Representantes del Círculo de Empresarios, junto a una treintena de profesionales del ámbito legal, han promovido el documento “La Calidad del Sistema Jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social” en el que se plantean diversas medidas para mejorar el funcionamiento y la calidad del sistema judicial español.
Así, entre otras medidas, se demanda mayores medios para impulsar la modernización tecnológica así como la coordinación que debe existir entre las distintas administraciones jurídicas presentes en nuestro territorio. Igualmente, se pide fomentar la mediación y el arbitraje para agilizar la resolución de conflictos.
Javier Vega de Seoane, como presidente del Círculo, ha afirmado que “una justicia más rápida, segura y con criterios claros y comprensibles debe ser un objetivo ineludible para un país que quiere crecer y progresar“. Siguiendo esa misma argumentación, se ha recordado que, entre los factores que las empresas consideran a la hora de planificar sus inversiones está “la eficiencia y calidad de un sistema judicial independiente que base sus decisiones en una normativa clara y estable”.
“Una justicia más rápida, segura y con criterios claros y comprensibles debe ser un objetivo ineludible para un país que quiere progresar”.
Por su parte, uno de los ponentes participantes del estudio, el ex-magistrado Pascual Sala ha hecho hincapié en el arbitraje “como un sistema alternativo al judicial en la resolución de conflictos”. En ese sentido, Sala ha defendido que hoy España cuenta “con una de las legislaciones arbitrales más modernas y completas del mundo”.
OTRAS RECOMENDACIONES
El trabajo del Círculo de Empresarios incide, por lo demás, en la necesidad de garantizar adecuadamente la seguridad jurídica “elemento crucial para el buen funcionamiento de la economía” y, también, aumentar el gasto público destinado a la Justicia Gratuita que, según los autores, “es insuficiente en comparación con la media de la Unión Europea“.
El Círculo rechaza la filtración a los medios del contenido de la instrucción porque supone “una clara conculcación del derecho de presunción de inocencia”.
Dentro del derecho de la competencia, “conviene asegurar que los jueces revisen con plenitud las cuestiones fácticas y jurídicas que las empresas plantean“, se señala par pedir a continuación cambiar la ley de Enjuiciamiento Criminal para encomendar al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos, en cooperación con la Policía Judicial.
Finalmente, el estudio rechaza la filtración a los medios del contenido de la instrucción lo que supone “una clara conculcación del derecho a la presunción de inocencia“, se apunta, al tiempo que se aboga porque “las normas sobre los plazos mínimos debieran ser escrupulosamente respectadas”.
A continuación, para todos los interesados, ponemos a su disposición un ejemplar del informe “La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social” del Círculo de Empresarios.
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