El pleno del Parlamento de Navarra aprobó este jueves, con los votos de UPN, PSN, PPN, G-Mixto y no adscrita, la modificación de la Ley Foral reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental para establecer una moratoria sobre las plantas de biometano en Navarra. Eso sí, el texto al que se dio luz verde, una enmienda in voce de sustitución consensuada por regionalistas y socialistas, reduce considerablemente los efectos que recogía la proposición de Ley impulsada recientemente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
La propuesta de estos tres grupos políticos consistía en fijar una moratoria sobre las plantas de biometano para los próximos dos años, en concreto hasta el 1 de octubre de 2027. La suspensión también afectaba a los proyectos que se hubieran presentado después del 1 de enero de 2023 sobre los que no hubiera recaído resolución firme de autorización en vía administrativa.
Sin embargo, el cambio aprobado establece un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno de Navarra evalúe el estado de desarrollo de los proyectos de generación de biometano existentes en la Comunidad foral, así como el grado de avance en el cumplimiento de la Agenda Navarra del Biogás 2030. Durante ese período, según se precisa, no se admitirán nuevos proyectos por parte de ninguna administración pública competente.
Así, los expedientes administrativos en fase de tramitación quedarán suspendidos cautelarmente, salvo que se haya completado la fase de información o exposición pública y, además, se encuentren en fase de propuesta de resolución, con todos los informes sectoriales vinculantes favorables.
Quedarán expresamente excluidos de esta suspensión los proyectos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley hayan obtenido una resolución de autorización ambiental integrada (AAI) -incluida la evaluación ambiental y la compatibilidad urbanística- o, en su defecto, hayan sido declarados proyectos de interés foral por parte del Gobierno de Navarra.
En todo caso, la suspensión cautelar finalizará antes del 30 de septiembre de 2026 o, de anticiparse a esa fecha, en el momento en que entre en vigor la normativa foral sobre fertilización orgánica en zonas vulnerables.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno de Navarra constituirá una Comisión Técnica Interdepartamental que, integrada por representantes de los departamentos competentes en Desarrollo Rural, Cohesión Territorial, Industria, Transición Ecológica y Salud, será la encargada de emitir un informe conjunto.
Dicho documento deberá incluir un diagnóstico técnico actualizado sobre el conjunto de proyectos en tramitación y ejecución; un análisis de su impacto territorial, ambiental, social y económico; y las recomendaciones precisas para, con la debida participación institucional y ciudadana, garantizar una planificación equilibrada, sostenible y técnicamente rigurosa.
Según informó el Parlamento foral, el texto alternativo planteado por UPN y PSN pretende otorgar «seguridad jurídica, proporcionalidad normativa y garantías técnico-jurídicas», con el fin de evitar la «litigiosidad y los graves perjuicios económicos» que podría ocasionar la redacción original, «tal y como se desprende del criterio jurídico emitido por el propio Gobierno de Navarra». «Este alerta de la posibilidad de incurrir en responsabilidades patrimoniales, e incluso penales, en caso de aprobarse una moratoria sin distinción entre fases ni procedimientos ya iniciados», defendieron ambas formaciones.
Sin embargo, el pasado 24 de octubre, los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra emitió un informe jurídico en el que se aseguraba que la moratoria propuesta por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin «no causaría un daño antijurídico, efectivo, evaluable económicamente, individualizado e imputable a los poderes públicos, por lo que no llevaría aparejada la responsabilidad patrimonial de la administración encargada de aplicar, conforme al principio de legalidad, la modificación incluida en aquella”.
EL TEXTO DE EH BILDU, GEROA BAI Y CONTIGO-ZUREKIN
La proposición de ley impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin tenía por objeto introducir una moratoria de dos años (hasta el 1 de octubre de 2027) en la tramitación de nuevos expedientes de autorización ambiental para plantas de biometanización que superen las 10.000 toneladas anuales y, al mismo tiempo, suspender la tramitación de los expedientes sobre los que no hubiera recaído resolución firme de autorización ambiental en vía administrativa (también hasta el 1 de octubre de 2027), con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023.
Dichas previsiones, de carácter provisional, perderían vigencia una vez que la Administración Foral se dotase de un instrumento de planificación público capaz de garantizar la implantación equilibrada de este tipo de plantas, cuyo funcionamiento debería hacerse compatible con la «sostenibilidad ambiental, económica y social», de acuerdo con los principios de «equilibrio territorial» propios de un territorio avanzado.
Teniendo en cuenta los numerosos proyectos de implantación que se prevén en diferentes puntos de la geografía foral, se abogaba por definir los sistemas de control y la trazabilidad de los residuos para, sin menoscabo de otros requisitos exigibles (distancias mínimas, tráfico pesado, olfatrometrías), velar por el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.
En ese sentido, se subrayaba la necesidad de conjugar la respuesta a la emergencia climática y las dificultades del sector primario, con la seguridad a la hora de facilitar la reutilización de los distintos residuos orgánicos biodegradables que se generan en las explotaciones ganaderas.
Es por eso por lo que se ponía el acento en el uso responsable del biometano, fuente de energía renovable resultante de ese proceso, al amparo de una normativa detallada y provista de todos los controles imprescindibles. Según se advertía, el Decreto Foral llamado a regular esa materia (gestión de estiércoles y digestatos) se encontraba ya en tramitación.
ENMIENDAS DESESTIMADAS
En el transcurso del debate efectuado en pleno, fueron desestimadas dos de las tres enmiendas presentadas conjuntamente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, con el ánimo de «evitar equívocos» en la redacción de su propuesta, concretando el alcance de la dilación hasta el 1 de octubre de 2027. UPN, PPN, G-Mixto se opusieron, haciendo valer su mayoría. La tercera, validada por asentimiento, simplemente dejaba constancia de que la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación.
