Responsables de Randstad han presentado recientemente el informe titulado “Flexibilidad en el Trabajo 2014” en el que analizan el fenómeno del empleo sumergido así como las causas que lo impulsan. Para dichos autores, está claro que entre uno de esos factores se encuentra la corrupción del sector público que, en el caso de España, ha aupado el trabajo no declarado hasta la insólita cifra de los 190.000 millones de euros esto es; un dieciocho por ciento del Producto Interior Bruto, PIB, nacional.
Para llegar a estas conclusiones, Randstad ha realizado este informe en colaboración con la Universidad de Sheffield, Regioplan Policy Research y SEO Economic Reseach. El estudio utiliza como fuente organismos oficiales de los países analizados, así como Eurostat, la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.
Asimismo, sus autores se ajustan a la definición que Bruselas realiza del fenómeno “empleo sumergido” entendido como “cualquier tipo de actividad retribuida no declarada a las autoridades pertinentes”. En definitiva, se trata de un tipo de trabajo que obstaculiza la recaudación fiscal, perjudica al sistema de seguridad social y fomenta la competencia desleal.
Pues bien, a partir de aquí, el citado informe “Flexibilidad en el Trabajo 2014” concluye que que la economía sumergida y el empleo no declarado en España representan un 18,6 por ciento de Producto Interior Bruto, PIB, lo que duplica las tasas de otros países del entorno como Francia o Reino Unido, ambas por debajo del diez por ciento.
A nivel nacional, este porcentaje supone más de 190.000 millones de euros en España. Por su parte, en el ámbito internacional, más de 1.800 millones de personas están empleadas en esta situación, lo que supone un sesenta por ciento del total de trabajadores (3.000 millones), según datos de la OCDE incluidos, a su vez, en el trabajo promovido por Randstad.
En Europa, la economía sumergida derivada del empleo no declarado se sitúa, como media, en el dieciocho por ciento. Este dato se debe al mayor número de personas en esta situación laboral en los países orientales, como Bulgaria, Rumanía o Hungría, donde la economía sumergida representa el treinta y uno por ciento en el primer caso y el veintiocho para los otros dos.
En el otro lado de la balanza, por su parte, se situán los países centroeuropeos con Luxemburgo a la cabeza con apenas un 7,5 por ciento seguido por Austria o Países Bajos con un 9,1 por ciento. En el caso de Alemania, la economía sumergida supone el trece por ciento del PIB.
Más allá de Europa, se han analizado los cinco países con rentas más elevadas de la OCDE: Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, todos ellos con índices por debajo del diez por ciento, a excepción de Canadá, donde este tipo de actividad alcanza el 10,8 por ciento. Estados Unidos es el país con el menor volumen de empleo no declarado, con un 6,6 por ciento respecto a su PIB, lo que supone una tercera parte de los datos de España (18,6 por ciento, recordemos).
LAS CAUSAS Y ALGUNA CONCLUSIÓN LLAMATIVA
Analizadas las grandes cifras, los autores del estudio han querido profundizar y descubrir los motivos que justifican estos números y han coincidido en un factor fundamental: la corrupción del sector público impulsa y promueve la práctica del empleo no declarado. Para justificar esta afirmación, en Randstan, explican que la lucha contra la economía sumergida viene determinada por el modelo de estado y de gobierno en cada país.
De esta manera, aseguran los promotores, existen dos modelos diferenciados, el liberal y el estructuralista, que proponen diversas medidas. La postura liberal defiende una menor presión tributaria, la desregulación y la intervención estatal mínima para frenar la economía sumergida. El estructuralista, por su parte, aboga por mayor regulación estatal del mercado laboral, más protección social y la eficiencia en la intervención del gobierno.
El estudio “Flexibilidad en el Trabajo 2014” pone de manifiesto que varios indicadores, como la corrupción, influyen de manera directa en el volumen de empleo no declarado. Así, su conclusión es clara: niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia de trabajo no declarado en el mercado laboral.
¿Por qué? Porque el empleo sumergido supone una vía de escape para quienes se enfrentan a la corrupción cuando tratan de desarrollar su actividad profesional dentro de la legalidad. Por el contrario, una intervención estatal que implique el desarrollo de políticas de mercado de trabajo destinadas a proteger a los grupos más vulnerables consigue reducir de manera significativa el empleo no declarado.
Al margen del tema de la corrupción, del trabajo se pueden sacar dos lecturas muy llamativas. La primera acaba con uno de los grandes paradigmas del mercado laboral. Así, a través de este proyecto, sus autores afirman con toda rotundidad que, pese a lo que se creía hasta ahora, las cargas impositivas o fiscales en realidad no tienen relación directa con el volumen de economía sumergida.
Por último, “Flexibilidad en el Trabajo 2014” detecta que los países donde los servicios de empleo están regulados de una manera más eficiente presentan menores tasas de economía sumergida. Es decir, que en aquellas donde hay una reglamentación que fomenta un sector de servicios de empleo privados, el mercado laboral funciona mejor y, por lo tanto, hay menos empleo sumergido, concluyen los autores del informe promovido por Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos.
Todos aquellos en poder descargarse el informe que se cita en este artículo pueden hacerlo en este enlace
