceso de investigación de lo ocurrido y de su resultado se determinará la actuación de cada uno (supervisores, organismos europeos, administradores…)
Del resultado de dicha investigación podrán derivarse diversas responsabilidades: el papel de los organismos supervisores españoles (Banco de España, CNMV, Ministerio de Economía…), de los organismos europeos (Banco Central), de los administradores pasados y presentes del Banco Popular, de inversores institucionales que realizaron determinadas operaciones sospechosas… todo lo ocurrido deberá ser examinado minuciosamente para determinar la actuación de cada uno, el efecto que tuvo en el resultado final y por tanto la responsabilidad (administrativa, civil, política o incluso penal) que les pueda corresponder.
Una vez analizados los hechos, deberán ser los Tribunales de Justicia quienes tendrán que aclarar la situación e imponer el Derecho sobre cualquier posible abuso que se haya podido cometer, para que los que han salido perjudicados por esta actuación puedan ver resarcido su perjuicio.
Arturo del Burgo
Socio-Director Cremades & Calvo Sotelo Pamplona
