La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, presidió este jueves una sesión extraordinaria del Consejo Agrario para comunicar el paquete de medidas de choque anunciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Comisión Sectorial, a consecuencia de la crisis de materias primas generada tras la invasión de Ucrania.
Las medidas, según informó el Gobierno foral, se basan en cuatro líneas principales: la flexibilización del ‘greening’ para la campaña 2022, por la cual se podrá cultivar y “pasar a diente” toda la superficie de interés ecológico (en Navarra podrían suponer 16.000 hectáreas); anticipos del 70 % de las ayudas directas para el 16 de octubre; almacenamiento privado de porcino, una medida que en inicio no fue apoyada por Dinamarca ni España “pero muy demandada por países afectados por la peste porcina y el cierre de sus mercados”; y, finalmente, la activación del artículo 219 previsto para situaciones en las que se producen perturbaciones graves del mercado, lo que ha supuesto la movilización de 500 millones de euros por parte de la Comisión Europea (350 millones provenientes de la reserva de crisis y 150 millones adicionales).
Dicho reparto se ha efectuado entre los Estados miembros de acuerdo “al porcentaje de participación en las ayudas directas”. Y, en el caso de España, es del 12,8 %, lo que supone 64 millones de euros. La consejera cifró la previsión inicial para Navarra en torno a 3 millones de euros y trasladó “la necesidad de identificar qué sectores deberían ser los destinatarios de estas subvenciones, cumpliendo con los requisitos marcados por el Ministerio (entre otros, ser sectores PAC y estar perjudicados por el incremento de los costes de los piensos)”.
Por otra parte, Gómez insistió “en la necesidad de un gran pacto de Estado entre todos los agentes de la cadena (productores, industria y distribución) como la vía más efectiva de repercutir los incrementos de costes en los precios percibidos por los productores”. “El sector no quiere subvenciones, quiere precios dignos y en ese cumplimiento de la ley de la cadena es donde tenemos que incidir”, reivindicó.
Además, resaltó que “hay un porcentaje muy importante de los costes de producción que no responde a materias primas, sino a costes energéticos y que se sitúan en torno al 20-30 % de los costes totales de las explotaciones intensivas”. En ese sentido, insistió en el mensaje trasladado por Navarra en la Conferencia Sectorial de la semana pasada “como la necesidad de revisar y readecuar tanto los reglamentos como los fondos MRR”.
A la reunión de este jueves asistieron representantes de las organizaciones agrarias UAGN, EHNE y UCAN, así como de Alinar y personal de INTIA y del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
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