Interés, pero sin concretarse en una oferta formal que se ajuste a los requisitos marcados en la Ley Concursal. El pasado viernes, la administración concursal de Sunsundegui, Molins & Andrés Abogados, presentó su informe provisional a la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona. Y lo cierto es que, según pudo saber Navarra Capital, en él deja constancia de que la empresa belga Dumarey Group todavía no le ha trasladado «un planteamiento de viabilidad real» para la compañía, en concurso voluntario de acreedores desde noviembre.
El problema se antoja mayúsculo porque el documento advierte de que, si la situación no cambia «en breve», no quedará más remedio que iniciar el proceso de liquidación y «los trámites para el ERE extintivo de toda la plantilla (compuesta actualmente por 341 personas), en los plazos y formas legales». En las próximas semanas, además, el despacho presentará su informe de calificación, en el que se depurarán las posibles responsabilidades a nivel legal de la generación de insolvencia «si las hubiera».
El informe ayuda a tener una visión más detallada y profunda sobre cómo han sido las conversaciones con la firma belga hasta la fecha. Debido a su gran interés, este medio ha optado por publicar una amplia y profunda cronología de los hechos. El pasado 30 de diciembre, el ya nuevo secretario general de UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, comunicó a Molins & Andrés Abogados que una empresa estaba «interesada» en adquirir la unidad productiva de Sunsundegui. Además, facilitó el contacto de una interlocutora de la firma, cuyas primeras conversaciones con Sodena databan de junio. «Al preguntar entonces a Sodena sobre lo ocurrido con Dumarey, nos indicaron que pensaban que iban a haber presentado una oferta vinculante junto con la solicitud de concurso, pero habían ‘desaparecido’ cuatro meses», relata el texto.
«La parte laboral es la que más preocupa. Los trabajadores están en una situación de incertidumbre. Pero la administración concursal no puede ofrecer otra información que la que les ha indicado, es decir, que no se ha presentado oferta»
No obstante, la administración concursal se reunió con los representantes de la compañía el pasado 2 de enero. Para entonces, Dumarey ya había firmado un acuerdo de confidencialidad y decía estar «analizando los números». En aquel encuentro, el despacho pamplonés les indicó «la importancia» de realizar una oferta que recogiera «los elementos requeridos» por la normativa vigente. Y, dado que sus interlocutores manifestaban un interés que «decían cierto» y que se trata de una importante empresa de la automoción, «se tomó su interés en consideración».
Además, la administración concursal les informó que el ERTE del personal finalizaba el 19 de enero y que, en este contexto, «se tendrían que analizar la situación y necesidades de plazo para presentar su oferta y valorar la situación de los trabajadores». Más que nada porque tendría que prorrogarse el ERTE debido a que su idea «era ir incorporando al personal a trabajar de forma progresiva».
Apenas seis días más tarde, desde Dumarey alegaron que, para llevar a buen puerto la operación, requerirían «financiación y apoyo de Sodena y el Gobierno de Navarra», así como acceso a unos veinte proveedores «que consideraban críticos». «Ante los problemas que esto podía generar en materia de protección de datos» y las expectativas que podían surgir «entre los trabajadores y proveedores», la administración concursal se reunió con representantes de Sodena y el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, donde estos pusieron sus condiciones a la compañía belga.
«La solicitud de apoyo al Gobierno de Navarra implica la presentación por parte de Dumarey de un plan industrial y de negocio bien definido, así como los detalles de su inversión, con los plazos y los compromisos a adquirir. Además, el apoyo no puede ser inmediato, sino que deberá pasar por los trámites de aprobación del Consejo de Sodena y el Parlamento, con los límites de inversión establecidos por ley y siempre que Dumarey vaya a realizar una inversión real y previa en Sunsundegui en una proporción claramente superior a la solicitada al Gobierno. Por lo tanto, agradeceríamos que pudierais definir estos elementos (aunque sean algo genéricos o indefinidos) para poder seguir avanzando», les instaron.
A partir de ese instante, el trabajo de Molins & Andrés Abogados se centró en ver si resultaba factible trabajar con este posible inversor, «que ha sido el único, por otra parte, tras la pérdida de interés de Cap Capital». Y, para ello, se convocó una nueva reunión con representantes de la compañía belga, donde se analizó la situación de Sunsundegui «con carácter general» y se informó a estos de la existencia de tres reclamaciones por daños producidos «como consecuencia del amianto», que decían desconocer «por completo». El importe total de las reclamaciones asciende a 527.421,29 euros, aunque en los diez casos registrados anteriormente la empresa terminó abonando una media del 73,15 % de lo demandado (1,23 millones de euros, frente a los 1,68 solicitados).
En este sentido, se les detallaron las reclamaciones y cuantías existentes, «al tratarse de una contingencia y no saber si a futuro pudieran existir más por este concepto». Desde el despacho navarro entendían que debían poner los datos en su conocimiento, igual que los referentes al valor de las naves de Sunsundegui, ya solicitados por la compañía belga (una tasación de Tinsa de 2022 las valoraba en 9,1 millones de euros, mientras que otra de 2024, ya en concurso y sin actividad, lo hacía en 7,7 millones). En este escenario, la administración concursal sugirió convocar una videollamada con Cofides y Sodena, entre otras cosas porque la posible oferta tiene que ser trasladada al acreedor titular del privilegio especial (en este caso Cofides). Y este debe manifestar de forma expresa «si autoriza o no la operación» en lo que afecta a su garantía. Pero desde Dumarey rechazaron el ofrecimiento.
Además, esta hizo una consulta sobre la necesidad de realizar catas en el suelo para analizar su posible contaminación. El pasado 18 de marzo, desde la actual Dirección de Sunsundegui señalaron que «la persona que llevaba este tema ya no está en la empresa». Y que los datos recopilados iban en la siguiente dirección. En junio de 2017, se «inertizó y enterró» un depósito de gasoil, que no estaba en uso «desde hacía mucho tiempo (más de 30 años)». Pero, al parecer, había vertido «algo» de combustible, por lo que se cubrió con hormigón. Cinco años más tarde, y «para recibir los créditos» de Cofides, se requirió a la empresa una serie de acciones medioambientales, que incluyeron mediciones de contaminación en la nave de I+D, el área de almacenamiento de residuos y el área de imprimación (zona de depósito enterrado): «Las mediciones en las dos primeras fueron correctas, pero en la tercera mostraron algún resto de contaminación por el depósito de gasoil. Estos informes se presentaron a Cofides, que no realizó más peticiones, ni tampoco Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. No hay ningún requerimiento oficial para llevar a cabo mediciones o actuaciones a día de hoy».
En paralelo, los interlocutores de Dumarey llegaron a un acuerdo con la administración concursal para enviar una carta conjunta a los proveedores «críticos» de Sunsundegui con un objetivo: «saber si seguirían trabajando con la nueva propiedad en caso de materializarse la operación y en qué condiciones». En todo aquel proceso, el despacho de la capital navarra manifestó su preocupación porque Dumarey «pudiera generar falsas expectativas a los proveedores y trabajadores de Sunsundegui». Por eso, le insistió en que «todo el trabajo que realizara debía de ser serio y obedecer a un plan industrial y de adquisición e interés reales, dado lo que esta situación supone para las familias de los 341 trabajadores actuales».
EL PLAN INDUSTRIAL NO LLEGA
Es más, el informe apunta que la firma belga «se había comprometido a presentar su plan industrial a final de enero», pero al cierre de esta edición aún no lo había hecho. «La parte laboral es realmente la que más preocupa a la administración concursal. Los trabajadores están en una situación de incertidumbre, y la presión de los sindicatos y del comité ha ido aumentando. Pero la administración concursal no puede ofrecer otra información que la que les ha indicado, es decir, que no se ha presentado oferta y que sigue el interés pero sin formalizarse nada», destaca el despacho en el documento.
La compañía belga «se había comprometido a presentar su plan industrial a final de enero», pero todavía no lo había hecho
La falta de avances llevó a Molins & Andrés Abogados a enviar un nuevo mail a los representantes de Dumarey marcando como plazo tope para la presentación de su oferta el 28 de febrero, «dado que hace meses que vienen mostrando un interés (tanto por la unidad productiva de fabricación de autobuses como por el servicio de repuestos y garantías -SAT-), pero no han definido aún ningún elemento en relación a la posible compra, con el coste que genera el mantenimiento de la concursada a la espera de una posible oferta». Una función que entra dentro de sus competencias en este tipo de casos.
De hecho, durante todo el período de las conversaciones, Sunsundegui había sufrido «numerosos gastos» para proseguir con la actividad del SAT y los servicios mínimos para atenderles. Una cantidad que entonces ascendía a 1,37 millones de euros y «va aumentando cada día». De ahí que la administración concursal recordara a la compañía «el contenido mínimo» que debía incluir su oferta: la identificación de la compañía y la información sobre su solvencia económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición; la determinación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos en la oferta; el precio ofrecido, las modalidades de pago y las garantías aportadas; y la incidencia de la oferta sobre los trabajadores«.
«Si bien nuestro interés es cierto y real, llevamos tiempo planteando la necesidad de fijar con precisión cuestiones como la valoración de los activos, los datos relativos a la contaminación del suelo y la determinación de la entidad responsable de la misma, que en ningún caso podrá ser la entidad adquirente, así como la inequívoca y definitiva exclusión de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en relación con la contaminación del suelo o con los efectos del amianto en la salud de los trabajadores. A pesar de nuestra insistencia en la definitiva resolución de estas cuestiones, siguen a día de hoy sin estar claras las respuestas, lo que impide adoptar la decisión definitiva pese a nuestro interés mostrado desde el principio por la operación, sin que se pueda imputar o exigir ningún tipo de responsabilidad, obligación o compromiso», se justificaron desde la compañía.
3,5 MILLONES POR LOS ACTIVOS
En su respuesta, añadieron lo que llamaban «una oferta indicativa», pero «no vinculante», para adquirir sus activos: 2 millones por todos los bienes inmuebles, excluyendo los pasivos ambientales, y 1,5 millones por todos los demás activos como equipos, existencias, propiedad intelectual, herramientas o proyectos necesarios para operar. Pero dicho mail sigue conteniendo «únicamente una muestra de interés» y, en consecuencia, «no puede ser considerado una propuesta de adquisición de unidad productiva a los efectos que indica la ley». ¿El motivo? «Carece de los elementos mínimos necesarios para ser tenida en cuenta como tal, dado que no delimita trabajadores, objeto de la adquisición, contratos en los que subroga el adquirente, plan industrial, financiación…», valora el documento de Molins & Andrés.
Además, recuerdan que la oferta de 2 millones por las instalaciones debía contar con la autorización de Cofides, que tiene una garantía constituida sobre estos activos por un importe de 9,1 millones de euros y sobre los que hay una tasación actualizada de 7,7 millones: «De esta parte, nada se obtendría para la masa del concurso. Y, sobre la indicación de 1,5 millones por todos los demás activos, se considera una cantidad muy baja». De hecho, la administración concursal cifra en 19 millones el valor de estos últimos (entre producto en curso, que supera los 6 millones de euros, todos los modelos industriales del SC7 y el SC5…). En consecuencia, el valor total del inventario asciende a 27,3 millones.
«El elemento por el que verdaderamente podría ser interesante para el concurso una oferta de Dumarey es por la delimitación del perímetro laboral. La administración concursal podría emitir un informe favorable a la operación si Dumarey asume a una parte importante de la plantilla, garantizando la continuidad con un plan industrial y financiación que lo avale, así como asumiendo las antigüedades y condiciones laborales de los trabajadores», respondió el despacho de la capital navarra, que agregó cómo ya había trasladado anteriormente toda la información disponible sobre el amianto y la contaminación. «Tampoco la adquisición de la unidad productiva conlleva la necesidad de que el inversor se haga titular de las instalaciones ya que cabría, entre otras opciones, establecer un arrendamiento industrial con un amplio plazo», le sugirió.
A pesar de estar fuera ya fuera del plazo comunicado para presentar la oferta, la administración concursal se volvió a reunir con los interlocutores de Dumarey y Sodena el 6 de marzo en un encuentro donde «solo pudo comprobarse que no existían avances reales sobre la oferta, la cual no se ha recibido»: «(Dumarey) realizó una presentación que no ha remitido con los planes y expectativas de cara a la operación, pero indicó que aún no se había constituido la empresa desde la que pensaban realizar la oferta. La administración concursal les manifestó claramente que, detrás de la oferta que vayan en su caso a presentar, tiene que estar necesariamente Dumarey Group avalando y respondiendo de toda la operación. Nos comentaron que están esperando financiación del ICO y del Gobierno de Navarra para presentar oferta. Pero comprobamos que no habían avanzado nada con el tema del personal, ya que nos dijeron que tenían claros los puestos de trabajo que necesitaban pero que no habían realizado ningún tipo de selección sobre la plantilla para saber quiénes iban a quedarse o no. Tenían intención de internalizar a los trabajadores de dos proveedores Azkenga (con 43 trabajadores que fueron despedidos en octubre de 2024 debido a los impagos de la carrocera) y Poliéster Iruña (con cinco trabajadores), es decir, 48 trabajadores en total».
A este respecto, hablaron de contar con unos 250 trabajadores de Sunsundegui y apostillaron que traerían a sus propios equipos y personal «para puestos clave o críticos de ser necesario». Al mismo tiempo, uno de los interlocutores tenía intención de instalarse en Alsasua «durante unos meses para arrancar el proceso», pero no se había hecho la selección de personas concretas, de modo que solo sabían «las necesidades por puestos de trabajo».
Desde Dumarey insistieron en que cuentan con un plan industrial y de negocio para la compañía («habían quedado en aportarlo en enero y no lo han facilitado todavía») y que habían conseguido «que tanto Volvo como Mayers firmaran sendas cartas de intenciones para seguir con la producción». Sin embargo, no las enseñaron o aportaron a la administración concursal. «Nos indicaron que su idea era realizar 121 autobuses en 2025 e ir aumentando en 2026, pero todo ello sin indicar cómo iban a conseguirse esos pedidos, por lo que no puede comprobarse este dato. Se les indicó que la planificación que estaban haciendo con los autobuses en curso (su previsión indicaba 41 coches) no era correcta dado que ya habían salido cuatro autobuses de Volvo por acuerdo con ellos, como se les había informado expresamente en febrero, y que existía intención de Volvo de que se les solucionara desde Sunsundegui el problema con el resto de producto en curso. Este tiene un valor importante (para la carrocera), con lo que no podían contar con él para hacer su plan sin abonar su coste (el producto en curso tiene un valor en contabilidad de venta a terceros por importe de 6,8 millones)».
Por enésima vez, la administración concursal incidió nuevamente en que la oferta debía tener «el contenido mínimo» marcado por la Ley Concursal. Y la respuesta que obtuvo fueron dos presentaciones ya mostradas por la compañía el 2 y el 24 de enero. Esta última hablaba de cuatro fases para materializar la operación:
- Fase 0. Establecer las condiciones adecuadas para la continuación de la actividad. Empezar «desde cero, sin conexión con pasivos pasados». El cierre a tiempo es fundamental para el éxito de las siguientes fases. 31 de enero de 2025.
- Fase 1. Producción «estable, eficiente y rentable». Recuperar la confianza en clientes y proveedores. Reestructuración de operaciones, «externalización de proveedores críticos, introducción gradual a 200-250 empleados, con potencial de crecimiento». Comienzo con los proveedores actuales, incluidos
los locales (2025). - Fase 2. Mayor crecimiento del negocio (2026 en adelante).
- Fase 3. Desarrollar e introducir el tren motriz de hidrógeno.
«Esta situación resulta muy preocupante para la administración concursal por los plazos y dilación en presentar una oferta, máxime cuando Dumarey ya estaba presente en el proceso con carácter previo a la declaración del concurso y Sodena creía que iba a realizar una oferta vinculante de compra al solicitarse el concurso», resalta Molins & Andrés.
Sobre los pasos actuales que está dando Dumarey en relación a la oferta, agrega que, desde el día 6 de marzo, cuando se celebró la última reunión, «no ha tenido noticia alguna». Lo único que sabe es que, el pasado día 17, Félix Aramendía, director general de Sunsundegui, comunicó al despacho que se había puesto en contacto con él la empresa de tasación Tecnitasa. El motivo: había recibido un encargo de Dumarey para realizar la valoración de las instalaciones dos días más tarde. «Han transcurrido cuatro meses desde la declaración del concurso y no se dispone de nada por escrito, por lo que todo parece indicar que el proceso finalizará en la liquidación de los activos de Sunsundegui y tramitación del ERE extintivo de la plantilla, con los datos de los que dispone la administración concursal en este momento», concluye el documento.
