Los sindicatos de riego de Navarra y Alfaro (La Rioja), junto con la Asociación de Afectados por el Río Ebro (Asafre), exigen la ejecución de la partida de 7 millones de euros para la limpieza de los ríos. Además, desde la asociación, han indicado que no apoyan el Plan Ebro Resilance.
Piden, además, que esta partida se mantengan en los próximos ejercicios. Desde Asafre señalan que no están «de acuerdo con las decisiones que las administraciones competentes están tomando hasta la fecha, ante la prevención y disminución del riesgo por inundaciones así como ante la reparación de dichos daños».
INFORME FAVORABLE
Por su parte, los sindicatos han encargado un estudio sobre costes reales de las riadas y piden que los departamentos de medio ambiente de cada autonomía «se comprometan a realizar un informe favorable a la retirada de gravas», cuando haya presupuesto y se solicite conjuntamente desde el Ayuntamiento y la Comunidad de regantes.
Asimismo, también esperan que la Confederación Hidrográfica del Ebro se comprometa a que «resuelva favorablemente la autorización para dichas obras en el plazo máximo de tres días».
LAS RIADAS
La industria agroalimentaria, y la sociedad en general, está padeciendo los efectos de los caudales excesivos. «La perdida de producción lleva consigo a un menor aprovisionamiento y la necesidad de buscar producto fuera», indican desde los sindicatos.
La última riada ha supuesto un coste de 80.000 millones de euros.
La industria congeladora en el Valle del Ebro recoge 650.000 toneladas de producto al agricultor, 515.000 toneladas de producto terminado de las que 350.000 toneladas van a la exportación.
Ambos grupos destacan que «la última riada ha supuesto un coste aproximado de 80 millones de euros, además del patrimonial».
PLAN EBRO RESILIANCE
Desde Asafre afirman que no pueden «apoyar planes como el Plan Ebro Resilance que no garanticen un cambio en la gestión de los ríos». En este se pretende obtener 20 millones de fondos de Bruselas y se han presentado «unas propuestas de los técnicos y se hace una especie de trabajo para que sen el fondo las validemos y en compensación incluyen nuestras aportaciones de dragado y limpieza, con el matiz de que son iniciativas de comunidades».
Explican que apoyar este tipo de planes sin garantías para sus demandas les «hará participes de un mal uso del dinero público».
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