La transición energética también puede construirse desde un taller de bicicletas, desde una red de calor compartida en un pequeño municipio o desde un campo agrícola cubierto parcialmente de placas solares. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó este miércoles la sesión ‘Proyectos inspiradores de comunidades energéticas en acción’, celebrada en Pamplona dentro el marco del IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes. La mesa, moderada por la directora del Servicio de Transición Energética, Esperanza Aristu, reunió cuatro experiencias muy distintas, pero conectadas por una misma idea: convertir la energía en una herramienta social y comunitaria.
Uno de los testimonios más singulares fue el de Santiago Cordón, de Recicleta Ribera. En once años, esta asociación ha puesto en circulación más de 1.100 bicicletas recuperadas de residuos o abandonadas, evitando así emisiones y ofreciendo alternativas de movilidad a personas con pocos recursos. «Nos dimos cuenta de que ya éramos una comunidad energética sin saberlo», afirmó antes de definir a Recicleta como «una pequeña minicentral invisible de energía». En ese sentido, la organización cuenta con diez voluntarios que reparan bicicletas para personas inmigrantes que llegan a la Ribera sin recursos. «Esas bicicletas son su medio para ganarse la vida», relató.
De izquierda a derecha: Esperanza Aristu, Santiago Cordón, Janet Torrea, Anabel Gutiérrez y Olatz Nicolás.
La asociación también desarrolla actividades educativas en colegios a través de la iniciativa ‘Doctor de bicicletas’, con la que enseñan a niños y niñas a reparar sus propios vehículos. Además, impulsa un programa de donación permanente para menores que no disponen de una: «Les hacemos una donación de por vida, cambiándola según van creciendo».
La segunda intervención trasladó el debate hacia el aprovechamiento energético de los bosques navarros. Janet Torrea, de Trilumak Estudios Ambientales, presentó un informe sobre biomasa forestal y aseguró que la Comunidad foral cuenta actualmente con 546 millones de árboles y una importante capacidad de generación forestal anual. Tras analizar los aprovechamientos sostenibles de la última década y descontar las necesidades prioritarias de madera para construcción o mobiliario, el estudio concluye que la biomasa disponible permitiría suministrar calefacción y agua caliente a unas 24.000 viviendas unifamiliares o a cerca de 47.000 viviendas medias.
Desde una perspectiva más urbana, la investigadora de Tecnalia Olatz Nicolás presentó el caso de la comunidad energética del barrio de Santa Ana, en Ermua, desarrollada dentro del proyecto europeo Drop. Tras tres años de trabajo, el resultado es una asociación formada por 45 viviendas, tres locales comerciales y el propio colegio sobre cuya cubierta se instaló la infraestructura fotovoltaica. Además, ya existe una lista de espera con más de veinte viviendas interesadas en incorporarse. «No es algo que haya acabado ya, sino una semilla que hemos sembrado para seguir haciendo diferentes proyectos», resumió la investigadora.
Autoridades y organizadores del IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas y el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes.
La sesión concluyó con la intervención de Anabel Gutiérrez, responsable del Área de Energía en Sapiens Energía, quien introdujo el concepto de ‘Agrivoltaica‘ como fórmula para compatibilizar producción agrícola y generación eléctrica en un mismo terreno. «Imaginad una hectárea capaz de producir energía para mil personas y alimentos para toda una comunidad», planteó al inicio de su exposición. La ingeniera explicó que este modelo combina placas solares elevadas con cultivos debajo de ellas, duplicando el rendimiento del suelo y favoreciendo productos agrícolas de alto valor añadido.
La responsable de Sapiens Energía resaltó especialmente el impacto del nuevo marco regulatorio aprobado recientemente, que amplía de 500 metros a cinco kilómetros el radio permitido para compartir energía en instalaciones situadas en suelo rústico. «Por primera vez, el pueblo y el campo pueden estar integrados en el mismo modelo», subrayó abriendo la puerta a proyectos que puedan abastecer incluso a varios municipios.
APERTURA INSTITUCIONAL
Previamente, Mikel Irujo, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, apuntó que el número de comunidades energéticas establecidas en Navarra es de doce por cada 100.000 habitantes, seis veces más que el índice nacional, y que «el 3 % de la electricidad consumida en la región procede del autoconsumo». Estas cifras sitúan a la Comunidad foral como líder en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Ante los más de 300 profesionales y ciudadanos vinculados a la transición energética presentes en Baluarte, Irujo dijo que las comunidades energéticas «se han consolidado como un actor estratégico dentro del sector eléctrico». Y mencionó el Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado con motivo de la guerra iniciada en Oriente Medio. Dicha modificación refuerza el desarrollo de este tipo de iniciativas, ya que incluye el compromiso de establecer «en un plazo próximo» un marco jurídico que las regule.
Para Mikel Irujo, las comunidades energéticas «se han consolidado como un actor estratégico dentro del sector eléctrico» de la Comunidad foral.
En este contexto, el consejero situó las comunidades energéticas como «un agente clave que permite acercar la transición energética a la ciudadanía haciéndola partícipe activa de este proceso». También defendió «el compromiso» demostrado por el Gobierno de Navarra en mantener las convocatorias de ayudas a las comunidades energéticas, a las que se han concedido más de 3,2 millones de euros desde el año 2023.
A la vista de estos números, la región ha establecido, en palabras de Irujo, «un entorno especialmente favorable» para este tipo de iniciativas. Un ecosistema sustentado en tres ejes fundamentales: instrumentos de financiación representados en ayudas directas y deducciones fiscales; una legislación «pionera y plenamente favorable» para este modelo; y las oficinas de la OTC Navarra, gestionadas por Nasuvinsa, para facilitar a los promotores acciones de acompañamiento y asesoramiento.
ENCUENTRO ESTATAL DE OFICINAS VERDES
Como novedad, el IV Congreso Europeo de Comunidades Energéticas incorpora, en coordinación con el Ayuntamiento de Pamplona, el II Encuentro Estatal de Oficinas Verdes, que se celebra este jueves. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, es la encargada de abrir la segunda jornada.
En este sentido, el segundo teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Consistorio, Joxe Abaurrea, valoró este miércoles la importancia de esta convocatoria cuyo objetivo pasa por que «la ciudadanía continúe liderando la transición energética y avanzando hacia una mayor independencia energética para mitigar el cambio climático».
Joxe Abaurrea destacó que Pamplona ya cuenta con siete comunidades energéticas operativas «y que pronto se sumará una octava».
Abaurrea, en concreto, respaldó el trabajo que desempeñan los servicios orientados a la transición energética, entre los que citó las ya referidas oficinas verdes junto a las oficinas de barrio. Estas últimas, implementadas en colaboración con Nasuvinsa y Gobierno de Navarra, «fomentan la rehabilitación energética y el uso de energías renovables» para la adaptación y transición energética de las viviendas en línea con el Plan de Renovación de Edificios, llevado a cabo este año por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y con la directiva de eficiencia energética que exige a municipios de más de 40.000 habitantes elaborar un plan de implementación de redes de calor o frío
MÁS ALLÁ DEL AUTOCONSUMO
Una vez finalizada la apertura institucional, el congreso continuó con un amplio programa de ponencias, paneles y actividades. Una de las mesas redondas versó sobre la participación de las comunidades energéticas en proyectos a mayor escala y contó con la participación de Cristina Corchero, CTO-CISO de la spin off tecnológica Bamboo Energy y vicepresidenta segunda de la asociación Entra; Milagros Peña, investigadora en el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia; y Xavier Simón, responsable del Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) y secretario del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC).
Todos ellos pusieron de manifiesto que las comunidades energéticas poseen la capacidad para formar parte de iniciativas de mayor envergadura y que no deben quedarse únicamente como herramienta para el autoconsumo. «La maximización del autoconsumo debe ser el punto de partida, no el de llegada. Las comunidades energéticas deben contar con sistemas de almacenamiento y una gestión eficaz, a través de Inteligencia Artificial, que permita a sus miembros ser autosuficientes y sacar rendimiento económico de sus excedentes», coincidieron los ponentes.
La CTO-CISO de Bamboo Energy, especializada en maximizar la rentabilidad de la producción renovable mediante la automatización, defendió que las comunidades energéticas en España deben aspirar a adentrarse en mercados más amplios. «Deben ser actores locales y globales que jueguen un papel relevante en el sistema eléctrico. Para cumplir con este propósito, sus impulsores deben tener claro que el horizonte no se acaba con el autoconsumo, sino que las comunidades energéticas tienen la capacidad para erigirse como un activo que preste mayores servicios», comentó.
Más de 300 personas acudieron este miércoles a la primera jornada del congreso, que se celebra en Baluarte.
Corchero recordó que en países vecinos como Francia y Portugal existen grupos de consumidores organizados para suministrar a la red eléctrica los excedentes producidos en sus comunidades energéticas. ¿Y quiénes son las destinatarias? Empresas del sector industrial que han modificado sus fórmulas de consumo: «Cuentan con plataformas de gestión activa que, a través de softwares, son capaces de entender a tiempo real las necesidades de la red, conectan los distintos actores implicados en el proceso y envían señales entre ellos».
Por otro lado, la investigadora del ITE, centro que ayuda a las empresas a innovar en el sector energético, resaltó la labor de ocho cooperativas eléctricas de Valencia que, hace más de un siglo, se fundaron para satisfacer las necesidades energéticas de sus empresas agrarias e industriales. «Grupos de ciudadanos se organizaron y, con sus propios recursos, fueron capaces de conectarse a la red eléctrica del momento para ser autosuficientes», enfatizó. En la actualidad, estas cooperativas, que se han modernizado con placas fotovoltaicas, funcionan con la energía que generan y, además, abastecen a miles de vecinos de localidades cercanas a la capital valenciana. «Estas abuelas modernas son un ejemplo para aquellas comunidades energéticas que aspiran a ir más allá de una herramienta de autoconsumo», incidió.
Por su parte, Simón desgranó un proyecto europeo que está poniendo en marcha comunidades energéticas en las zonas rurales de Galicia. En concreto, la iniciativa ha fundado veintidós comunidades en «pueblos muy pequeños» con dos objetivos: el abastecimiento energético y generar un «impacto social y económico real» en esos territorios que padecen la despoblación. «Los proyectos no deben venir impuestos por grandes empresas de fuera. Sin participación colectiva y local, es muy difícil que esta infraestructura revierta positivamente en los vecinos», analizó.
Tras la mesa redonda, Gabriele Galassi, de la consultora internacional Ecorys y miembro de la Rural Energy Communities Advisory Hub (REACH) de la Comisión Europea, impartió una charla sobre las oportunidades de financiación que las instituciones comunitarias brindan a los ciudadanos que desean fundar una comunidad energética.
En concreto, se refirió a la European Energy Communities Facility (Enercom Facility), una iniciativa de la Unión Europea que apoya la creación y consolidación de comunidades energéticas. Galassi precisó que la segunda convocatoria subvencionará a 140 comunidades energéticas con 45.000 euros para cada una y les dotará de herramientas teóricas y prácticas para que implementen un plan de negocio. Por último, anunció los resultados de la primera edición: 73 comunidades puestas en marcha en veintitrés países distintos, doce de ellas en España; con 8.000 personas beneficiarias.
