Desde que el pasado 7 de junio se procedió a la compra del Banco Popular por parte Banco Santander al precio de un euro, los accionistas de la entidad que perdieron su inversión al ver amortizadas sus acciones a valor cero, no han tardado en movilizarse. Así, miembros de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, iniciaron una campaña de movilización de accionistas, al tiempo que encomendaba la defensa jurídica de los mismos al despacho Cremades & Calvo Sotelo. Su oficina en Pamplona ya ha formalizado en poco más de una semana la representación de más de doscientos accionistas navarros del Banco Popular, que pasarán a formar parte de las acciones colectivas que se emprendan.
Ya hay una denuncia ante la Fiscalía para que aclare una presunta manipulación del valor de la acción del Popular
Arturo del Burgo, socio director del citado despacho, afirma que “nuestro objetivo es lograr representar al mayor número de accionistas posibles, para que la unión de todos logre la fuerza necesaria para hacer valer los derechos de los perjudicados”.
Cabe recordar, a este respecto que, el pasado 12 de junioCremades & Calvo Sotelo ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que inicie las averiguaciones necesarias con el fin de aclarecer una presunta manipulación del valor de la acción, identificar responsables por una filtración de información privilegiada del propio Banco y para investigar una posible administración temeraria del último Consejo de Administración del Banco Popular (administración temeraria con ocasión de la actuación del último Consejo provocando la alarma entre los depositantes y dejando al Banco en una situación de liquidez que ha desembocado en esta confiscación).
Del Burgo considera que “ante una situación compleja como ésta, la fiscalía es la única que tiene realmente los medios para poder investigar y responder así a la pregunta de por qué un banco en teoría solvente se liquidó de la noche a la mañana por un euro, dejando en la estacada a sus propios accionistas”.
También se están estudiando otras acciones legales: desde una reclamación administrativa hasta acciones civiles en defensa del accionista damnificado
Asimismo, desde el despacho están estudiando diversas acciones judiciales que se podrían emprender próximamente, como es la posibilidad de interponer una acción social de responsabilidad contra el Consejo de Administración de Banco Popular, una reclamación administrativa ante las autoridades nacionales y europeas para exigir responsabilidades por no haberse llevado a cabo un procedimiento con las debidas garantías y con una compensación justa, o incluso acciones civiles en defensa de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital de junio de 2016.
“Estamos ante el inicio de un procedimiento largo, que durará incluso años, pero que estamos confiados en que tendrá como resultado el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los miles de accionistas que lo han perdido todo”, continúa Arturo Del Burgo. “Cuando compras una acción sabes que puede subir o bajar, pero no esperas que de la noche a la mañana te lo pueden quitar todo. Los Tribunales, como ha ocurrido con otros escándalos protagonizados por el sector bancario, son los únicos que pueden restablecer la situación, hacer que impere la Justicia y que estas personas obtengan una compensación por la confiscación de sus acciones”, finaliza.
