Los participantes en este proceso, 400 de Tudela y 100 de la Burunda, serán seleccionados según diferentes criterios como ser personas desempleadas de larga duración (entre 1 y 2 años), pertenecer a grupos vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, extranjeros, etc.), percibir la renta de inclusión social, recibir algún subsidio de desempleo que esté a punto de agotarse, no recibir ninguna prestación y encontrarse en riesgo de exclusión social, o tener una razonable capacidad de acceder a un empleo.
Todas ellas deberán firmar un acuerdo recíproco de inclusión social, según el cuál el servicio público se compromete a realizar, en un plazo concreto, un diagnóstico de las necesidades de cada persona y una oferta de itinerario de formación, que será supervisado. Por su parte, la persona beneficiaria deberá participar en este itinerario, pactado y adaptado a sus necesidades.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha sido el encargado de exponer las líneas maestras de este proyecto piloto en una comparecencia a la que también han acudido el rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena; el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte; y el presidente de la Mancomunidad de Sakana, Francisco Javier Paz.
En total, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 470.000 euros, de los que 350.000 han sido aportados por las instituciones públicas y 120.000 por la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja Navarra, a partes iguales. Además, se ha solicitado financiación europea por importe de 1,4 millones de euros. Además del Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra, también se ha involucrado al Ayuntamiento de Tudela, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Alsasua, Olazagutía y Ziordia, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), las asociaciones de empresarios de la Ribera (AER) y de Sakana (AES), Cruz Roja, ANAFE, CCOO, LAB, el Consorcio Eder y la agencia de desarrollo de la Sakana.
TUDELA Y BURUNDA
Según los promotores, la selección de la ciudad de Tudela y de la comarca de la Burunda para llevar a cabo este proyecto piloto se debe a que ambas zonas cuentan con algunas de las tasas más elevadas de Navarra en cuanto a paro y a perceptores de la renta de inclusión social.
Desde agosto de 2008 a agosto de 2015, el desempleo ha incrementado en la Burunda un 105 por ciento y en Tudela un 91 por ciento, mientras que en el conjunto de Navarra ha sido del 71 por ciento. Por su parte, las personas perceptoras de la renta de inclusión social han aumentado un 440,74 por ciento en Tudela durante los últimos siete años, y un 270 por ciento en Alsasua, Olazagutía y Ziordia. En toda Navarra se han incrementado un 399 por ciento.
A partir de ahí, el fin último de este proyecto, denominado “Refuerzo del derecho a la inclusión social a través de la integración de servicios”, es ofrecer una prestación integrada de servicios sociales y de servicios de empleo a 500 ciudadanos en riesgo de exclusión a través de la gestión individualizada de sus situaciones.
Esta iniciativa comenzará el próximo año y cuando finalice será evaluada comparativamente con otros municipios de Navarra para determinar en qué medida los nuevos modelos de intervención social que se pongan en marcha consiguen los resultados esperados. Se prevé que sea en verano cuando se incorporen al programa, de forma progresiva, las 500 personas participantes.
Para llevarlo a cabo, el Gobierno de Navarra parte de la premisa de que reforzar la protección social, a través de la renta de inclusión por ejemplo, “no va a desincentivar el retorno al empleo si al mismo tiempo se refuerzan y adaptan los servicios que favorecen el acceso al empleo”, como es el caso de la formación.
Además, esta experiencia aprovecha la circunstancia de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales incluye las competencias de empleo y servicios sociales, cuestión que permite acometer de manera más ágil las reformas administrativas que sean necesarias.
Este proyecto piloto ha sido diseñado mediante un proceso de participación con los agentes implicados y se ha articulado a través de la cooperación entre el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, las entidades locales implicadas, el Servicio Navarro de Empleo, los servicios sociales, los equipos de inserción sociolaboral (EISOL), las asociaciones empresariales, las agrupaciones sindicales y entidades sociales de la zona.
OTROS OBJETIVOS
Además de mejorar el acceso al empleo de las 500 personas que participen en este proyecto piloto, el Gobierno de Navarra pretende diseñar y evaluar un nuevo modelo de atención para la población vulnerable desempleada a través de una intervención coordinada e individualizada para cada caso de los servicios sociales y de empleo.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales también quiere con esta iniciativa identificar y comprobar posibles reformas de la renta de inclusión social que consigan una mejor protección y una gestión administrativa más flexible, simplificada y eficiente.
Otros de los objetivos de este proyecto son el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema de planificación de políticas activas de empleo a nivel local mediante la alianza de agentes públicos y privados; la evaluación de resultados para tomar posteriormente decisiones políticas en este ámbito de intervención; y extraer lecciones o recomendaciones que puedan ser útiles a otras administraciones.
