El pleno del Parlamento de Navarra aprobó este jueves, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de PSN y PPN y los votos en contra del G-Mixto y la parlamentaria no adscrita, la modificación de la Ley Foral reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.
La ley, impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, tiene por objeto ampliar dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2028, la moratoria por la que ninguna administración pública admitirá a trámite nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a planta.
En paralelo, las plantas de esas características que con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas se encuentren en fase de autorización a fecha de 15 de julio de 2026 serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. A ese respecto, se invocó el principio de igualdad, con el fin de someter los macroproyectos a las nuevas exigencias regulatorias.
La dilación afecta también a los expedientes de autorización de plantas de biometanización suspendidos cautelarmente a fecha de 15 de julio de 2026. En todo lo demás, «dichos procedimientos se mantendrán en la misma situación y en las mismas condiciones que motivaron la resolución que, a tal efecto, emitió en su día la Dirección General de Medio Ambiente».
PLANTAS EXCLUIDAS Y EXIMIDAS
Según informó el Parlamento de Navarra, quedan excluidas las plantas de biometanización de autogestión de residuos propios con una capacidad inferior a 25.000 toneladas anuales, «al considerarse elementos clave de la economía circular del sector primario».
Del mismo modo, están eximidas las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que respondan a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas, «siempre y cuando la actividad de dichas plantas se ciña a la gestión de los residuos producidos en su propia actividad, con independencia del punto de generación de los mismos».
La distintos términos de la moratoria, materializada a través de la reforma de la disposición adicional octava de la Ley Foral 17/2020, perderán su vigencia en el momento en que entre en vigor la nueva normativa foral de implantación, seguimiento y control de plantas de biometanización o cuando venza el plazo previsto.
En la exposición de motivos, se defendió la necesidad de ampliar la moratoria aprobada por medio de la Ley Foral 14/2025 para, teniendo en cuenta los trabajos de la Comisión Técnica Interdepartamental y las distintas posturas puestas de relieve en el período de escucha, «dotar a Navarra de un marco regulatorio que permita armonizar las demandas del conjunto de la sociedad de una forma clara y sistemática».
A ese respecto, y de cara a asegurar la sostenibilidad de la actividad en su doble vertiente, gestión de residuos agroganaderos y producción de energías renovables, se habla de «minimizar» las posibles afecciones (paisaje, población, viales de acceso, tráfico pesado, olores), entre otros estableciendo un método de seguimiento y control de los digestatos resultantes y los terrenos sobre los que se aplican.
El PSN presentó una enmienda de sustitución, rechazada por todas las formaciones salvo el PPN, dirigida a dejar al margen de la prolongación de la moratoria (la anterior expira el próximo 14 de noviembre) a las plantas de biometanización con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas. Además, se retrotraía del 15 de julio al 1 de junio la fecha de referencia para los expedientes sometidos a suspensión cautelar.













