El Consejo Agrario de Navarra celebraba esta semana en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en Pamplona su quinta reunión, tras su reactivación en 2017, con la participación de los representantes de la administración y los agentes sectoriales. La reunión estuvo presidida por la consejera Isabel Elizalde, quien expuso los pasos que el Gobierno de Navarra está dando respecto a la reforma de la de la Política Agraria Común (PAC) tras 2020.
Elizalde explicó ante el Consejo la postura que días antes había trasladado al ministro de Agricultura en una reunión mantenida en Madrid y que se resume, entre otras reclamaciones, en el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC respecto al vigente periodo, así como en la necesidad de realizar una reforma “en clave de sector y territorio que permita una política agraria común fuerte” por lo que se va a consensuar con todos los agentes una postura conjunta del agro navarro.
La consejera trasladó a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que Navarra aboga por “impulsar un modelo social de agricultura sostenible y una PAC que responda a los retos que plantean la enorme diversidad de producciones y modelos presentes en nuestra comunidad”. Por ello, la voluntad de la consejería es consensuar este otoño con los agentes del sector una postura conjunta del agro navarro, porque Navarra “va a ser pionera en regular el tamaño máximo de las explotaciones ganaderas para lograr un modelo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que evite los riesgos epidemiológicos de difusión de enfermedades”.
Por su parte, Planas aseguró a la consejera que el Ministerio trabajará “para que nuestros puntos de vista sean significativos en Bruselas” y conseguir un modelo de aplicación de la PAC en España que “recoja todas nuestras singularidades agrarias”.
REFORMA DE LA PAC
Durante el encuentro, el director de Agricultura, Ignacio Gil, ha realizado un análisis técnico de la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión el pasado mes de junio, que prevé una mayor responsabilidad para los Estados miembros en su aplicación, un límite de ayudas por explotación de 100.000 euros y una condicionalidad reforzada.
Bruselas busca dar más margen de maniobra a los Estados miembros.
La principal novedad de la propuesta de Bruselas, que busca dar más margen de maniobra a los Estados miembros, son los planes estratégicos que deberá elaborar cada uno de ellos, con sus opciones de aplicación de la nueva reglamentación con el fin de lograr unos objetivos fijados a nivel comunitario. Los planes deberán contar con el visto bueno de Bruselas.
Durante el encuentro, también se resolvieron cuestiones relativas a las convocatorias de ayudas por daños provocados por las inundaciones y lluvias de la pasada primavera. Y se expuesieron dudas en torno a las modificaciones que se van a producir en el registro de explotaciones, así como otras cuestiones referidas a la ganadería extensiva.
El Consejo Agrario de la Comunidad Foral de Navarra estaba integrado por representantes de organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, asociaciones de industrias agroalimentarias, el presidente de la Cámara Agraria de Navarra y los máximos representantes del Departamento.
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