Primer paso para aplicar una moratoria de dos años a once plantas de biometano proyectadas en Navarra. Geroa Bai registró este jueves una proposición de ley foral en el Parlamento, que cuenta además con la firma de EH Bildu y Contigo Zurekin, para aplicar esta medida en pleno debate político y social sobre este tipo de instalaciones.
La propuesta afectaría a los proyectos que se hayan presentado después del 1 de enero de 2023, siempre y cuando no haya recaído resolución firme en vía administrativa (que no hayan sido aprobados ya). Por tanto, la moratoria afectaría a once de las diecisiete plantas de biometano que se encuentran en fase de tramitación o de consultas previas. Entre ellas figuran las de Los Arcos, Viana y Sesma, que tanto malestar han generado en los vecinos de estas localidades.
Las otras seis instalaciones (Lerín, Caparroso, Tudela, Cabanillas, Mendigorria y Arakil) se librarían de esta restricción porque ya están autorizadas. La medida, si recibe el visto bueno de la Cámara foral, tampoco se aplicaría a las plantas de autogestión de deyecciones ganaderas cuya capacidad no supere las 10.000 toneladas anuales.
Para acelerar al máximo el proceso, los grupos tramitaron la proposición de ley foral por lectura única y urgencia, el trámite más rápido que existe en el Parlamento. La Mesa y Junta de Portavoces deberá decidir se admite debatir la proposición de ley con estas características.
LA VALORACIÓN
El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, indicó que esta moratoria estaría en vigor hasta la aprobación de un nuevo decreto foral regulador de la gestión de estiércoles y digestatos, «en el que ya trabaja el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra«.
«la nueva normativa servirá para garantizar una implantación equilibrada de este tipo de instalaciones en el territorio y favorecerá que las plantas que se establezcan en Navarra se ajusten, en tamaño, a las necesidades y capacidad de acogida real de los territorios. este tipo de proyectos debe garantizar la triple vertiente de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental”, defendió.
En este sentido, el parlamentario de Geroa Bai remarcó que «no todos los proyectos son iguales» porque «hay algunas de gran tamaño que pueden estar ligadas a las macrogranjas y la especulación, pero también hay pequeñas plantas de proximidad y autoconsumo».
OTRAS MEDIDAS
El problema está en la mesa del Parlamento de Navarra y del Gobierno foral desde hace varias semanas. El 12 de septiembre, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, aseguró que solo se autorizarán los expedientes de las plantas «si cumplen con toda la normativa ambiental, urbanística y sectorial». El Ejecutivo foral prometió máximo control sobre las instalaciones que se pongan en marcha y también se comprometió a realizar «un seguimiento de su actividad diaria».
Además, el Parlamento aprobó el jueves 18 de septiembre por unanimidad una resolución en la que se insta al Gobierno Navarra a “elaborar un estudio de necesidades» sobre el establecimiento de estas infraestructuras. La resolución incluye un segundo punto, en el que se pide al Ejecutivo foral que trabaje estas iniciativas con el «consenso de las localidades en cuyo término municipal se prevén instalar las plantas y con las entidades locales colindantes que, por su cercanía, puedan verse también aquejadas por las afecciones ambientales, paisajísticas o sociales”. Además, emplaza al Consistorio de Sesma y a la empresa promotora a estudiar el traslado de la planta a una de las ubicaciones alternativas planteadas desde el Ejecutivo foral.
