miércoles, 24 abril 2024

Navarra podrá gastar 75 millones en inversiones financieramente sostenibles

El Gobierno del Estado y el de Navarra llegan a un acuerdo intermedio sobre el destino del superávit del año 2017


Pamplona - 31 octubre, 2018 - 15:00

El Plan de Inversiones Locales era el que contaba con una mayor partida. En la imagen, el Ayuntamiento de Estella.

El Gobierno de Navarra y el Estado han alcanzado un acuerdo por el que se materializará el gasto de 75 de los 113 millones de euros previstos por la Comunidad foral en inversiones financieramente sostenibles.

El acuerdo se cerró ayer a última hora de la noche, tras las conversaciones que han mantenido el Gobierno foral y el Ministerio de Hacienda después de que el Parlamento de Navarra aprobara una ley para ejecutar el gasto de 113 millones de superávit en inversiones financieramente sostenibles. Estas inversiones no contaban con la autorización del Estado, hasta que finalmente ayer a la noche se materializó el acuerdo para el gasto de 75 millones.

El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó el pasado 5 de octubre, con los votos a favor de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno y las abstenciones de UPN, PSN y PPN, la Ley del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS), dotado con 113 millones de euros. La aprobación no significaba que pudiera ejecutarse el plan porque estaba pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda.

La ley tiene por objeto destinar a inversiones que  no podrán poner en riesgo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de Navarra el superávit que obtuvo la Comunidad Foral en el ejercicio de 2017. El Gobierno y el cuatripartito que lo respalda entendían que se cumplen los requisitos para que Navarra, tal y como se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, quede eximida de la exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que obliga a destinar el superávit a “reducir el nivel de endeudamiento”. Sin embargo, el PIFS queda supeditado a recibir la preceptiva autorización del Estado, pues así se dispone para supuestos de “incumplimiento de las reglas de gasto”.

El acuerdo alcanzado finalmente supone una solución intermedia, ya que el Gobierno central confirma parcialmente los argumentos esgrimidos por el Navarro, pero solo autoriza el gasto de una parte de los fondos.

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