A finales de 2016, y como suele ocurrir todos los años, el Parlamento Foral aprobó una gran batería de modificaciones en materia fiscal. De entre ellas, destaca por su importancia y volumen una nueva y completa Ley del Impuesto sobre Sociedades que introduce nuevas medidas, entre las que vale la pena resaltar la contenida en el artículo 62 de esa Ley.
Su origen ya alberga esperanzas, pues fue introducida vía enmienda por el “cuatripartito”, coincidiedo simultáneamente con otra enmienda similar de UPN, y fue apoyada mayoritariamente por los grupos parlamentarios, lo cual nos induce a pensar que hay ocasiones en las que las buenas ideas pueden salir a flote por encima de los colores de los diferentes partidos.
Se trata de un incentivo que permite conectar de manera eficiente a aquellas empresas que tienen capacidad para financiar proyectos y que cuentan con cuota a pagar en su impuesto personal con las entidades que realizan proyectos de I+D+i que necesitan financiación y que su cuota de impuesto no permite aprovechar las deducciones que generan por este concepto. Bajo todos los puntos de vista, lo que se conoce como un ‘WIN-WIN’ en el ámbito empresarial, una fórmula con la que todas las partes resultan beneficiadas.
SOLUCIÓN A UN PROBLEMA FRECUENTE
Tradicionalmente, el problema ha venido siendo que la I+D+i contaba con un potentísimo incentivo fiscal que era generado por los que realizaban los proyectos, pero a la hora de la verdad, cuando iban a descontar la deducción de su cuota impositiva, muchos de ellos se encontraban con que, como es normal en esas fases del proceso, no habían generado beneficios y, por tanto, no había cuota de la que descontar el incentivo, acumulando deducciones para el futuro y perdiendo toda la potencia del beneficio fiscal justo cuando más falta hacía.
Esto era particularmente sangrante para las pequeñas empresas y, por ello, ya desde el 2011 se introdujo para éstas la “monetización” parcial de la deducción, de forma que podían recuperar anualmente hasta 100.000 euros, vía devolución de Hacienda, aunque no tuvieran cuota a pagar.
UNA DEDUCCIÓN MÁS EFECTIVA Y REAL
Ahora, con esta nueva medida, que fue implantada a mediados del año pasado en Vizcaya y, a finales, en Guipúzcoa, se da un importante paso hacia adelante en la “monetización” de la deducción
El incentivo significa, grosso modo, que una entidad que realicen proyectos de I+D, siempre que cumpla una serie de requisitos formales y de calificación de esos proyectos, tendrá la posibilidad de obtener recursos privados de otras empresas para financiar esos proyectos a cambio de cederle la deducción por I+D que genere hasta un máximo de 1,2 veces la financiación aportada.
En definitiva, una empresa con capacidad de deducción pero que no hace I+D financia proyectos de esta índole realizados por entidades y empresas que generan esta deducción, pero que normalmente no la pueden aprovechar por insuficiencia de cuota. La retribución de esa financiación está en que el financiador aprovechará la deducción generada por el realizador del proyecto.
¿Y dónde debería conducir todo este proceso? En nuestra opinión, a que la actual deducción por I+D+i sea mucho más efectiva y real, permitiendo ser aprovechada de verdad y no quedarse en algo aparente
También, a que se genere más financiación y más interrelación entre empresas para la realización de desarrollos tecnológicos con efectos de atracción de nuevos proyectos, lanzamiento al mercado de productos y servicios avanzados, generación de actividad y empleo cualificado en Navarra e incremento global de la participación del PIB en I+D, todos ellos objetivos estratégicos seguramente compartidos por todos. Y, además, sin que nominalmente haya aumentado la deducción, simplemente haciéndola más efectiva.
Ahora toca desarrollar el incentivo. Es novedoso y suscita algunas dudas que habrá que ir puliendo. El papel de Hacienda y de los asesores es aquí fundamental. Estos últimos, atendiendo a las cuestiones que se generen y asesorando en la calificación de los proyectos y en las formalidades y aplicación de las deducción.
Por su parte, Hacienda, marcando los criterios y cuidando la aplicación. Todo ello para conseguir la suficiente seguridad jurídica para que los financiadores entren en este mecanismo con un retorno que no se vea afectado por incertidumbres en la aplicación del incentivo. Esto es fundamental para que funcione.
Veremos, por tanto, lo que da de sí esta medida. Pero a priori, la valoración solo puede ser positiva. Y, de su desarrollo y de su aplicación racional, generadores de su seguridad jurídica, dependerá en buena medida su éxito
José María Zabala
Fundador y director general de Zabala Innovation Consulting
