El pasado 30 de mayo, el presidente Pedro Sánchez anunció que el Gobierno central trabajaba en un plan de medidas para reactivar el sector del automóvil, que iba a ser presentado “tan pronto como sea posible”. Adelantó que el programa tendrá seis grandes pilares, basados a su vez en las reclamaciones de las patronales del sector, y que uno de ellos perseguía la renovación del parque de vehículos español, el más antiguo de Europa. Hay quienes hablan de un montante total de 400 millones de euros, pero este extremo no se ha confirmado todavía.
Al mismo tiempo y en este mismo sentido, de manera extraoficial, trascendió que el 2 de junio se aprobaría la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Plan Moves), dotado con 65 millones de euros y que contemplaría ayudas de más de 5.000 euros para la adquisición de vehículos eléctricos. Sin embargo, la decisión al respecto se ha pospuesto.
“Lo ideal sería que, cuanto antes, se desarrollaran planes de los gobiernos europeos para incentivar las ventas”.
Por lo que se conoce hasta el momento, entre los ejes del plan destacan, además del Plan Moves 2020, el fomento de la inversión para modernizar la fabricación de vehículos por parte de la industria automovilística española, con el fin de fomentar su competitividad.
En el fondo, subyace la necesidad de que las fábricas de coches españolas asuman la fabricación de los nuevos modelos alternativos, sobre todo eléctricos.
Los restantes pilares serían el impulso en I+D+i; una nueva fiscalidad para el sector automovilístico, que afectaría a los impuestos de matriculación y circulación (podrían unificarse y vincular su carga fiscal a las emisiones del vehículo); dotar de liquidez a las empresas, mediante líneas de financiación más allá de los avales del ICO; y medidas en el ámbito laboral para un sector que se ha destacado en los últimos años, desde la anterior crisis, por los planes de flexibilidad pactados entre empresas y sindicatos y que han servido de modelo para otros ámbitos empresariales.
Sin embargo, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto); la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales (Faconauto); y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) entienden que las ayudas de los vehículos eléctricos, un segmento que aún es residual, deben extenderse también a los modelos de combustión, cuyas emisiones se han reducido de manera muy significativa en los últimos años. Por eso, reclaman un plan ambicioso también en este ámbito.
“ALGO SE ESTÁ MOVIENDO”
La respuesta podría salir de las conversaciones que están manteniendo el Gobierno y las patronales, a las que se alude desde la dirección de Volkswagen Navarra. En la misma línea de lo manifestado en Capital Directo por el director general de Sernauto, José Portilla, en la planta de Landaben apuntan que “algo se está moviendo y en los próximos días podría haber alguna novedad al respecto”.
No obstante, la compañía urge a cerrar el acuerdo cuanto antes, también incluso por motivos comerciales de peso: “Si yo tengo la intención de comprar un coche pero se rumorea que va a haber ayudas, lo lógico es que espere. De modo que el efecto es que se puede estar ralentizando la compra por parte de algunos que ya estaban dispuestos a hacerla”.
“Las ayudas centradas en los vehículos eléctricos no son efectivas para el sector”.
En este escenario, “lo ideal sería que, cuanto antes, se desarrollaran planes de los gobiernos europeos para incentivar las ventas”, porque el 90 % de la producción de Volkswagen Navarra se destina, precisamente, a la exportación, sobre todo a Europa. “Poco a poco, los mercados van respondiendo, se han abierto ya los de Alemania, Francia, Gran Bretaña y también en España”, lo que ha posibilitado que desde el pasado 3 de junio la fábrica trabaje ya en dos turnos. “El mercado tiene que tirar para que podamos aumentar la producción porque fabricamos aquellos vehículos que ya han vendido nuestros concesionarios”, rematan las fuentes consultadas.
TALLERES Y CONCESIONARIOS
La Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos (ANTRV) está integrada en Faconauto. Su secretario general, Luis Ursúa, recuerda que el sector ha pedido dos tipos de medidas. Por un lado, ayudas a la compra de vehículos no dirigidas exclusivamente a los eléctricos, e incluso también para el mantenimiento y reparación de los elementos de seguridad, “como ya hubo en la anterior crisis”. A todo ello añade que la sustitución de los coches más antiguos por otros nuevos ayudará a reducir las emisiones de gases contaminantes y que viajar en el vehículo privado es más seguro que en el público para evitar contagios por el coronavirus.
Además, Ursúa reclama un Plan Renove “como el que ha hecho el País Vasco”, que contempla también ayudas para los vehículos de combustión: “Las ayudas centradas en los eléctricos no son efectivas para el sector”, insiste. En este ámbito, recuerda cómo su colectivo solicitó al Gobierno de Navarra que “limitara el número de ayudas para los vehículos eléctricos por empresa o por DNI con el fin de evitar lo que ocurrió en la anterior convocatoria de ayudas: que casi en un 70 % fueron para dos empresas”. Y alerta de un riesgo que existe en estos momentos. “Parece que no se va a exigir el achatarramiento, dar un coche a cambio, con lo cual las compañías de ‘renting’ pueden acapararlo todo”.
“La punta de lanza va a ser que se reactive la renovación del parque mediante el incentivo de la compra. Si se hace así, no tendremos que hacer regulaciones ni ERTE”.
José Antonio Hidalgo, gerente del concesionario Gazpi Mercedes, coincide al señalar que las ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables “también deberían ampliarse a los Euro 6 eficientes, tanto diésel como gasolina”. Y también recomienda seguir el ejemplo del País Vasco. Hidalgo no cree conveniente, en el caso de los coches eléctricos, limitar las ayudas a los que tengan un precio inferior a los 40.000 euros, como al parecer figuraba en el plan del Gobierno, y pone como ejemplo de nuevo a la comunidad vasca, que ha subido dicho umbral hasta los 80.000 euros.
“La punta de lanza va a ser que se reactive la renovación del parque mediante el incentivo de la compra. Si se hace así, no tendremos que hacer regulaciones ni ERTE, las factorías fabricarán y se moverá la economía”, remarca el gerente de Gazpi, quien apoya otras de las medidas que se barajan, como los incentivos fiscales. “Está claro que todo lo que sea favorecer al sector de la automoción va a ser positivo para reactivarlo y ayudar a la recuperación de la economía”, remata.
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