martes, 17 octubre 2017

De izquierda a derecha, Sagrario Anaut, Alfonso Carlosena, Miguel Laparra y Nerea Zugasti, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe.

De izquierda a derecha, Sagrario Anaut, Alfonso Carlosena, Miguel Laparra y Nerea Zugasti, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe.

La Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social (CIPARAIIS) de la Universidad Pública de Navarra ha dado a conocer un informe que revela desigualdades sociales “muy importantes” entre las distintas zonas de Navarra, siendo la Ribera peor situada.

El informe señala además que la incidencia de las prestaciones sociales “no es coherente” con la extensión de las necesidades en cada territorio.

Este estudio sobre desigualdades territoriales ha sido presentado junto a otro de aproximación a la exclusión, dentro del seminario “Fractura social en Navarra. Reflejos del avance de la exclusión social y de las desigualdades territoriales en Navarra”.

El informe refleja que, pese a la existencia de una Estrategia Territorial para Navarra, las desigualdades entre las distintas zonas son muy relevantes y la Ribera es la que ofrece el peor panorama socioeconómico, con posiciones bastante alejadas de la media en la mayoría de sus indicadores a pesar de la juventud relativa de su población.

Así las diferencias van de 1 a 2 puntos en desempleo o en riesgo de pobreza, pero llegan a ser de 1 a 5 puntos en cuanto a pobreza consistente, que mide la acumulación de pobreza monetaria junto con privaciones en el hogar.

Esta situación en la zona de la Ribera va asociada a la presencia de una proporción significativa de población extranjera (un 14,5%), que muestra mayor dificultad en lo económico y en lo social; a la propia estructura económica territorial, basada en el sector agrícola y agroalimentario; y a la falta de políticas públicas acordes a las necesidades que han marcado este proceso.

Los territorios con las mejores posiciones relativas en cuanto a la situación socioeconómica son Pamplona, el Pirineo y la Navarra Media Oriental, mientras que en posiciones intermedias se sitúan el Noroeste y la zona de Estella.

Por su parte, el informe sobre la exclusión social confirma, según CIPARAIIS, la amplitud del espacio social de la exclusión que ya se mostraba en investigaciones anteriores de la cátedra.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Navarra utilizada para el estudio, el 16,5 % de la población (105.900 personas) vive situaciones de privación material con problemas para pagar vivienda o alimentación, y un 17,7 % (113.600 personas) lo hace con bajos ingresos,menos del 60 % de la mediana de los ingresos anuales por persona equivalente.

El informe señala como un punto clave el dato de la pobreza consistente, que mide la acumulación de pobreza monetaria junto con privaciones en el hogar, y que en Navarra alcanza al 8,4 % de la población.

Estas personas experimentan una falta de oportunidades en relación al resto de la población y su situación puede vincularse a la exclusión persistentes con viviendas más degradadas, dificultades de acceso a servicios sanitarios a los que el sistema público no llega y mayor aislamiento social.

NUEVOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CRISIS

CIPARAIIS añade además que la crisis y los ajustes del gasto social han dado lugar en Navarra a nuevos problemas, como el de los hogares afectados por procesos de exclusión en la vivienda, que sumaban 40.100 en 2012 (17,1 %).

La mayor parte de ellos, según el informe, por problemas de insalubridad (9,9 %) como goteras, humedad o podredumbre, y en menor medida por entornos degradados (3,9 %), viviendas en precario (2,8 %) o hacinamiento grave (1,6 %).

Otro problema que revela el informe es que algunos grupos se alejan de la integración y corren el riesgo de caer en la pobreza y exclusión por falta de formación, que ha abandonado prematuramente el 10,2 % de la población entre 18 y 24 años y que no tiene el 3,1 % entre los 18 y los 30 años.

Ante estos datos, CIPARAIIS pide una reflexión sobre las políticas sociales en Navarra para garantizar el acceso efectivo a derechos sociales básicos a todas las personas en todos los territorios pues la crisis refleja que “el riesgo de fractura social, cada vez más presente, podría llegar a ser también una fractura territorial si no se corrigen las actuales diferencias”.

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